El alcalde señaló que el capturado transitó entre dos estructuras armadas antes de su detención: primero las disidencias de las FARC y después el Clan del Golfo. En sus palabras, "Primo Gay era tan bandido que se pasó de disidencias al clan del Golfo", y expresó su expectativa de que "todos vayan cayendo uno a uno". El mandatario atribuyó al detenido la orden de ataques contra torres de energía, extorsiones y el asesinato del comunicador.
Ese tránsito entre grupos armados ilegales no es aislado en el Bajo Cauca y el Nordeste antioqueño, regiones donde la disputa por rutas de narcotráfico y economías ilegales ha reconfigurado alianzas entre excombatientes de las FARC y estructuras herederas del paramilitarismo desde la firma del Acuerdo de Paz de 2016. La vinculación con el homicidio de Mateo Pérez proviene, por ahora, de la declaración del alcalde.
Los ataques contra torres de energía han afectado de manera recurrente el suministro eléctrico en zonas rurales de Antioquia, y las autoridades suelen asociarlos con estrategias de presión armada sobre comunidades y economías locales. Estas agresiones generan apagones prolongados y pérdidas económicas, y su autoría se disputa entre los grupos que operan en los corredores del Bajo Cauca, el Nordeste y el Magdalena Medio antioqueño.
El Clan del Golfo, también conocido por las autoridades como Autodefensas Gaitanistas de Colombia, ha sido catalogado por la Fiscalía General de la Nación y por organismos de seguridad del Estado como la principal amenaza criminal del país por su capacidad de control territorial, sus rentas del narcotráfico y su influencia sobre economías ilegales de minería. La estructura mantiene presencia en varios departamentos y ha sido blanco de operativos sostenidos de la Fuerza Pública.
La extorsión, otro de los delitos atribuidos al capturado, sigue siendo uno de los principales mecanismos de financiación de los grupos armados organizados en Colombia y afecta de manera particular a comerciantes, transportadores y pequeños productores agrícolas en zonas con presencia de estructuras como el Clan del Golfo. Los asesinatos de periodistas en regiones con control armado han sido una constante en la historia reciente del país, como el crimen de Jaime Garzón en 1999, que marcó al gremio periodístico y permanece como símbolo de la violencia contra la prensa.
La seguridad en Antioquia ha sido tema de debate de control político recurrente en el Congreso de la República, donde congresistas de distintas bancadas han cuestionado al Gobierno nacional por el fortalecimiento de estructuras herederas del paramilitarismo. El caso se suma a una serie de capturas reportadas en la región, en un contexto de tensión por la seguridad urbana que también ha motivado pedidos de refuerzo policial en otras ciudades, como el que planteó el congresista Cubides para la Autopista Norte en Bogotá.
