La comparación entre ambos documentos ha reabierto el debate sobre la coordinación entre los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado durante uno de los episodios migratorios más tensos de los últimos años en la frontera sur de la Unión Europea. Mientras el informe policial incluye hasta 32 fotografías de agentes marroquíes, uniformados y de paisano, presuntamente facilitando el paso de migrantes hacia territorio español, el documento de la Guardia Civil se limita a una descripción sucinta de los hechos, sin aportar material gráfico ni un análisis pormenorizado de las causas.
La crisis de Ceuta se desató entre el 17 y el 19 de mayo de 2021, cuando Marruecos relajó de forma súbita los controles en su lado de la frontera tras el deterioro de las relaciones diplomáticas con España, motivado por el ingreso en un hospital español del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, por motivos humanitarios. El Gobierno marroquí nunca reconoció formalmente una relajación deliberada de la vigilancia, aunque el episodio coincidió con las horas posteriores a esa hospitalización, un extremo que entonces generó una intensa polémica diplomática entre Rabat y Madrid.
El asunto ha regresado a la actualidad procesal por la imputación del mando de la DAO que firmó el informe de tres páginas, investigado en el 'caso Leire', una causa que instruye la Audiencia Nacional y que indaga presuntas filtraciones de información reservada del Ministerio del Interior. La vinculación de ese mando con la pieza documental sobre Ceuta ha llevado a fuentes del Cuerpo a cuestionar la solvencia del informe remitido en su día, sin que ello implique, por sí mismo, ninguna irregularidad añadida en la crisis migratoria de 2021.
La imputación de este mando en el 'caso Leire' corresponde a un procedimiento distinto y posterior a la crisis de Ceuta, por lo que no existe, de momento, ninguna resolución judicial que vincule ambos asuntos. La persona investigada mantiene la presunción de inocencia respecto a los hechos que se le atribuyen en esa causa, que se encuentra en fase de instrucción ante los juzgados centrales de la Audiencia Nacional.
El contraste entre los informes de los dos cuerpos no es inédito en la historia reciente de la seguridad fronteriza española. Episodios similares de descoordinación documental se registraron tras los sucesos del Tarajal en febrero de 2014, cuando murieron quince personas al intentar entrar a nado en Ceuta, y las discrepancias entre los atestados de distintas unidades dificultaron durante años la reconstrucción judicial de los hechos, en una causa que fue archivada en varias ocasiones por la Audiencia Provincial de Cádiz.
La Delegación del Gobierno en Ceuta y el Ministerio del Interior no han facilitado, hasta la fecha, una explicación oficial sobre la disparidad de extensión y detalle entre ambos informes. Fuentes de la Guardia Civil consultadas defienden que la naturaleza de sus funciones en la frontera, centradas en el control físico del perímetro, no exige necesariamente el mismo nivel de detalle narrativo que el trabajo de inteligencia atribuido a la Policía Nacional en la zona.
Desde la Policía Nacional se ha subrayado en ocasiones anteriores la importancia de documentar con material gráfico episodios de esta naturaleza, dado su valor probatorio ante posibles investigaciones judiciales o parlamentarias. El Congreso de los Diputados constituyó en 2021 una comisión de investigación sobre la gestión de la crisis migratoria en Ceuta, cuyos trabajos no concluyeron con la aprobación de un dictamen final por falta de consenso entre los grupos parlamentarios.
El marco normativo que rige la actuación de ambos cuerpos en la frontera se recoge en la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que distribuye competencias entre Policía Nacional y Guardia Civil, y en los sucesivos convenios de colaboración entre el Ministerio del Interior y las autoridades marroquíes en materia de control migratorio, reforzados tras la crisis de 2021 con nuevos protocolos de intercambio de información fronteriza.
La instrucción del 'caso Leire' en la Audiencia Nacional continúa abierta, sin que se haya fijado fecha para la conclusión de esta fase. El juzgado instructor deberá determinar si existen indicios suficientes para procesar a los investigados, entre ellos el mando de la DAO firmante del informe sobre Ceuta, antes de que el procedimiento pueda avanzar hacia una eventual apertura de juicio oral.
Ni la Guardia Civil ni la Policía Nacional han cuestionado formalmente ante los tribunales la validez de los respectivos informes sobre la crisis ceutí, remitidos en su día tanto al Ministerio del Interior como a la comisión parlamentaria de investigación. La eventual reapertura de indagaciones sobre la coordinación fronteriza de mayo de 2021 dependerá, en última instancia, de si la instrucción del 'caso Leire' aporta elementos que obliguen a revisar la fiabilidad de la documentación generada entonces por los distintos cuerpos policiales.
