Sigámosle el razonamiento, que es impecable. Primera premisa: la plata se gastó. Diez años, decenas de entidades, el Marco Fiscal de Mediano Plazo cifrando desde 2016 la financiación proyectada para los quince años de implementación. Hubo presupuesto, hubo decretos de liquidación, hubo entidades encargadas de ejecutar los programas de paz. Nadie discute que el dinero salió de las arcas y entró en algún sitio. Hasta aquí, todos de acuerdo.
Segunda premisa, también suya: en algunas de esas líneas de gasto hay opacidad. No lo decimos nosotros, lo dijo ella en estrados: quedaron, palabras textuales, líneas muy opacas sobre estos gastos que se realizan. Acéptela usted entera. Si una consejera comisionada de paz, sentada en la JEP, reconoce que hay partidas que ni ella ni el país alcanzan a ver con claridad, lo prudente es creerle. Nadie denuncia una opacidad que no exista.
Tercera premisa, la más delicada y la que ella misma trajo: hay una obligación de implementar. Lo recordó cuando el magistrado Salazar le pidió que explicara su término petrificación. No dije petrificación presupuestal, lo corrigió, dije petrificación en la implementación, lo que también ha dicho la Corte Constitucional: que existe la obligación, durante los tres gobiernos posteriores al acuerdo final, de implementarlo. Tres gobiernos. Una década. Un deber constitucional sostenido en el tiempo. Lo dice ella, lo dice la Corte, lo decimos todos. Vamos avanzando y no hay una sola objeción sobre la mesa.
Cuarta premisa, que ella añadió por su cuenta: vienen recortes. En todos los programas, dijo, todavía sin montos ni partidas, a la espera del decreto que liquida el Presupuesto General de la Nación. Habrá austeridad fiscal, y lo que falte habrá que suplirlo con eficiencia, con rigor y con transparencia. Es decir: la plata que ya se gastó se gastó con opacidad, y la que viene será menos, y a la menos le vamos a exigir la transparencia que a la mucha no le exigimos. Concedido también esto, porque suena razonable y porque lo dijo una autoridad en la materia.
Aquí conviene detenerse con Gómez Dávila, que escribió que el moderno confunde la claridad de su propósito con la rectitud de sus actos. La frase, aplicada a un balance de $170 billones, deja de ser aforismo y se vuelve auditoría. Porque el propósito —paz, implementación, obligación constitucional— es diáfano. Y es precisamente esa diafanidad del propósito la que, durante diez años, hizo innecesario mirar de cerca la rectitud del gasto. Quién iba a pedir facturas en nombre de la reconciliación.
Y entonces el argumento revienta solo, sin que nadie lo empuje. Si la obligación de implementar cubre tres gobiernos y la opacidad también los cubre —porque los $170 billones son el acumulado de diez años, no de un decreto de la semana pasada—, la pregunta no es qué gobierno gastó mal. La pregunta es cómo un deber constitucional, vigilado por la Corte, ejecutado por decenas de entidades, revisado presupuesto tras presupuesto, blindado con medidas cautelares de la JEP que protegen a los comparecientes, logró producir líneas de gasto que su propia consejera de paz califica de opacas en pleno estrado. La casta no se descuidó: la casta construyó un circuito donde el dinero circula entre entidades, ponentes, cautelas y liquidaciones, y nadie, en diez años, firmó el balance detallado que ahora Morales reclama como novedad.
Fíjese usted en el detalle más fino. El reclamo se hizo en la JEP, en una audiencia sobre una medida cautelar que protege a excombatientes, y derivó en un contrapunteo sobre esquemas de seguridad de la Unidad Nacional de Protección, cartera que —ella lo aclaró— no es la suya. Yo no soy de la UNP, dijo, pero asignaciones presupuestales tiene que haber. Y ahí está retratado el club: cada quien pide austeridad en la caja del vecino y asignaciones en la propia, cada quien reconoce la opacidad en abstracto y no le pone nombre a ninguna línea, cada quien descubre que diez años de gasto merecen un balance justo cuando el decreto de liquidación anuncia que la plata se va a acabar. La transparencia, resulta, es una virtud que florece en época de recortes. Antes era descortés preguntar.
No le pedimos cuentas a Viviane Morales por lo que no es suyo; le tomamos la palabra por lo que sí dijo: que hay líneas opacas en $170 billones, que el país merece saber cómo se gastaron, que no se podrá seguir a ese ritmo. Estamos de acuerdo con cada sílaba. Solo queda una pregunta, y no es retórica, porque tiene respuesta y un nombre: de los diez años de implementación que ahora se piden claros, ¿quién, con cargo y firma, aprobó las líneas que la propia consejera comisionada de paz llamó opacas el jueves ante la sala?
