El escrito registrado por Alomodóbar pregunta al Ejecutivo si considera compatible la posición de Sánchez con «la responsabilidad institucional de defender el principal motor económico de España». En el texto, el PP califica de «incomprensible e indignante» que la máxima responsable de la política turística nacional envíe «señales de complacencia» hacia movilizaciones que, a juicio del partido, «perjudican la imagen de nuestros destinos» y «contribuyen a legitimar un clima de hostilidad contra empresas, trabajadores e intereses turísticos». «Un Gobierno está para defender el turismo, no para justificar a quienes lo señalan. Debe dimitir», sostiene el partido en la iniciativa.
La pregunta parlamentaria se enmarca en el derecho de control que la Constitución de 1978 atribuye a las Cámaras sobre la acción del Gobierno. A través de este mecanismo, habitual en la actividad ordinaria del Senado, los grupos pueden formular preguntas e interpelaciones al Ejecutivo, que debe responderlas por escrito o en sesión de control dentro de los plazos reglamentarios, normalmente de varias semanas. La iniciativa no tiene carácter vinculante y su alcance depende de la respuesta que decida ofrecer el Gobierno.
Rosario Sánchez, que ostenta la Secretaría de Estado de Turismo en el Gobierno central y compite en paralelo por la Presidencia del Govern balear como candidata del PSIB, defendió que la concentración del domingo en Palma «evidenciará el rechazo» de una parte de la ciudadanía a la gestión del Ejecutivo autonómico que preside Marga Prohens, del Partido Popular. Según sostuvo, el Govern «no solo no ha actuado» frente a determinados problemas, sino que «ha ido en la dirección contraria».
Sánchez censuró las políticas del Govern en materia de vivienda y medio ambiente y denunció una «desprotección del territorio» durante la actual legislatura autonómica. Puso como ejemplo la denominada ley ómnibus, al considerar que favorece la implantación de chiringuitos en las playas y aumenta la presión sobre los recursos naturales. Esa afirmación sobre los establecimientos en zonas de playa ha sido desmentida en reiteradas ocasiones por el Govern balear, que niega que la norma habilite ese tipo de instalaciones sin las autorizaciones ambientales preceptivas.
Un choque entre dos administraciones con competencias distintas
El conflicto refleja la arquitectura autonómica surgida de la Constitución de 1978, que atribuye a las comunidades competencias exclusivas en materia de turismo, mientras el Estado retiene la promoción exterior de la marca España y la coordinación del sector a través de la Secretaría de Estado de Turismo, dependiente del Ministerio de Industria y Turismo. Ese reparto sitúa a Sánchez en la posición singular de dirigir la política turística estatal mientras aspira a gobernar una comunidad cuya gestión turística critica.
Desde el PSIB se defiende que Sánchez se pronunció en su condición de candidata a la Presidencia del Govern y no como secretaria de Estado, y que su crítica se dirige a la gestión autonómica del PP, no al sector turístico ni a los trabajadores y empresarios que dependen de él. El PSIB no ha respaldado hasta el momento la petición de dimisión. El Gobierno central, por su parte, no ha fijado una posición pública sobre las preguntas registradas, que deberán responderse en las próximas semanas conforme al calendario habitual de tramitación.
La manifestación del domingo se suma a las movilizaciones que se han sucedido en Baleares y otros destinos españoles desde 2024, en protesta por el impacto de la masificación en el acceso a la vivienda, el encarecimiento del coste de vida y la presión sobre el territorio y los recursos. En Canarias, miles de personas se manifestaron en abril de 2024 bajo el lema «Canarias tiene un límite», en una de las convocatorias más multitudinarias de este ciclo de protestas contra el modelo turístico.
El Govern de Marga Prohens defiende su gestión como un equilibrio entre el mantenimiento de la actividad económica y la contención de la masificación, con medidas como la limitación de licencias de alquiler turístico en determinados municipios y la ecotasa, un tributo autonómico aplicado desde 2016 a las pernoctaciones turísticas cuya recaudación se destina, según la normativa balear vigente, a proyectos de sostenibilidad ambiental. La actual legislatura autonómica arrancó tras las elecciones de 2023, en las que el PP recuperó el Govern.
La respuesta que ofrezca el Gobierno central marcará si respalda la posición de su propia secretaria de Estado o si la matiza ante la presión de la oposición. En paralelo, el desarrollo de la manifestación del domingo en Palma servirá como termómetro del malestar en torno al modelo turístico balear, en un pulso institucional en el que Sánchez y Prohens aparecen como rivales directas de cara a los próximos comicios autonómicos.
