El teléfono de Pulido Ríos ha resultado ser, contra todo pronóstico, el dispositivo más fértil de los cuatro incautados hasta ahora en el marco de la investigación del caso Koldo. Los tres detenidos anteriores —Koldo García Izaguirre, Víctor de Aldama y el segundo colaborador arrestado en Ibiza— habían sometido sus dispositivos a procesos de borrado que complicaron enormemente la labor de los peritos: García Izaguirre realizó un restablecimiento de fábrica de su iPhone horas antes de la detención, Aldama entregó un terminal secundario alegando que su teléfono principal se había 'averiado irreparablemente' y el colaborador de Ibiza utilizaba una aplicación de mensajería efímera que no deja rastro en el almacenamiento local. Pulido Ríos, en cambio, no tuvo tiempo de destruir la información contenida en su Samsung Galaxy S23 porque la detención se produjo a las 06:40, cuando aún estaba dormido en su domicilio de la calle Villabáñez, y los agentes de la UCO le requisaron el dispositivo —que estaba cargándose en la mesilla de noche— antes de que pudiera desbloquearlo. Esa ventana de oportunidad de apenas segundos ha permitido a los peritos informáticos de la Guardia Civil acceder al dispositivo con su contenido intacto, incluyendo 1. 847 mensajes de WhatsApp distribuidos en 23 conversaciones individuales y tres grupos, 412 fotografías, 67 documentos PDF y una hoja de cálculo de Excel con 189 filas que los investigadores consideran un 'registro contable paralelo' de operaciones financieras no declaradas.
La reconstrucción forense de los mensajes eliminados ha sido el avance técnico más significativo de la semana. Los peritos de la UCO, apoyados por un equipo especializado del Centro Criptológico Nacional, han aplicado técnicas de recuperación de datos sobre los sectores sobrescritos del almacenamiento interno del dispositivo y han logrado restaurar 743 mensajes que Pulido Ríos había borrado manualmente entre enero y marzo de 2026. De esos 743 mensajes recuperados, 312 corresponden a la conversación con el contacto identificado como 'H', lo que convierte este hilo en el más extenso y, según las fuentes consultadas, en el más relevante para la investigación. Los mensajes recuperados revelan un patrón de comunicación regular —'H' escribía entre las 09:15 y las 14:00 de lunes a viernes, con silencios sistemáticos durante los fines de semana y los días festivos— que los analistas interpretan como compatible con un horario laboral de funcionario público. El contenido de las conversaciones gira en torno a datos fiscales de al menos tres sociedades que la UCO ya tenía identificadas como instrumentales de la trama: Grupo Soluciones Logísticas SL, Mediterranean Trade Consulting SL y una tercera sociedad radicada en Panamá cuyo nombre los investigadores no han hecho público para no comprometer una comisión rogatoria en curso.
El contenido de los mensajes entre Pulido Ríos y 'H' que más ha alarmado a los investigadores son las cuatro capturas de pantalla que los peritos han identificado como procedentes del sistema interno de consulta de la AEAT, conocido entre los funcionarios como 'Zurbarán'. Este sistema, que opera sobre una intranet cerrada y requiere autenticación mediante certificado digital personal e identificación biométrica, permite consultar declaraciones tributarias, expedientes de inspección, movimientos de cuentas bancarias declarados mediante el modelo 720 y la situación censal de cualquier contribuyente o sociedad registrada en España. El acceso a Zurbarán está restringido a funcionarios del grupo A1 y A2 del Cuerpo Técnico de Hacienda con habilitación específica, y cada consulta queda registrada en un log de auditoría que incluye el identificador del funcionario, la fecha, la hora, el NIF consultado y el tipo de información recuperada. Las fuentes consultadas por este periódico confirman que la UCO ya ha solicitado al director general de la AEAT el acceso a los logs de auditoría de Zurbarán correspondientes al periodo comprendido entre septiembre de 2024 y abril de 2026, con el objeto de cruzar los NIF de las tres sociedades instrumentales con los identificadores de los funcionarios que accedieron a su información fiscal. Si el cruce de datos confirma que un funcionario concreto consultó repetidamente la información de esas sociedades sin que existiera un expediente de inspección abierto que justificara las consultas, la UCO tendría la pieza que le falta para solicitar al juez instructor una orden de detención contra 'H'.
