Dónde va cada euro de la campaña
El grueso del desembolso corresponde al servicio postal: 3.512.696,13 euros, con tarifas de 0,26 euros por carta en el ámbito nacional, 0,31 euros en envíos interurbanos, 1,35 euros para Europa y 1,39 euros para el resto de países, según los documentos citados. El resto se reparte entre papel (236.298,48 euros), sobres (182.661,60 euros), tintas (27.252,23 euros), impresión (59.243,62 euros) y recogida y tratamiento de la correspondencia (1.813,79 euros). El coste medio por carta se situó en 0,36 euros.
El gasto sube más que el número de envíos
La comparación entre ambas campañas evidencia que el gasto no crece en la misma proporción que el volumen de correspondencia. En 2024 se enviaron 10.679.086 comunicaciones por 3.171.683,52 euros; en 2026, 11.152.999 cartas —un 4,4% más— por 4.019.965,85 euros, un 26,7% más, según la documentación aportada por el INSS. El coste del servicio postal pasó de 2.743.453,24 euros en 2024 a 3.512.696,13 euros en 2026, lo que apunta a una subida de tarifas o a un cambio en la composición de los envíos más acusado que el mero aumento del número de pensionistas.
Una obligación legal desde 1996
El mantenimiento del papel no es una decisión discrecional del organismo, sino una obligación derivada de la Resolución de 17 de enero de 1996, que exige comunicar individualmente a cada pensionista la cuantía anterior de la prestación, el porcentaje de incremento aplicado, el nuevo importe y las retenciones correspondientes. El INSS explica que los pensionistas no están obligados a relacionarse electrónicamente con la Administración y que, salvo que hayan solicitado expresamente la notificación telemática, la resolución debe remitirse en soporte físico. Es una garantía pensada para un colectivo con menor tasa de digitalización, según reconoce el propio organismo.
Parte de la subida vuelve a Hacienda
La revalorización tiene un reverso fiscal que rara vez se explicita en el debate. Al tratarse de rendimientos del trabajo a efectos del IRPF, el incremento de la prestación puede modificar las retenciones aplicables a cada pensionista en función de su renta total y de sus circunstancias personales. En consecuencia, una parte de la subida retorna a las arcas públicas por la vía tributaria, un mecanismo que forma parte del cálculo del gasto neto real del sistema y que matiza el coste bruto de la revalorización.
El coste administrativo crece a la sombra del récord de la nómina
El aumento del gasto en notificaciones coincide con un nuevo máximo en el desembolso en pensiones. En junio de 2026, la nómina mensual de las prestaciones contributivas superó los 14.397 millones de euros, de los que 10.558 millones correspondieron a jubilación, según los datos del sistema de la Seguridad Social. Las previsiones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) apuntan a que el gasto contributivo crecerá un 5,9% adicional durante 2026, hasta rondar los 193.300 millones de euros; sumadas las pensiones no contributivas, el desembolso total superaría por primera vez los 200.000 millones anuales. En ese marco, los cuatro millones de la campaña postal representan una fracción marginal del gasto total.
Una tensión que se arrastra desde la Administración electrónica
El caso reproduce una tensión histórica entre eficiencia de costes y accesibilidad universal. Desde la implantación de la Administración electrónica con la Ley 11/2007, la reducción de costes postales figuró como objetivo declarado, pero la propia normativa reconoció la necesidad de mantener alternativas físicas para quienes no pudieran u optaran por no operar telemáticamente. El envío anual de las cartas de revalorización de pensiones, que se repite cada enero, ilustra esa dificultad para sustituir el papel en los colectivos de mayor edad, pese a más de una década de impulso a la digitalización de trámites.
El envejecimiento presiona el gasto futuro
La trayectoria del gasto está condicionada por la demografía. España figura entre los países de la Unión Europea con peores perspectivas demográficas hasta 2050, con diez provincias entre las regiones europeas con mayor previsión de envejecimiento, según los datos recogidos en el material. Ese escenario anticipa una presión adicional sobre la nómina de pensiones y, por extensión, sobre los costes administrativos ligados a su gestión, incluido el envío individualizado de notificaciones a un padrón de pensionistas en aumento.
Las posturas ante la cifra
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones no ha realizado declaraciones públicas específicas sobre el coste de la campaña, más allá de las explicaciones incluidas en la documentación de transparencia sobre la obligatoriedad legal del envío postal. Sectores críticos con la gestión del gasto público señalan el incremento del 27% en dos años como ejemplo de ineficiencia administrativa reducible mediante mayor digitalización voluntaria. En sentido contrario, cabe la defensa del canal en papel como garantía de derechos para un colectivo especialmente expuesto a la brecha digital, con un coste marginal frente a los cerca de 200.000 millones que ronda la nómina anual de pensiones.
Qué ocurrirá con la campaña de 2027
La notificación de la revalorización se repite cada enero, coincidiendo con la entrada en vigor de la subida anual de las pensiones, que en 2026 se aplicó conforme al mecanismo ligado al IPC vigente tras la reforma de 2021. De mantenerse la tendencia de los dos últimos ejercicios, el coste de la campaña de 2027 —ejecutable entre enero y febrero de ese año— podría volver a crecer, salvo que el INSS revise las tarifas postales o intensifique la adhesión voluntaria a la notificación electrónica entre los nuevos pensionistas, con mayor familiaridad digital que las generaciones jubiladas hace décadas.