El juicio quedó visto para sentencia. Es el punto final de la vista oral y el principio de la espera.
La Fiscalía Anticorrupción no pide poco. Reclama 24 años de cárcel para el exministro de Transportes, 19 años y medio para su exasesor Koldo García y 7 años para el comisionista Víctor de Aldama. Los delitos que les atribuye dibujan el esqueleto de una presunta organización criminal: pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, aprovechamiento de información privilegiada y malversación. A las penas de prisión suma multas millonarias —3,8 millones para el exministro, 3,7 para Aldama—. A este último le aplica la atenuante de confesión, porque reconoció los hechos en su escrito de defensa.
El núcleo de la acusación es nítido: los tres habrían pactado, según la Fiscalía, lucrarse aprovechando la posición y la influencia del entonces ministro para beneficiarse de la adjudicación de contratos públicos. La instrucción se ha sostenido, en buena parte, sobre los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que durante meses han ido alimentando la causa con cada nuevo hallazgo. En paralelo a la deliberación, el Tribunal Supremo mantiene a José Luis Ábalos y Koldo García en prisión provisional por riesgo de fuga. La medida la acordó en su día el instructor —prisión comunicada y sin fianza— y la Sala la ha confirmado al apreciar un alto riesgo de que el procesado decida sustraerse a la acción de la justicia, riesgo que el tribunal vincula a la gravedad de las penas solicitadas y a la solidez de los indicios acumulados.
El Tribunal Supremo asumió la causa por el aforamiento del exministro como diputado, pero en 2024 derivó a la Audiencia Nacional buena parte de las líneas de investigación, reservándose las piezas con encaje en su jurisdicción. La Audiencia examina, por su lado, posibles irregularidades en otras adjudicaciones; y en el propio Supremo permanece abierta una pieza sobre presuntos amaños en la contratación de obra pública.
Es decir: lo que ahora queda visto para sentencia es una parte del entramado, no su totalidad. El resto sigue su curso. El caso se inscribe, además, en una larga serie de macrocausas de corrupción que han jalonado la democracia española desde la Transición: de los ERE de Andalucía a la trama Gürtel, pasando por tantos otros sumarios que necesitaron años de instrucción y juicios interminables antes de llegar a una sentencia. Son procesos lentos por naturaleza, porque la complejidad probatoria que los caracteriza es también la garantía de que nada se resuelve a la ligera.
El caso mascarillas no será una excepción. Ahora le toca esperar al país, y deliberar al tribunal.