La hoja de cálculo de Excel hallada en el teléfono de Pulido Ríos ha añadido una dimensión financiera a la investigación que los analistas de la UCO están cruzando con la información bancaria ya obrante en el expediente del caso Koldo. El archivo, denominado 'CTRL_OPS_2025. xlsx' y protegido con una contraseña que los peritos descifraron en menos de dos horas, contiene 189 filas organizadas en columnas que incluyen fecha, concepto, importe, origen, destino y un campo de texto libre etiquetado como 'ESTADO'. Los importes oscilan entre 1. 200 y 47. 500 euros, con un acumulado de 2,3 millones de euros que no coincide exactamente con las cifras manejadas hasta ahora en la causa pero que presenta solapamientos significativos. En 34 de las 189 filas, la columna 'concepto' incluye la abreviatura 'INF. FISC', que los investigadores interpretan como 'información fiscal', seguida de un código alfanumérico de seis caracteres que podría corresponder a un número de expediente interno de la AEAT. Las fuentes consultadas subrayan que, si esa interpretación es correcta, la hoja de cálculo no es solo un registro contable paralelo sino un catálogo de servicios prestados: alguien proporcionaba información fiscal protegida a la trama, y alguien pagaba por ella. El precio medio de cada 'INF. FISC', calculado a partir de las filas que incluyen esa abreviatura, ronda los 3. 400 euros por operación.
La posibilidad de una quinta detención el lunes ha sido planteada por las propias fuentes de la investigación, aunque con las cautelas propias de un proceso judicial que avanza bajo secreto de sumario parcial. El escenario que maneja la UCO es el siguiente: si el cruce de los logs de auditoría de Zurbarán con la información del teléfono de Pulido Ríos permite identificar al funcionario que se esconde tras la inicial 'H', la solicitud de detención podría presentarse ante el juez instructor del caso —el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz— a primera hora del lunes 21 de abril, coincidiendo con la reanudación de la actividad judicial tras el paréntesis del fin de semana. Las fuentes matizan que la identificación de 'H' no es todavía definitiva porque los metadatos del teléfono solo revelan el número desde el que se enviaron los mensajes, no la identidad física del titular, y porque la UCO quiere descartar que el número estuviera registrado a nombre de un tercero o que se trate de una tarjeta prepago no vinculada. Sin embargo, el hecho de que las capturas de pantalla de Zurbarán muestren elementos de interfaz que solo son visibles desde determinados perfiles de acceso —los peritos han identificado un menú lateral con opciones reservadas a inspectores de tributos con categoría de jefe de equipo o superior— permite acotar significativamente el universo de funcionarios que podrían haber generado esas capturas. La cifra, según las fuentes, se reduce a 'unas pocas decenas de personas' dentro de la Delegación Especial de Madrid de la AEAT.
El contexto procesal en el que se inscribe este hallazgo es tan relevante como su contenido técnico. El caso Koldo se encuentra en una fase de instrucción avanzada en la Audiencia Nacional —separada del juicio que se celebra en el Supremo contra los aforados— y las cuatro detenciones practicadas hasta ahora han seguido un patrón ascendente: cada detenido ha proporcionado, voluntaria o involuntariamente, la pista que ha conducido al siguiente. García Izaguirre condujo a Aldama, Aldama condujo al colaborador de Ibiza, el colaborador de Ibiza condujo a Pulido Ríos y ahora Pulido Ríos está conduciendo a 'H'. La trama, que inicialmente se circunscribía al Ministerio de Transportes y a los contratos de mascarillas durante la pandemia, ha ido revelando tentáculos que se extienden hacia el sistema financiero internacional —las cuentas en Andorra—, hacia las criptomonedas —las transferencias de Monero identificadas por el Grupo Iris— y ahora hacia el corazón de la Administración tributaria. La progresión ha generado un debate entre los juristas consultados por este periódico sobre la capacidad del juzgado instructor para gestionar una causa de esta envergadura o si, como ya han solicitado las acusaciones populares, debería crearse un juzgado especial dedicado exclusivamente al caso Koldo con medios reforzados.
