El informe no se limita a cuantificar el castigo físico del pasado: también mide las actitudes actuales de la población adulta hacia la disciplina. Más de la mitad de los encuestados se muestra de acuerdo con que a los menores hay que enseñarles a obedecer desde pequeños, aunque sea con castigos, una posición que convive con la condena mayoritaria de la violencia física declarada como experiencia propia.
El estudio incorpora también el peso del lenguaje en el ámbito familiar. Un 45,4% de los participantes se muestra más bien en desacuerdo con la afirmación de que, si los padres utilizan insultos para regañar a los hijos, estos entenderán que ese es un modelo válido para resolver problemas. El sondeo no establece una relación causal entre esas actitudes y los episodios de violencia física que relatan los encuestados.
El CIS presenta este trabajo como el primero de estas características que elabora el organismo. Hasta ahora, los diagnósticos sobre castigo físico y violencia intrafamiliar procedían de organizaciones no gubernamentales o de informes sectoriales, sin un instrumento estadístico oficial de esta envergadura centrado en los recuerdos de la población adulta sobre su propia infancia.
La metodología, basada en el recuerdo retrospectivo, implica que los datos reflejan experiencias vividas en décadas distintas, desde la infancia de las generaciones de mayor edad hasta la de los adultos más jóvenes. La descripción difundida no desglosa cómo varían las cifras según el momento histórico en que cada encuestado fue menor, lo que por ahora impide determinar si el castigo físico ha disminuido entre generaciones.
El marco legal ha cambiado en esa dirección. La Ley de protección a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, aprobada en 2021, consagró el derecho de los menores a crecer libres de violencia y reforzó la obligación de denunciar de profesionales como docentes o sanitarios. Antes, la reforma del Código Civil de 2007 había eliminado la facultad de los padres de «corregir moderadamente» a los hijos, una fórmula que había amparado durante décadas el castigo físico como práctica educativa.
Los resultados llegan en un momento de revisión de distintos ámbitos de la protección social, como ilustra el reciente reconocimiento por parte de la Seguridad Social de una pensión vitalicia a hijos mayores de 45 años que cuidaron a sus padres, muestra de cómo las instituciones adaptan prestaciones a realidades familiares poco documentadas hasta ahora.
El CIS subraya que este diagnóstico permite, por primera vez con una muestra de este tamaño, cuantificar a escala nacional la prevalencia de prácticas de castigo físico y psicológico abordadas tradicionalmente de forma fragmentaria.
