El dato aportado por Romero Gutiérrez no distingue, según lo informado, entre bajas por faltas administrativas, procesos penales en curso o cambios de adscripción, lo que deja sin resolver cuántos de esos casos derivarán en sanciones firmes o consignaciones ante la Fiscalía General de la República (FGR). Tampoco se precisó si los elementos militares removidos —adscritos a labores de resguardo y revisión bajo el esquema de participación castrense— enfrentan procedimientos ante la justicia militar o civil.
La proporción señalada por el titular sugiere una plantilla aduanera nacional del orden de las 13 mil o 14 mil personas, aunque el organismo no desglosó la cifra exacta de empleados activos antes de abril ni ofreció un corte por aduana o entidad federativa. Sin ese desglose, resulta difícil dimensionar si la depuración se concentró en puntos de alto tránsito comercial, como Nuevo Laredo, Manzanillo o Veracruz, o se distribuyó de forma pareja entre las 50 aduanas del país.
Las aduanas mexicanas han sido señaladas de manera reiterada como punto de fuga fiscal y de tránsito de mercancía ilícita, desde el llamado huachicol fiscal hasta el contrabando de precursores químicos. La creación de la ANAM en 2024, separada del Servicio de Administración Tributaria (SAT), respondió a la intención de dotar de mando unificado y control militar a estas instalaciones, en línea con la estrategia federal de involucrar a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en la vigilancia aduanera.
No es la primera vez que una autoridad federal anuncia una remoción de personal aduanero de esta escala. En el sexenio anterior se documentaron rotaciones de administradores de aduanas tras escándalos ligados al robo de combustible y a la salida de contenedores sin revisión. La diferencia, en este caso, es que la cifra de mil 400 removidos se enmarca ya en la operación consolidada de la ANAM como agencia con mando propio, y no en un rediseño institucional en curso.
Separación del cargo no equivale a sanción penal
La ANAM no detalló, en la información disponible, si los mil 400 funcionarios separados fueron denunciados penalmente, si enfrentan procedimientos ante el Órgano Interno de Control o si concluyeron su relación laboral sin consecuencias adicionales. Esa distinción es relevante porque, bajo el marco legal vigente, la separación de un cargo público no equivale a una sanción penal ni a una determinación de responsabilidad: cualquier funcionario señalado conserva la presunción de inocencia hasta que un tribunal competente resuelva lo contrario.
El fenómeno de la corrupción aduanera no es exclusivo de México: gobiernos de la región han enfrentado presiones para modernizar sus sistemas de revisión y trazabilidad de mercancías, bajo el argumento de que la digitalización y el uso de inteligencia artificial pueden reducir el margen de discrecionalidad humana en los puntos de cruce. La experiencia de sectores como el asegurador, donde la inteligencia artificial ha reducido a 8 minutos trámites que antes tomaban 20 horas, ilustra el tipo de automatización que distintas dependencias han evaluado incorporar para blindar procesos susceptibles de corrupción.
El anuncio de la ANAM coincide con un momento en que distintas investigaciones periodísticas han puesto el foco en el manejo de recursos públicos y redes de influencia dentro del aparato estatal. En días recientes se han documentado casos como el de una red de negocios vinculada a Andy López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, o señalamientos sobre presuntas rentas del Poder Judicial de la Federación vinculadas a Adán Augusto López Hernández.
La comparación no implica vínculos entre esos casos y la remoción de personal aduanero, pero refleja un momento en que el escrutinio sobre los mecanismos de control interno de las dependencias federales se ha extendido desde aduanas hasta gobiernos municipales, como el del alcalde de Tepeapulco, Hidalgo, que denunció un quebranto de 100 mdp en la comuna.
Persisten interrogantes sobre el seguimiento judicial de los mil 400 casos: si la FGR abrió carpetas de investigación, si algún funcionario ha sido vinculado a proceso ante un juez de control por delitos como cohecho o tráfico de influencias, o si las bajas se resolvieron exclusivamente en el ámbito administrativo interno de la ANAM. El material disponible no permite establecer ese estatus procesal, por lo que cualquier afirmación sobre responsabilidad penal de los funcionarios separados sería prematura.
Lo que queda establecido, según lo informado por el titular de la ANAM, es la magnitud de la rotación: mil 400 personas, civiles y militares, fuera de las aduanas del país en apenas cinco meses, la depuración de personal más amplia reportada públicamente por el organismo desde su creación en 2024.