El documento español propone la creación de una brigada multinacional permanente de entre 5.000 y 7.000 efectivos, operativa para 2030, financiada a través de un presupuesto común de defensa separado del Mecanismo Europeo de Paz y dotada de un mando integrado bajo la autoridad del Alto Representante. La brigada estaría compuesta por batallones aportados rotatoriamente por los Estados miembros participantes, con un núcleo fijo de Estado Mayor ubicado en una sede aún por determinar. Madrid sugiere Zaragoza, donde ya se encuentra la base del Eurocuerpo de Reacción Rápida.
La propuesta no nace en el vacío. Desde la invasión rusa de Ucrania en 2022, la idea de una defensa europea autónoma ha ido ganando tracción política, pero siempre ha chocado contra dos obstáculos: la relación con la OTAN y la financiación. España aborda ambos directamente. Sobre la OTAN, el documento establece que la fuerza europea operaría como un «pilar europeo de la Alianza Atlántica», activable tanto por decisión del Consejo Europeo como por solicitud del Mando Aliado de Operaciones, evitando la duplicidad de estructuras que Washington ha criticado históricamente.
Sobre la financiación, la propuesta calcula un coste inicial de 4.200 millones de euros anuales para la fase de despliegue (2027-2030), que se reducirían a 2.800 millones en régimen de crucero a partir de 2031. La contribución de cada Estado miembro se calcularía mediante una fórmula mixta que pondera PIB (60%), población (25%) y gasto militar actual como porcentaje del PIB (15%). España aportaría aproximadamente el 9,4% del total, unos 395 millones anuales en la fase inicial, una cifra que Robles ha calificado de «asumible para la quinta economía de la UE».
La reacción inmediata de los socios ha sido desigual pero en líneas generales más favorable de lo esperado por la diplomacia española. Francia, que lleva décadas defendiendo una defensa europea autónoma desde los tiempos de De Gaulle, ha acogido la propuesta con un comunicado del Ministerio de las Armadas en el que habla de «convergencia estratégica con el planteamiento español» y anuncia consultas bilaterales para la próxima semana. Italia ha expresado «interés constructivo» y ha pedido que la sede de la brigada se ubique en un país mediterráneo. Polonia, transformada en el mayor comprador de armamento de la UE tras 2022, apoya el concepto pero exige que la fuerza sea interoperable con los estándares OTAN al cien por cien.
Alemania es la incógnita principal. El canciller ha emitido un comunicado escueto en el que subraya que «cualquier iniciativa de defensa europea debe ser complementaria y nunca sustitutiva de la OTAN» y que Berlín «estudiará la propuesta con la seriedad que merece». Fuentes del Ministerio Federal de Defensa han sido más explícitas extraoficialmente: Alemania no se opondrá al debate, pero exigirá un veto nacional sobre el despliegue de tropas alemanas bajo mando europeo, una línea roja que la Grundgesetz impone y que ningún gobierno alemán puede ignorar.
El contexto geopolítico empuja. La incertidumbre sobre el compromiso estadounidense con la defensa de Europa, agravada por las declaraciones de la administración Trump sobre la necesidad de que los europeos asuman una mayor carga, ha erosionado la confianza en el paraguas atlántico entre las opiniones públicas europeas. Según el último Eurobarómetro de defensa, publicado en marzo de 2026, el 62% de los ciudadanos europeos apoya la creación de un ejército común, un máximo histórico que supera en 11 puntos el registro de 2022.
El Alto Representante ha confirmado que la propuesta española será incluida en la agenda del Consejo de Asuntos Exteriores en su formación de Defensa del 10 de junio, donde los 27 ministros del ramo la debatirán por primera vez. Si el debate es favorable, el Consejo Europeo de finales de junio podría encargar a la Comisión y al Servicio Europeo de Acción Exterior la elaboración de una hoja de ruta detallada para antes de fin de año.
Los críticos no han tardado en manifestarse. Los países neutral-tradicionales —Austria, Irlanda, Malta y Chipre— han recordado que su estatus constitucional les impide participar en estructuras militares integradas, aunque el documento español prevé un mecanismo de participación flexible que permite contribuir con capacidades no combatientes como logística sanitaria, ciberdefensa o inteligencia satelital. Hungría, por su parte, ha calificado la propuesta de «innecesaria y provocadora».
En el Parlamento Europeo, la reacción ha sido mayoritariamente positiva. El Grupo Popular, los Socialdemócratas y Renew han emitido comunicados favorables con matices. Los Verdes apoyan el concepto pero exigen que incluya una cláusula de control parlamentario sobre cualquier despliegue. La extrema derecha de Patriotas por Europa se ha dividido: Le Pen la apoya con condiciones, mientras que los partidos del este la rechazan.
Para España, la formalización de esta propuesta marca un punto de inflexión en su política de defensa. Históricamente discreta en los debates sobre autonomía estratégica europea, Madrid ha decidido asumir un rol de liderazgo que combina ambición geopolítica con cálculo doméstico. Robles ha subrayado que la industria de defensa española —que facturó 8.400 millones de euros en 2025— sería una de las grandes beneficiarias de una integración militar europea que homologase los estándares de equipamiento y logística.
