El jueves de las tres declaraciones: cuando la justicia, la economía y la política convergen en una jornada que definirá el rumbo de España durante los próximos meses

Lo primero que exige este jueves es una distinción que la vorágine informativa tiende a difuminar pero que es esencial para comprender lo que está ocurriendo: los dos juicios que acaparan la atención — Koldo en el Supremo y Kitchen en la Audiencia Nacional — pertenecen a épocas distintas, a partidos distintos y a dinámicas de corrupción distintas, pero su simultaneidad revela un patrón que debería inquietar a cualquier ciudadano que crea en las instituciones. El caso Koldo describe una trama de comisiones vinculada al PSOE y al Gobierno de Pedro Sánchez durante y después de la pandemia. El caso Kitchen describe una operación de espionaje policial vinculada al PP y al Gobierno de Mariano Rajoy durante la era Gürtel. Uno es de centroizquierda, otro es de centroderecha. Uno involucra mascarillas y contratos públicos, otro involucra papeles de Bárcenas y fondos reservados. Pero ambos comparten una estructura que se repite como un leitmotiv de la política española: la utilización del poder del Estado — sus contratos, su policía, sus instituciones — para proteger los intereses del partido en el gobierno, en perjuicio del interés general y al margen de los controles democráticos que existen precisamente para evitar que el poder se convierta en impunidad.

La declaración de Aldama del miércoles ha introducido un elemento que cambia cualitativamente la naturaleza del caso Koldo. Hasta ayer, la trama se circunscribía a un exministro, su asesor y un empresario intermediario. A partir de las seis horas de declaración en las que Aldama señaló directamente al presidente del Gobierno como «el número uno», el caso ha dado un salto que trasciende lo judicial para instalarse en lo constitucional. Si las acusaciones de Aldama son ciertas — y hasta que no se presenten las pruebas documentales que ha prometido, son solo palabras de un coacusado interesado en reducir su pena —, España tendría un presidente en ejercicio que lideró una organización criminal desde La Moncloa, un escenario que no tiene precedentes en la democracia española y que plantearía una crisis institucional de proporciones inimaginables. Si las acusaciones son falsas, España tendría un acusado que utiliza la tribuna del Tribunal Supremo para fabricar conspiraciones contra el presidente del Gobierno como estrategia de defensa, lo que plantearía un problema distinto pero igualmente grave sobre los límites del derecho de defensa y las responsabilidades de quienes difunden acusaciones infundadas contra las más altas instituciones del Estado.

Kitchen, por su parte, ha alcanzado ayer con la declaración de Morocho un nivel de gravedad institucional que hasta ahora solo se intuía. Que un inspector de policía condecorado declare ante un tribunal que sus superiores le presionaron para no investigar al presidente del Gobierno, que le ofrecieron un puesto a cambio de entregar informes confidenciales y que le ordenaron torpedear una investigación judicial legítima, no es un episodio menor ni una anécdota administrativa: es la descripción de un Estado policial dentro del Estado democrático, una estructura de poder paralela que utilizaba los recursos públicos para proteger a los gobernantes en lugar de investigarlos. Lo que Morocho ha descrito no es corrupción en el sentido estricto del término — no habla de dinero sino de poder —, pero es algo potencialmente más peligroso: la subordinación de las fuerzas de seguridad a los intereses del partido en el gobierno, la conversión de la policía en un instrumento político y la destrucción de la independencia de los cuerpos de investigación que son el primer eslabón de la cadena judicial.

El frenazo económico que confirma esta mañana el dato del PIB añade una dimensión material a una crisis que hasta ahora era predominantemente judicial y política. El 0,6% de crecimiento trimestral no es, en sí mismo, un dato alarmante: España sigue creciendo por encima de la media europea y el mercado laboral mantiene una fortaleza que sorprende incluso a los optimistas. Pero la tendencia es descendente, la composición del crecimiento se deteriora y los factores que explican la desaceleración — el encarecimiento del petróleo por el bloqueo de Ormuz, la debilidad de la inversión, la moderación del consumo — no van a mejorar a corto plazo. El petróleo a 113 dólares es un impuesto encubierto que grava a cada familia española con cientos de euros anuales en gasolina, calefacción y alimentos más caros, una transferencia de renta hacia los países exportadores que reduce el nivel de vida de los ciudadanos sin que el Gobierno pueda hacer nada por evitarlo. Y el Euríbor al 2,742% es un recordatorio mensual para cuatro millones de familias hipotecadas de que las condiciones financieras se han endurecido y de que cada punto básico de subida se traduce en menos dinero disponible para el consumo, el ahorro o la inversión.

