El texto insta a las autoridades nicaragüenses a establecer condiciones para "la celebración de elecciones libres, justas e inclusivas", recuperar la separación de poderes, divulgar el paradero de los desaparecidos y devolver la nacionalidad a quienes fueron despojados de ella. No incluye sanciones concretas contra el gobierno de Ortega y su esposa, Rosario Murillo. La resolución fue impulsada por Estados Unidos, Argentina, Colombia, Paraguay, Perú y República Dominicana.
Alejandro Encinas, representante permanente de México ante la OEA, catalogó como graves las declaraciones de Ortega sobre que en Nicaragua no habrá más elecciones, pero marcó distancia con el fondo de la resolución.
"México reitera que no considera que la situación interna de Nicaragua constituye una amenaza a la paz y la seguridad de este hemisferio", declaró Alejandro Encinas, representante permanente de México ante la OEA.
El representante mexicano precisó que el país "no acompaña la resolución" sobre Nicaragua, pero sí está dispuesto a "acompañar" los esfuerzos que lleven a una solución. La postura coincide con la de Brasil, que había votado en contra de convocar la reunión y subrayó su oposición a cualquier referencia que señale a Nicaragua como "una posible amenaza a la paz y a la seguridad regionales".
La convocatoria evidenció las fisuras hemisféricas: solo siete de los 34 Estados miembros enviaron a sus cancilleres —Guatemala, Paraguay, Jamaica, Perú, República Dominicana, Santa Lucía y Haití—, mientras el resto mandó delegados de menor rango. La OEA no reunía a los ministros de Exteriores desde 2019, cuando abordó la crisis política y de derechos humanos en Venezuela.
El organismo decidió actuar después de que Ortega declarara el pasado 19 de julio que en Nicaragua no habría más elecciones, tras lo cual el gobierno impulsó una reforma constitucional para impedir la participación electoral de personas consideradas "traidores a la patria", en referencia a la oposición. La resolución también crea un grupo ministerial de seguimiento que deberá establecer un diálogo con las autoridades y la oposición y presentar recomendaciones en un plazo de 90 días.
Durante el encuentro, el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, denunció que la "dictadura" de Nicaragua vetó a la nueva embajadora de EU en el país, Natasha Franceschi, ratificada el miércoles por el Senado. El canciller dominicano, Víctor 'Ito' Bisonó, anunció el cierre de la embajada de su país en Managua mientras "persistan las condiciones" de deterioro democrático. El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, pidió a los Estados miembros actuar con herramientas como restricciones financieras y de viaje para ciertas autoridades.
La reunión transcurrió sin representantes de Nicaragua, que abandonó el organismo en 2023 por orden de Ortega. El grupo ministerial de seguimiento deberá presentar sus recomendaciones dentro de 90 días.