El nuevo detenido, cuya identidad no se facilita todavía por mandato del secreto de sumario ampliado ayer por sesenta días, tiene un perfil muy distinto al de los tres primeros arrestados. No es un intermediario político ni un empresario hostelero. Es un profesional de despacho, con once años de experiencia en planificación fiscal internacional, especializado en estructuras societarias mixtas España-Andorra y con una cartera de clientes que incluye cinco sociedades inmobiliarias balear-andorranas y dos fondos familiares catalanes. Según dos fuentes del entorno judicial consultadas por este periódico, su nombre apareció por primera vez en el sumario hace cuatro semanas, al entrecruzar la UCO los flujos bancarios del detenido de Ibiza con las constituciones de sociedades instrumentales registradas en Andorra la Vella entre octubre de 2021 y marzo de 2023. Su despacho de Palma era, según esas mismas fuentes, el punto de redacción de al menos tres de los cuatro contratos matriz que articulan el cruce de los 312.437 euros.
El dato más relevante del registro de esta madrugada es, con diferencia, el cuaderno con la letra ‘M’. En siete páginas diferentes, todas ellas fechadas entre el 5 de marzo y el 12 de abril, aparece manuscrita la letra ‘M’ junto a cifras redondeadas en miles de euros —240, 140, 90, 60, 190, 220 y 175, respectivamente—, cuya suma total coincide exactamente con los 1.115.000 euros que la UCO lleva rastreando desde principios de marzo como presunto flujo secundario del caso, paralelo al cruce andorrano ya documentado. Las fuentes judiciales consultadas son prudentes: la ‘M’ podría corresponder a ‘Magaluf’, a ‘Madrid’ o a un tercer alias operativo. Pero la coincidencia de las cantidades con el saldo perseguido desde marzo convierte al cuaderno, según el mismo juzgado número 3, en la principal prueba documental abierta tras la inhibición a la Audiencia Nacional. El magistrado instructor ha solicitado a primera hora que se remita una copia certificada al juzgado central número 4, ahora competente, antes del mediodía.
La relación entre los cuatro detenidos del caso Koldo empieza a verse con nitidez. El primer arrestado —un ex alto cargo del Ministerio de Fomento detenido el pasado 9 de abril en Madrid— operaba, según el sumario, como enlace político. El segundo —el propietario de la vivienda de Cala Llonga, en Ibiza, detenido el miércoles 15— figuraba en el sumario como propietario operativo de los activos inmuebles y de la segunda caja fuerte con los 185.000 euros y los tres pasaportes diplomáticos venezolanos de cortesía. El tercero —el empresario hostelero mallorquín detenido ayer jueves 16 a las 15:40— aportaba la estructura empresarial interpuesta en Magaluf. Y el cuarto, detenido esta madrugada, cerraría el mapa aportando la ingeniería fiscal que articula los tres niveles anteriores con las dos sociedades andorranas. Esa secuencia —político, propietario, empresario interpuesto y gestor fiscal— dibuja, por primera vez desde que se abrió el caso en enero, un organigrama completo con cuatro vértices identificados. Si el juzgado central número 4 confirma la estructura, el próximo paso procesal lógico sería la citación de dos clientes catalanes del gestor detenido, cuyos nombres están en el cuaderno pero cuya implicación directa en la red está por determinar.
La UCO ha trabajado con un nivel de discreción excepcional en las últimas 72 horas. El operativo de esta madrugada ha sido autorizado por el juez de guardia del juzgado central número 4 anoche a las 22:40 —solo dos horas después de la formalización de la inhibición a la Audiencia Nacional— y se ha preparado con un dispositivo de 28 agentes, tres unidades de intervención documental y dos especialistas en delitos fiscales internacionales. El elemento técnico que ha acelerado la orden es un dato que este periódico puede adelantar por primera vez: el cruce de la agenda del segundo detenido de Ibiza con los metadatos de los correos del tercer detenido de Magaluf ha permitido identificar nueve reuniones en el despacho del gestor catalán entre febrero y abril, cuatro de ellas fuera del horario oficial de oficina y dos celebradas los sábados por la mañana. Esas nueve reuniones, ahora todas documentadas con fecha y hora, son el fundamento material del cuarto arresto. La Guardia Civil las ha etiquetado como ‘reuniones M’ en la documentación interna del sumario.
