Los testimonios notariales, fechados en 2011 y 2023, acreditarían el carácter de propietario de Olán Aparicio sobre dos predios en Villahermosa: uno en Prolongación de Paseo Usumacinta 1122 y otro en Andador Gonzalo Ruiz Ruiz 108. Ambos trámites, de acuerdo con la documentación, fueron formalizados ante la licenciada Adela Ramos López y el licenciado Gonzalo Humberto Medina Pereznieto, adscritos a la Notaría 27, de la que es titular López Hernández. La relación entre ambos personajes se remonta al menos 12 años atrás.
Según el contrato de arrendamiento identificado como VILLAHERMOSACTO01_2025, en el caso del segundo predio la notaría dio fe de una fusión de terrenos y de un contrato de donación gratuita mediante el cual Olán Aparicio obtuvo la propiedad que después puso en renta al PJF para alojar los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Décimo Circuito. Respecto al primer inmueble, se hizo constar el contrato de compraventa correspondiente.
De acuerdo con la información entregada por el OAJ tras una solicitud de acceso a la información, entre mayo de 2023 y mayo de 2026 el Consejo de la Judicatura Federal y, posteriormente, el propio OAJ pagaron 18,475,894 pesos por concepto de renta y mantenimiento del inmueble. A esa cifra se sumarían al menos 40 mdp correspondientes a los cinco años de vigencia del primer contrato de arrendamiento, firmado en 2018, para un total documentado de al menos 58 mdp.
El OAJ entregó 57 comprobantes de transferencias electrónicas realizadas al empresario en ese periodo, aunque no proporcionó las facturas correspondientes a algunos meses, lo que deja abierta la posibilidad de que el monto total pagado sea mayor al documentado hasta ahora. La respuesta llegó tres meses después de la solicitud, presentada en junio de 2026.
Olán Aparicio es identificado como cercano a Andy López Beltrán, hijo del expresidente López Obrador y actual aspirante a una diputación federal por Morena, a quien el gobierno de Estados Unidos le retiró la visa en fechas recientes. El empresario tabasqueño también ha sido señalado por su vínculo con diversas empresas que habrían obtenido contratos públicos durante los gobiernos identificados con la 4T.
Adán Augusto López Hernández, senador de Morena en la LXVI Legislatura, fue secretario de Gobernación durante buena parte del sexenio de López Obrador y uno de sus colaboradores de mayor confianza, al punto de que el expresidente llegó a referirse a él como su "hermano". En su conferencia matutina del 8 de junio de 2023, López Obrador recordó la relación de la familia López Hernández con el movimiento: "Conozco a toda su familia. Su papá, ya lo he dicho aquí, era notario y era el único que aceptaba ir a levantar un acta cuando estábamos en la oposición", afirmó.
La Notaría 27 de Tabasco, bajo la titularidad de López Hernández, ha sido mencionada en otros expedientes de interés público. En octubre de 2025, según reveló EL UNIVERSAL, esa misma notaría dio fe de instrumentos jurídicos vinculados a empresas relacionadas con Hernán Bermúdez Requena, señalado como presunto líder de la organización criminal conocida como La Barredora, así como con firmas asociadas a la red conocida como La Estafa Maestra.
El OAJ tampoco se ha pronunciado sobre el proceso mediante el cual se seleccionó el inmueble como sede de los tribunales laborales del Décimo Circuito.
El marco que rige los arrendamientos judiciales
El marco normativo que rige estos contratos corresponde a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y a los lineamientos de adquisiciones, arrendamientos y servicios del propio PJF, que exigen justificar la necesidad del inmueble, acreditar la propiedad o representación legal del arrendador y sujetar el pago a tarifas de mercado verificadas por peritos. La reforma judicial de 2024 trasladó buena parte de estas funciones administrativas del entonces Consejo de la Judicatura Federal al nuevo Órgano de Administración Judicial, en operación desde 2025.
La contratación entre dependencias públicas y particulares con vínculos políticos no es inédita en la vida pública mexicana. La llamada Estafa Maestra, documentada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en 2017 sobre desvíos ejercidos mediante universidades públicas y empresas fantasma, marcó un precedente sobre el uso de figuras contractuales para beneficiar a redes de allegados al poder, y motivó el fortalecimiento de las obligaciones de transparencia que hoy permiten documentar casos como el de Villahermosa.
La Fiscalía General de la República (FGR) no ha abierto, hasta donde se tiene conocimiento, una carpeta de investigación específica sobre este contrato, y tampoco existe pronunciamiento de la ASF sobre el gasto ejercido por el PJF en este rubro durante el periodo señalado. La omisión parcial de comprobantes fiscales por parte del OAJ podría motivar un recurso de revisión ante el órgano garante de transparencia, conforme a los plazos que marca la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
El expediente se suma al escrutinio sobre los vínculos entre figuras del entorno cercano a la familia López Obrador y contratos con dependencias federales, en un momento en que Andy López Beltrán compite por una curul en San Lázaro y el propio López Hernández ocupa un escaño en la bancada morenista del Senado. El papel de la Notaría 27 en la formalización de instrumentos jurídicos con relevancia pública quedará sujeto a las respuestas que ofrezcan las partes y a la eventual actuación de las instancias de fiscalización.