El Estado le dice al contribuyente exactamente qué comprará —drones, grúas, paneles solares, comedores, comida para perros—, pero le niega, con la misma pluma, el derecho a saber cuánto costó cada cosa y a quién se le pagó. La resolución declara reservado y confidencial "toda la información, documentación, planes operativos y registros contables vinculados a la ejecución financiera" del fondo, creado bajo el paraguas del Ministerio de Seguridad Pública pero administrado por el Servicio Nacional Aeronaval.
Que la lista de compras incluya, en el mismo párrafo burocrático, escáneres de rayos X y útiles de cocina no es un detalle menor: es la fotografía de cómo se diluye la rendición de cuentas cuando todo cabe bajo el mismo paraguas de la reserva. En la Asamblea Nacional, el tema ha sido objeto de múltiples discursos de diputados de las bancadas Seguimos y Vamos. Duke sostuvo que la seguridad nacional puede justificar la confidencialidad de determinados asuntos, pero advirtió que la reserva no debería extenderse al manejo del dinero.
"Cuánto se gasta, cómo se gasta, a quién se le está pagando. Esa es información que yo creo que todo el mundo puede saber y tiene que saber", argumentó el diputado Luis Duke, de Vamos.
La pregunta de Jhonathan Vega
En la Comisión de Presupuesto, el diputado Jhonathan Vega, también de Vamos, cuestionó qué ley faculta a un ministerio para tomarle fondos operativos a una entidad autónoma, de rango constitucional y patrimonio propio, y ponerlos bajo la administración de un cuerpo de seguridad ajeno a su organigrama. Ábrego pidió al viceministro Luis Felipe Icaza que respondiera, pero la explicación se concentró en cómo circularía el dinero —una cuenta única del Tesoro, supervisión de la Contraloría General y del MEF, auditoría de la Autoridad del Canal de Panamá— y no en el fundamento jurídico de la operación.
El mecanismo, sin embargo, no lo inventó este gobierno. Ábrego recordó ante los diputados que tras la firma de los tratados Torrijos-Carter en 1977 y la reversión del Canal en 1999, la ACP giraba entre $2 millones y $3 millones anuales a la Policía Nacional para equipar a los agentes de la zona de policía del Canal, hasta que un acuerdo del MEF concentró los excedentes de la vía en una sola cuenta estatal y cerró aquel canal directo. "No es primera vez que el Canal de Panamá otorga fondos" a una fuerza de seguridad ajena a su organigrama interno, dijo el ministro.
El cálculo de $200 millones de 2023
La cifra, esta vez, es más discreta que aquel cálculo de $200 millones que se manejó en 2023, bajo el gobierno de Laurentino Cortizo (2019-2024), y que el propio Ábrego calificó de "exagerada". Según relató el ministro, las conversaciones entre la ACP y el Ministerio de Seguridad arrancaron ese año, motivadas por las guerras en Medio Oriente y la invasión de Rusia a Ucrania; el presidente José Raúl Mulino pidió al asumir, en julio de 2024, que continuaran. El acuerdo final fija $12,992,000 anuales durante tres años.
A partir de enero de 2025 se sumó un factor que nadie vio venir: el interés del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por retomar el control de la vía que su país devolvió a Panamá en 1999, con el argumento —negado sostenidamente por las autoridades panameñas y la ACP— de que China controlaba su operación. "El Canal es y seguirá siendo de Panamá", replicó Mulino en distintos foros. En abril de 2025, el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, firmó una declaración conjunta con la ACP que, según él, garantizaba a los buques militares de su país "acceso libre y primero" por la vía interoceánica.
El ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, aclaró que no se trataba de un paso sin costo, sino de un sistema de compensación por servicios inspirado en acuerdos con el Minseg. Ábrego no mencionó ese trato durante su conversación con los diputados. El contexto geopolítico que sí invocó sirve de justificación a un fondo cuya ejecución nadie fuera del círculo administrativo podrá auditar en tiempo real, un mecanismo que este medio ya situó en la línea de los debates sobre el papel del Canal en el referente que no se compara.
Los diputados de la bancada Seguimos —Betserai Richard, Grace Hernández y Ernesto Cedeño— y los de Vamos —Vega y Duke— han insistido en que la reserva de seguridad no debería contaminar la fiscalización del gasto. La resolución, tal como quedó publicada en la Gaceta Oficial 30611-A el 14 de septiembre, mantiene bajo confidencialidad los registros contables del fondo.