El epicentro se ubicó en la zona del cerro de San Jacinto, al sur de la capital, asociado a un sistema de fallas tectónicas que se extiende por decenas de kilómetros con ramificaciones hacia el volcán de San Salvador, según los registros históricos sobre el fenómeno. La corta duración del movimiento, apenas diez segundos, contrastó con la magnitud de los daños estructurales en una ciudad con edificaciones vulnerables.
En las primeras 96 horas posteriores al sismo, las autoridades de la época contabilizaron 873 réplicas con magnitudes de entre 2 y 4 grados, un fenómeno que prolongó la zozobra entre la población y complicó las labores de rescate en los escombros del centro histórico. Las cifras preliminares del Gobierno de Duarte estimaron las pérdidas económicas en 10,000 millones de colones.
Los recuentos históricos sobre el número total de víctimas mortales varían: algunas estimaciones elevan el saldo final por encima de los 2,000 muertos, frente a los 890 del reporte oficial inicial. La discrepancia refleja la dificultad de levantar un censo preciso de daños en un país que entonces enfrentaba una guerra civil, con la capacidad de respuesta institucional condicionada por el conflicto.
Ante la magnitud de la emergencia, el Órgano Ejecutivo declaró estado de calamidad pública y prorrogó por 30 días el estado de sitio vigente en ese momento del conflicto armado. La Asamblea Legislativa de entonces respondió con un gesto simbólico: sus diputados donaron un día de salario para contribuir a la atención de los damnificados, en un momento en que miles de familias quedaron sin vivienda tras el colapso de construcciones en el centro de San Salvador.
El terremoto de 1986 quedó como referencia obligada en las discusiones sobre vulnerabilidad sísmica y normativa de construcción en El Salvador, un país asentado sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico y con una historia de eventos telúricos recurrentes. Quince años después, los terremotos del 13 de enero y el 13 de febrero de 2001, de magnitudes 7.6 y 6.6, volvieron a golpear al país con más de mil fallecidos y cientos de miles de viviendas dañadas, lo que reactivó el debate sobre la seguridad de las construcciones.
La memoria del sismo de 1986 convive con episodios recientes de la agenda legislativa vinculados a la gestión de emergencias, como la integración de nueve instituciones al sistema de Protección Civil que la Asamblea aprobó recientemente para ampliar las facultades de coordinación ante fenómenos naturales.
A 40 años de aquel 10 de octubre, el balance de centenares de fallecidos, miles de heridos y más de cien mil damnificados según el recuento inicial del Órgano Ejecutivo permanece como uno de los episodios sísmicos más graves de la historia reciente del país, y se mantiene en la memoria colectiva de los salvadoreños.
