Aceptemos la primera premisa: existe algo que se llama justicia militar y que, hasta hoy, no es del todo la justicia de todos. La cúspide está en la Sala Quinta del Tribunal Supremo, la ley que la regula es la Orgánica 4/1987, y su existencia se justifica por unas «peculiaridades propias» que la Fiscalía, con exquisito cuidado, pide respetar mientras la reforma. Bien. No discutamos las peculiaridades. Asumamos que un ejército necesita su propio derecho porque la disciplina es cosa delicada y no se administra igual un cuartel que una comunidad de vecinos. Vamos aceptando.
Aceptemos la segunda: la cosa funciona razonablemente. Lo dice la propia Memoria. El índice de criminalidad militar sigue muy por debajo de los niveles previos a 2017, cuando empezó un descenso «notable». En 2025 hubo 148 condenas, un 8,36% menos que el año anterior; 115 con pena, 33 absolutorias. Cifras contenidas, tendencia a la baja, todo bajo control. Si el sistema arroja estos números, uno diría que no hay incendio. Concedámoslo también: no hay incendio. Hay, si acaso, un olor a humo que conviene mirar de cerca.
Aceptemos la tercera, que es la interesante. ¿De qué se condena, exactamente, en esa justicia serena y descendente? De abuso de autoridad, sobre todo: los delitos contra la disciplina concentran 29 condenas, el 20,56% del total, la categoría más numerosa del año. Y detrás, con 23 condenas y el 16,31%, los delitos contra los derechos fundamentales, un tipo penal que la propia Fiscalía caracteriza por la ausencia de relación jerárquica entre autor y víctima. Trato degradante, acoso, abuso sexual entre personal del mismo empleo. La categoría, precisa la Memoria, se mantiene y en casación mantiene «una tendencia al alza». Aceptado. Sigamos aceptando, que ya casi llegamos.
Y aceptemos la cuarta, que es donde el argumento oficial se pone verdaderamente valiente. La Fiscalía no solo quiere acercar el procedimiento: quiere recuperar en el Código Penal Militar los delitos contra la Administración de Justicia en el ámbito castrense, una figura que «quedó fuera» del articulado vigente y que considera necesario restablecer. Deténgase usted un segundo en la frase. Quedó fuera. Es decir: existía un delito para castigar a quien torciese la justicia dentro del cuartel, y en algún momento, sin escándalo ni titulares, desapareció del texto. Alguien lo sacó. Nadie lo repuso. Y hemos vivido así, tan tranquilos, hasta que la Fiscalía cae en la cuenta y pide traerlo de vuelta.
Escribió Larra que «escribir en España es llorar», y lo escribió porque había comprendido que en este país las cosas no se prohíben: se dejan de mencionar, que es más discreto y dura más. El precedente lo tenemos en casa, en la Transición, cuando se acordó que había asuntos que no se tocaban para que la maquinaria no se atascase; y lo que no se toca, con el tiempo, se convierte en lo que no existe. Un delito que «queda fuera» del código no es un olvido del legislador. Es una decisión de alguien, tomada un día concreto, para que ciertas conductas dejaran de tener nombre penal. La Fiscalía no dice quién. La Memoria tampoco. Solo constata el hueco y pide llenarlo.
Ahora júntelo usted todo, que es donde revienta solo. Tenemos una jurisdicción que se enorgullece de sus números a la baja. Tenemos, dentro de esos números, que lo más castigado es el abuso de la autoridad de unos sobre otros y la vejación entre iguales. Y tenemos que, hasta que la Fiscalía lo reclama, no había delito específico para el que manipulase la justicia de ese mundo desde dentro. De modo que la conclusión que sale del propio razonamiento oficial es esta, y no la firma nadie: durante años, la justicia militar ha podido juzgar el abuso de poder sin disponer de la herramienta legal para castigar a quien abusara del poder de juzgar. Un sistema que persigue el abuso de autoridad y que, a la vez, había dejado desarmada a la propia autoridad que persigue. La serenidad de las estadísticas empieza a explicarse: es más fácil que las cifras bajen cuando falta el tipo penal que las haría subir.
Y no es teoría de sobremesa. La Memoria misma señala las costuras: la justicia militar revocó el procesamiento del principal mando en el caso Cerro Muriano, y la Justicia europea condenó a España por censurar a un militar crítico con la Constitución. Dos episodios que, dice el documento con encomiable candor, «una mayor homologación procesal buscaría reducir». Traduzcamos la frase al idioma de usted: cuando la casa se juzga a sí misma, tiende a absolverse, y de eso hablan las fricciones. La Fiscalía ha diagnosticado con precisión de cirujano por qué el club conviene abrirlo. Lo que no ha hecho —porque no le toca— es abrirlo. La reforma no fija plazos ni calendario. Corresponde al Gobierno y a las Cortes Generales decidir si la tramitan, y la Memoria, dice el texto, no anticipa compromiso alguno.
Ahí queda, entonces, la costumbre española por excelencia: el diagnóstico impecable seguido del silencio administrativo, la propuesta que nadie rechaza porque nadie piensa recogerla, el expediente que se archiva sin necesidad de negarlo. Concedido todo, de la primera premisa a la última: la reforma es buena, urgente y razonable. Solo falta un detalle, el de siempre, el que convierte la buena idea en nota a pie de página. La Fiscalía ha pedido reparar el hueco. La pelota está, textualmente, en el Gobierno y en las Cortes Generales. Así que la pregunta no es si la justicia militar debe parecerse a la de usted. Eso ya está respondido. La pregunta es quién, con nombre y firma, va a poner en el registro de las Cortes el papel que devuelva al código el delito que alguien, un día, dejó caer fuera. ¿Quién?
