Aceptemos, pues, la premisa completa. El trámite del Presupuesto General de la Nación para 2027 abre cada año, en la Comisión Primera del Senado, una ventana legítima para que cualquier congresista intente mover partidas. Es su derecho. Radicar dos proposiciones no es un delito ni una conspiración: es el oficio. Usted paga esa Comisión precisamente para que discuta dónde va cada peso. Hasta aquí, el senador Gómez Martínez no ha hecho nada distinto de lo que hace un parlamentario aplicado un martes cualquiera.
Sigamos. El senador sostiene que la JEP es un "esperpento", y aunque la palabra sea de las que se dicen en redes sociales un jueves por la noche, concedámosle también el fondo: nadie está obligado a querer al tribunal nacido del Acuerdo de Paz firmado en 2016. Hubo un plebiscito el 2 de octubre de 2016 en el que el No se impuso al Sí. Millones de colombianos votaron contra ese texto. El senador representa a una parte de ellos, y esa representación es tan legítima como la contraria. Quien perdió una votación popular tiene todo el derecho a seguir opinando distinto. Concedido, sin reservas.
Vamos un paso más allá, que es donde el argumento pide que lo acompañen. Si la JEP es un gasto que a usted no le sirve, y si el dinero público es escaso, entonces trasladar $100.000 millones de una entidad que al senador le parece un esperpento hacia una Rama Judicial que atiende a la gente común es, en pura aritmética, una mejora. Se le quita a lo superfluo y se le da a lo esencial. El razonamiento es tan limpio que uno casi olvida preguntar una cosa menor: qué es exactamente lo que la JEP hace con esos $100.000 millones que dejaría de hacer.
Porque la JEP, recordémoslo aceptando la definición oficial y no otra, es el componente judicial del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, con el mandato de investigar y sancionar los crímenes más graves del conflicto armado. Es decir: es justicia. Justicia para las víctimas del conflicto, que son, hasta donde alcanza la aritmética, gente. Muchísima gente. De modo que el senador propone quitarle recursos a la justicia de la gente para dárselos a la justicia de la gente. Y ahí, sin que nadie lo empuje, el argumento empieza a girar sobre sí mismo.
Escribió Gómez Dávila que "las revoluciones son espantosas porque los que triunfan resultan tan mezquinos y crueles como los que sucumben". Cámbiele usted "revoluciones" por "votaciones" y tendrá el retrato de lo que pasa cuando el bando que perdió un plebiscito descubre que la contabilidad ofrece lo que las urnas negaron. No se derogó la JEP en 2016 porque el Acuerdo se renegoció y se firmó. No se ha cerrado por ley. Pero una entidad a la que se le retira el oxígeno del funcionamiento no necesita que la cierren: se apaga sola, en silencio, sin acta, sin firma, sin que nadie tenga que responder por haberla apagado. Es la clausura perfecta: la que no aparece en ningún expediente.
Y aquí es donde el razonamiento revienta por su propio peso. Si usted acepta que una mayoría en la Comisión Primera puede vaciar de recursos a un tribunal que no le gusta, ha aceptado también que la próxima mayoría, la que venga, pueda hacer lo mismo con cualquier otra. Con la Contraloría que le fiscaliza a usted, con la Procuraduría, con la Registraduría, con la Corte que un día falle en contra de quien maneje la caja. El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, lo llamó "el más grave ataque" y anunció que llevará el asunto al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y hasta a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Se le podrá reprochar el aparato, pero no la intuición: un tribunal que solo se defiende yendo a tocar la puerta del mundo entero es un tribunal que ya sabe que en casa la puerta está cerrada.
Fíjese usted en el mecanismo, que es más viejo que el Acuerdo. Aquí no hace falta un golpe ni una constituyente para desmontar una institución incómoda; basta una proposición al presupuesto, radicada un jueves, debatida entre cientos de partidas donde nadie mira. El Frente Nacional se repartió el poder por décadas a punta de acuerdos que parecían de mera administración; la casta de entonces también decía que solo estaba ordenando las cuentas. Y como en Macondo, donde la peste del olvido llegaba sin que nadie la viera venir y había que ponerle a las cosas un letrero para recordar qué eran, aquí el letrero de "justicia" cuelga todavía de la JEP mientras alguien, muy discretamente, le corta la luz. La diferencia es que en la novela el olvido era una desgracia; en la Comisión Primera es una proposición numerada.
De modo que la pregunta que queda colgada no es si la JEP es o no un esperpento, ni si $100.000 millones estarían mejor en la Rama Judicial. La pregunta es más simple y más incómoda, y tiene respuesta con nombre propio: cuando llegue el día de votar si esas proposiciones se aprueban, se modifican o se archivan, y a cada congresista de la Comisión Primera del Senado le toque levantar la mano a la vista de usted, ¿quién de ellos estará dispuesto a que su nombre quede escrito al lado del renglón que dejó a las víctimas del conflicto sin la justicia que se les prometió en 2016?
