Ramírez cuestionó que el diseño del gasto público destine una porción creciente de los recursos al pago de compromisos financieros adquiridos en años anteriores, en detrimento de partidas de salud, educación y programas sociales. La dirigente indicó que el proyecto contempla recortes en distintas instituciones del Estado, sin que el pronunciamiento de la organización precisara montos por cartera.
El BRP enmarcó esa advertencia dentro de un diagnóstico más amplio sobre el deterioro de las condiciones económicas que, a su juicio, afecta a sectores populares del país, entre ellos trabajadores informales, pequeños productores y comunidades con acceso limitado a servicios públicos. La organización agrupa a distintos sectores sociales y ha mantenido posiciones críticas frente a las políticas económicas del Órgano Ejecutivo en años recientes.
El proyecto de Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2027 debe pasar por la discusión de la Asamblea Legislativa, donde la bancada oficialista cuenta con mayoría en el Salón Azul. El calendario habitual coloca ese debate hacia finales de año, cuando las 60 curules deben pronunciarse sobre la distribución de fondos entre ministerios, alcaldías y el servicio de la deuda.
La tensión entre servicio de deuda y gasto social ha sido un punto recurrente en el debate presupuestario salvadoreño de la última década. El servicio de la deuda —compuesto por amortización de capital e intereses— ha ocupado históricamente una de las partidas de mayor peso dentro del Presupuesto General de la Nación, por delante de otros rubros sociales en determinados ejercicios fiscales, un factor seguido de cerca por organismos multilaterales y calificadoras de riesgo.
La advertencia del BRP llega en un año marcado por anuncios de inversión extranjera en energía y agua. El Órgano Ejecutivo firmó en meses recientes un memorando con el Grupo Cox por una inversión inicial de $2,900 millones en energía, agua y combustibles, un proyecto que el Gobierno ha presentado como parte de su estrategia de atracción de capital privado para infraestructura.
Esa inversión fue descrita por el presidente Nayib Bukele como parte de un paquete más amplio de compromisos, anunciado públicamente como inversión privada de $2,900 millones con un grupo español. El contraste entre el impulso a megaproyectos de inversión extranjera y las advertencias sobre recortes en el gasto social forma parte del debate que organizaciones como el BRP han planteado en los últimos meses.
Ramírez formuló sus declaraciones en un pronunciamiento público de la organización sobre el contenido del proyecto de presupuesto 2027, documento que aún debe seguir su trámite legislativo antes de su aprobación definitiva.
