La frase con la que Bukele cerró su mensaje —la decisión está en sus manos— no iba dirigida esta vez a un juez, a un fiscal ni a un diputado, sino a una estructura criminal haitiana que retiene a cuatro técnicos de aviación salvadoreños. El destinatario cambia; la gramática del ultimátum, no.
El propio mandatario se tomó la molestia de subrayar que los secuestrados no son combatientes. Son pilotos y técnicos dedicados a evacuaciones médicas, capturados mientras volvían de comprar comida en un mercado de la zona. Que necesitara aclarar que no son soldados dice algo sobre el terreno donde El Salvador puso botas y aviones: la llanura del Cul-de-Sac, donde el Estado haitiano hace tiempo dejó de ser el actor principal.
«Señores, los secuestrados no son combatientes. Son técnicos en el ámbito de la aviación que forman parte de nuestra misión en Haití, en el marco de una misión internacional», señaló el presidente Nayib Bukele.
Santo, bastión de la banda 400 Mawozo
Las operaciones se concentran en los alrededores de Santo, localidad de la comuna de Croix-des-Bouquets, bastión de la banda 400 Mawozo, con actividad atribuida también a Chen Mechan, conocida como Perro Feroz. Participan la Policía Nacional de Haití, la fuerza multinacional GSF y, desde el aire, el Ejército salvadoreño. Es una guerra de siglas contra un enemigo que no firma comunicados ni responde a advertencias en redes, lo que plantea una pregunta que el relato oficial no resuelve: ¿a quién le habla Bukele cuando promete que «todo volverá a ser como antes»?
Antes del secuestro ya había tiroteos y explosiones. Los enfrentamientos se intensificaron precisamente tras la emboscada del 18 de octubre contra un vehículo de la misión, que derivó en la desaparición de los cuatro salvadoreños. El Salvador no desplegó allí su personal por capricho: lo hizo dentro de un esfuerzo internacional, el mismo marco que ahora exige que la respuesta al secuestro también sea coordinada y no unilateral.
Ahí aparece el segundo registro del Gobierno, menos marcial que el del presidente: el de la embajadora Egriselda López ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Su intervención no amenaza; pide. Reclamó reforzar la coordinación entre las partes y movilizar inteligencia, vigilancia, movilidad, comunicaciones y atención médica. Es el lenguaje de quien sabe que un ultimátum televisado no sustituye a un operativo de rescate bien planeado.
«El Salvador condena enérgicamente este ataque contra nuestro personal desplegado y expresa su profunda preocupación por la situación de nuestros cuatro compatriotas, mientras continúan los esfuerzos para establecer contacto con ellos y determinar su paradero», declaró Egriselda López, embajadora de El Salvador ante la ONU.
El contraste entre ambos discursos no es necesariamente una contradicción: puede ser la división del trabajo entre quien proyecta firmeza hacia adentro y quien teje consensos hacia afuera. Pero retrata cómo el Gobierno salvadoreño comunica sus crisis, con un pie en la advertencia inflexible que ya mostró cuando cuestionó a organismos internacionales negándose a «negociar con los grupos terroristas», y otro en los canales multilaterales que, cuando conviene, sí se activan.
Lo que no admite matiz es lo que está en juego: cuatro vidas, atrapadas entre la lógica del ultimátum y la de la coordinación internacional, en un territorio donde ninguna de las dos ha demostrado todavía ser suficiente. Bukele fue claro sobre el final que busca: que sus compatriotas «vuelvan a casa» vivos. Sobre cómo se llega hasta ahí, el Gobierno sigue hablando en dos idiomas a la vez.