La huelga médica que termina hoy sin un solo avance en la negociación sobre el Estatuto Marco es, quizás, la metáfora más dolorosa de la incapacidad del sistema político español para abordar los problemas estructurales que afectan directamente a la vida de los ciudadanos. 223.274 actos médicos suspendidos son 223.274 personas que no fueron atendidas, que vieron aplazada una consulta, una prueba o una cirugía que necesitaban. Detrás de cada cifra hay un rostro, una angustia, una patología que avanza mientras los políticos discuten sobre categorías profesionales y los sindicatos calculan porcentajes de seguimiento. La huelga ha demostrado que los médicos pueden parar el sistema sanitario; lo que no ha demostrado es que parar el sistema sanitario sirva para cambiarlo. Tres meses de movilizaciones — febrero, marzo, abril — y el Ministerio de Sanidad sigue ofreciendo las mismas «mejoras complementarias» que los sindicatos rechazaron hace ocho semanas. La CESM pide ahora que sea Sánchez quien intervenga, pero el presidente tiene esta mañana otras prioridades judiciales que atender.

La derrota del decreto de alquileres en el Congreso ilustra otro aspecto de la crisis múltiple que vive España: la parálisis legislativa de un Gobierno en minoría que no puede aprobar sus propias medidas porque la aritmética parlamentaria le es adversa y porque los socios que necesita para sumar mayorías — Junts, PNV, ERC — tienen agendas propias que no siempre coinciden con la del Ejecutivo. Que 177 diputados voten contra la protección de los inquilinos en un país donde el precio del alquiler ha subido un 11% en un año y donde la vivienda es la primera preocupación de los jóvenes menores de 35 años, no es solo una derrota parlamentaria: es un síntoma de un sistema político que ha perdido la capacidad de producir políticas públicas que respondan a las necesidades de la ciudadanía porque el juego de alianzas y vetos ha convertido el Parlamento en un espacio donde es más fácil destruir que construir.

Y mientras todo esto ocurre en Madrid — en el Supremo, en la Audiencia Nacional, en el Congreso, en los hospitales —, Andalucía se prepara para una campaña electoral que decidirá el mapa político del sur de España durante los próximos cuatro años. Las encuestas dibujan un horizonte en el que el PP de Moreno podría alcanzar la mayoría absoluta, una perspectiva que reforzaría la posición del centroderecha en el tablero nacional pero que también plantea interrogantes sobre la salud democrática de un sistema en el que un solo partido puede gobernar sin contrapesos parlamentarios en la comunidad más poblada del país. La campaña será corta — diecisiete días — pero intensa, y se desarrollará bajo la sombra de los juicios de corrupción, el frenazo económico y la crisis social que este jueves ha condensado en unas pocas horas.

Este editorial no pretende ofrecer respuestas — las respuestas las darán los tribunales, los datos económicos, las urnas y la capacidad de los actores políticos para anteponer el interés general a la supervivencia partidista —, sino formular la pregunta que subyace a todas las crisis que confluyen este jueves: ¿es posible que un país funcione normalmente cuando sus dos principales partidos están siendo juzgados simultáneamente por corrupción, cuando la economía se desacelera por una guerra que nadie puede detener, cuando los médicos paran porque no pueden más, cuando los inquilinos se quedan sin protección porque el Parlamento no es capaz de aprobar un decreto, y cuando la próxima cita electoral se celebra en un clima de hartazgo institucional que las encuestas registran pero que nadie se atreve a nombrar? La respuesta, probablemente, es que no: no es posible que funcione normalmente, y de hecho no funciona normalmente. Lo que sí es posible — y es lo que este periódico defenderá siempre — es que las instituciones hagan su trabajo: que los tribunales juzguen con independencia, que el Gobierno gobierne con responsabilidad, que el Parlamento legisle con sentido común, que los médicos atiendan con dignidad y que los ciudadanos voten con información. Hoy, más que nunca, cada una de esas exigencias parece una utopía. Pero las democracias no se construyen sobre certezas: se construyen sobre la obstinación de quienes insisten en exigir lo imposible hasta que lo imposible se convierte en lo normal.