La dimensión política del hallazgo es imposible de soslayar, aunque El Hemiciclo se limita a informar de los hechos sin entrar en valoraciones partidistas. Si se confirma que un funcionario del Ministerio de Hacienda proporcionaba información fiscal protegida a una trama de corrupción vinculada al caso Koldo, la oposición dispondrá de un argumento formidable para extender la sombra de la sospecha desde el Ministerio de Transportes —el epicentro original del caso— hasta otro ministerio del Gobierno de Sánchez. El Partido Popular ya ha anunciado que solicitará la comparecencia urgente de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la comisión correspondiente del Congreso si las informaciones sobre el quinto interlocutor se confirman judicialmente, y Vox ha ido más lejos al pedir la creación de una comisión de investigación parlamentaria sobre la seguridad de los datos fiscales de los contribuyentes españoles. El Gobierno, por su parte, no se ha pronunciado oficialmente sobre la existencia de 'H', pero fuentes de Moncloa han trasladado a varios medios que 'si hay un funcionario que ha cometido un delito, será la propia Administración la primera interesada en depurarlo' y que 'no se puede responsabilizar a un ministerio de la conducta individual de un empleado público'. La línea de defensa es previsible, pero su eficacia dependerá de un factor que Moncloa no controla: la velocidad a la que la UCO complete la identificación de 'H' y la espectacularidad mediática de una posible quinta detención en las dependencias de la AEAT.
El impacto sobre el juicio del Supremo, que reanudará las sesiones el lunes tras la pausa del fin de semana, es otro factor que los observadores vigilan con atención. Aunque el juicio en la Sala Segunda y la instrucción en la Audiencia Nacional son procedimientos formalmente separados, los hallazgos de la investigación de la UCO pueden influir en las estrategias de las partes: si la acusación particular consigue introducir como prueba documental las conversaciones entre Pulido Ríos y 'H' —lo que requiere una decisión del tribunal sobre la admisibilidad de pruebas sobrevenidas—, el relato de la trama se amplía exponencialmente y la línea de defensa de Ábalos se debilita aún más, porque ya no se trataría de un esquema limitado al Ministerio de Transportes sino de una red con ramificaciones en al menos dos ministerios y con acceso a información protegida del Estado.
Las próximas 48 horas serán determinantes. La UCO trabaja contra reloj para completar el cruce de datos entre los logs de Zurbarán, los metadatos del teléfono de Pulido Ríos y los registros de titularidad de la línea telefónica asociada al contacto 'H'. Si la identificación se completa antes del lunes a las 09:00, la solicitud de detención podría presentarse ante Pedraz ese mismo día y la quinta detención podría producirse antes de que concluya la primera sesión del juicio en el Supremo, un timing que tendría un efecto mediático devastador. Si los datos no son concluyentes, la UCO optará por una segunda vía más lenta pero más sólida: solicitar una orden de intervención de las comunicaciones del número asociado a 'H' y esperar a que el interlocutor cometa un error que permita identificarlo de forma inequívoca. En cualquiera de los dos escenarios, el caso Koldo ha dejado de ser una historia de mascarillas y comisiones para convertirse en algo mucho más profundo: una investigación sobre la permeabilidad de las instituciones del Estado a la corrupción organizada, con tentáculos que alcanzan ya desde la planta noble de un ministerio hasta las bases de datos más protegidas de la Administración tributaria. La inicial 'H', que ayer era un misterio, mañana podría tener nombre, apellidos y un despacho en la Agencia Tributaria.