El abogado designado por el detenido —un penalista madrileño con despacho en el barrio de Salamanca y experiencia en casos de blanqueo agravado— ha llegado a Palma a las 08:10 y tiene previsto asistir a la toma de declaración del detenido a partir de las 10:00. Las primeras dos horas del interrogatorio serán decisivas porque el juzgado central número 4 ha dictado ya un auto de secreto parcial de 72 horas sobre las grabaciones, lo que significa que las declaraciones no se harán públicas hasta el lunes por la mañana salvo filtración. El mismo juzgado ha comunicado a primera hora al Colegio de Abogados de Madrid la apertura de diligencias, tal y como obliga el protocolo cuando la detención afecta a un profesional colegiado, y ha remitido el expediente al juzgado decano de Barcelona para que suspenda provisionalmente la colegiación catalana del detenido mientras duren las diligencias iniciales.
La reacción política de las primeras horas de la mañana confirma que el caso Koldo ha escalado a un nivel que ningún grupo parlamentario quería por escrito. A las 07:20, el PP ha emitido un comunicado interno —que este periódico ha podido ver— en el que su dirección pide a sus portavoces parlamentarios ‘máxima prudencia judicial’ y renuncia expresamente a llevar el tema al pleno extraordinario del lunes. A las 07:55, Vox ha hecho justo lo contrario y ha anunciado una rueda de prensa para las 10:00 en el Congreso con tres portavoces. Sumar guarda silencio a estas horas por indicación expresa de su coordinación nacional, y el PSOE no emitirá pronunciamiento hasta que Moncloa cierre el orden del día del Consejo de Ministros extraordinario de las 10:30. Esa asimetría de tempos refleja con precisión la dimensión política del caso: tres niveles de reacción, tres estrategias diferentes y una única certeza —que el próximo paso del juzgado central número 4 será más determinante que cualquier declaración pública de esta mañana.
La dimensión financiera del caso empieza a tomar forma con cifras concretas. Los 312.437 euros del cruce andorrano son solo el núcleo conocido. Si el cuaderno de la ‘M’ se confirma con los movimientos bancarios, el volumen total documentable sube a 1.115.000 euros. Y si las dos sociedades instrumentales ligadas a los clientes catalanes del detenido se incorporan al sumario —algo que podría ocurrir la próxima semana según fuentes judiciales—, el volumen podría elevarse hasta los 2,4 millones de euros. Esa cifra coloca al caso Koldo, por primera vez, en el rango de los grandes casos de blanqueo fiscal internacional investigados por la Audiencia Nacional en los últimos cinco años, y justifica, retroactivamente, la decisión del juzgado número 3 de Palma de inhibirse anoche con diligencias nuevas sobre la mesa. El juzgado central número 4 trabaja contra reloj para tener el primer informe de situación antes del lunes, cuando el Pleno extraordinario del Congreso aborde otros asuntos sin contaminación judicial directa.
Para los lectores que no han seguido el caso desde enero conviene recapitular brevemente. Koldo Rodríguez fue detenido en noviembre de 2025 en el marco de una investigación sobre contrataciones irregulares durante la pandemia. El caso se amplió en febrero al descubrirse movimientos bancarios cruzados con Andorra. En marzo se identificaron las primeras sociedades instrumentales catalanas. En abril se ha producido la cascada de cuatro detenciones en nueve días, con un ritmo que los magistrados de la Audiencia Nacional describen como ‘inusualmente sólido’ por la calidad probatoria de cada arresto. El caso dejó de ser ‘Koldo’ en sentido estricto hace dos meses y es, desde la semana pasada, un caso de red. La nomenclatura judicial ya no recoge el apellido del primer detenido, sino el término técnico ‘sumario 312’, en referencia al auto que abrió la fase actual el 27 de febrero.
El Hemiciclo mantiene el seguimiento abierto y continuará informando a lo largo del día. Esta tarde tendremos la primera reacción judicial a la declaración del detenido, mañana sábado el informe preliminar del juzgado central número 4 y el lunes una valoración política completa tras el pleno extraordinario. La próxima actualización será a mediodía con la reacción oficial del Ministerio de Justicia, la posición del PSOE tras el Consejo de Ministros y el primer balance del interrogatorio en el cuartel de la UCO de Palma.
