Según el recuento del propio alcalde, la revisión de las cuentas municipales al llegar al cargo arrojó una serie de anomalías que abarcan tanto el periodo de González Quiroz como el de Ortega López, su antecesora. Entre los casos señalados con mayor detalle destaca la compra de un camión vactor, dos camiones compactadores de basura, ocho drones de gran tamaño y alrededor de 40 cámaras corporales destinadas a elementos de Seguridad Pública municipal.
Para esa adquisición específica, indicó Ávila, se destinaron 28 mdp del erario municipal, recursos que —de acuerdo con su versión— habrían sido ejercidos con sobreprecios respecto al valor real de los equipos. El alcalde afirmó que buena parte de ese material solo fue exhibido públicamente para la toma de fotografías oficiales y que, después de esa presentación, no volvió a tener rastro dentro del inventario del ayuntamiento.
Al no localizarse los bienes dentro del patrimonio municipal, la actual administración presentó una denuncia formal ante la Procuraduría de Justicia de Hidalgo, con el propósito de que la instancia investigue el destino final de esos recursos y determine si hubo responsabilidad penal de servidores públicos involucrados en la operación de compra. En paralelo, según el edil, se ordenó una auditoría interna para reconstruir el ejercicio del gasto y establecer cuántos recursos se comprometieron en cada adquisición, quiénes autorizaron los contratos y bajo qué procedimiento de adjudicación se realizaron las compras.
El caso del equipo de seguridad y recolección de basura no es, según el alcalde, el único foco de irregularidades detectado. Al sumar otras observaciones financieras identificadas tras la revisión de cuentas, el quebranto total estimado por la actual administración asciende a alrededor de 100 mdp, cifra que aún no cuenta con una determinación de un órgano fiscalizador externo.
El edil indicó que, en conjunto, ya se han presentado al menos ocho denuncias ante autoridades judiciales por las distintas presuntas irregularidades detectadas, y subrayó que corresponde a esas instancias —no al ayuntamiento— determinar la responsabilidad penal de quienes participaron en el manejo de los recursos.
Como parte de las consecuencias administrativas ya aplicadas, Ávila señaló que al menos siete exservidores públicos fueron separados de sus cargos dentro del ayuntamiento por su presunta relación con las anomalías detectadas, aunque no precisó si esas separaciones derivaron en procesos de responsabilidad administrativa formal ante el órgano interno de control municipal.
El propio alcalde subrayó que el fallecimiento de González Quiroz, ocurrido hace siete meses y que motivó su llegada al cargo, no representaría un obstáculo para que las investigaciones avancen, toda vez que en los procedimientos de adjudicación y en la documentación administrativa de las compras participaron otros servidores públicos que continúan activos o localizables. Aseguró que su administración pondrá a disposición de las instancias fiscalizadoras y de las autoridades ministeriales toda la documentación que le sea requerida.
Un patrón de fiscalización al cambio de gobierno
Los quebrantos municipales detectados al inicio de nuevas administraciones no son inéditos en Hidalgo ni en el resto del país: la fiscalización de recursos públicos suele intensificarse en los primeros meses de cada gobierno local, cuando las nuevas autoridades revisan inventarios, contratos y estados de cuenta heredados de la gestión saliente. Ese ejercicio se apoya en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en las auditorías que practican las entidades superiores de fiscalización estatales, así como en la Auditoría Superior de la Federación (ASF) cuando hay recursos federales de por medio.
El marco de responsabilidades en México distingue tres vías que pueden correr en paralelo: la administrativa, a cargo de los órganos internos de control; la penal, en sede de las fiscalías o procuradurías estatales; y la resarcitoria, cuando la fiscalización determina un daño al erario que debe reintegrarse. La revisión de la Cuenta Pública municipal por parte del órgano fiscalizador estatal es el instrumento formal para acreditar o descartar el quebranto que hoy denuncia el ayuntamiento.
Antecedentes de irregularidades detectadas en cierres de administración han sido recurrentes en municipios hidalguenses y de otras entidades, donde la entrega-recepción de la gestión saliente se convierte en el punto de partida de denuncias por bienes no localizados o contratos con presuntos sobreprecios. La particularidad de Tepeapulco es que el señalamiento involucra tanto a un presidente municipal fallecido como a una exalcaldesa, lo que reparte el foco de las investigaciones en dos gestiones distintas.
El desenlace del caso dependerá ahora del avance de las ocho denuncias en sede judicial y de los resultados de la auditoría anunciada por el ayuntamiento. Ni la Procuraduría de Justicia de Hidalgo ni los exfuncionarios señalados —incluida la exalcaldesa Ortega López— han hecho pronunciamientos públicos sobre las acusaciones hasta el momento, por lo que las imputaciones formuladas por Ávila permanecen en la fase de investigación ministerial, sin que exista aún una determinación judicial sobre responsabilidades penales.