La primera investigación se inició tras la localización de una embarcación de tipo lancha rápida o casco encallada en un saliente rocoso de la zona costera de Benzú, en Ceuta. Los agentes que inspeccionaron la nave detectaron daños y signos de desgaste compatibles con una navegación a alta velocidad, lo que llevó a sospechar que había sido utilizada recientemente para el tráfico de personas, aunque en esta ocasión no llegó a completar su cometido al quedar varada antes de recoger a los inmigrantes.
A partir de ese hallazgo, los investigadores reconstruyeron el modus operandi de una organización que, según la Policía, operaba de forma coordinada entre Ceuta y La Línea de la Concepción. El grupo trasladaba embarcaciones de pequeño calado desde la costa gaditana hasta la ciudad autónoma, donde recogía a personas en situación irregular para llevarlas después hasta la península, evitando en todo momento las zonas bajo vigilancia policial.
El esquema de captación, de acuerdo con la versión policial, se apoyaba en intermediarios encargados de contactar con inmigrantes que habían accedido a Ceuta mediante asaltos masivos a nado. A estas personas se les ofrecía el traslado a la península a cambio de una cantidad aproximada de 9.000 euros. Mientras aguardaban el momento del embarque, permanecían alojadas en domicilios, garajes u otros lugares de espera controlados por la organización, y los traslados hasta el punto de encuentro con la embarcación se realizaban en vehículos de apoyo con maniobras diseñadas para pasar inadvertidos por la ciudad autónoma.
La estructura contaba además con pilotos especializados, seleccionados —según detalla la Policía— por su experiencia en navegación rápida y su capacidad para ejecutar maniobras evasivas frente a los servicios de vigilancia marítima. Una vez que la embarcación llegaba desde la península, se procedía al embarque y al inicio de la travesía, donde otros integrantes del grupo se encargaban de la recepción y posterior dispersión de los inmigrantes. A los pilotos, indica el cuerpo, la organización les abonaba cantidades elevadas de dinero por cada trayecto.
Esta primera investigación se saldó con la detención de cuatro personas, dos de ellas en Ceuta y las otras dos en La Línea de la Concepción, además de la incautación de la embarcación tipo lancha rápida hallada en Benzú, que ha quedado a disposición de la investigación como pieza de convicción.
Una travesía con siete personas hacinadas
La segunda actuación policial se centró en el esclarecimiento de la presunta participación de un hombre en una travesía marítima concreta, realizada el pasado 14 de agosto, en la que siete personas fueron trasladadas desde Ceuta hasta la costa peninsular a bordo de una embarcación de reducidas dimensiones y sin las condiciones mínimas de seguridad exigibles para ese tipo de trayecto. Los siete ocupantes fueron interceptados de madrugada, en torno a las cuatro de la mañana, según la información facilitada por la Policía.
La ruta marítima entre Ceuta y la costa gaditana no es un fenómeno nuevo. Los cuerpos policiales y los servicios de guardacostas llevan años detectando organizaciones que aprovechan la relativa cercanía de la ciudad autónoma con la península para establecer travesías rápidas con embarcaciones de pequeño calado y gran potencia, cuyo tamaño y velocidad dificultan la detección e interceptación por parte de los medios de vigilancia marítima. Ambas investigaciones se enmarcan, según el cuerpo, en la vigilancia que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado mantienen sobre estas rutas.
Las detenciones se producen en un contexto de presión migratoria sostenida en Ceuta, ciudad que en los últimos meses ha registrado episodios de tensión relacionados con la gestión de menores no acompañados y con asaltos colectivos a la valla fronteriza. La gestión de esos menores ha generado desencuentros públicos: el Partido Popular ha reclamado el retorno de niños tutelados en Ceuta y ha lamentado que el Gobierno central deje al presidente de la ciudad autónoma sin interlocución, mientras la Fiscalía de Sala de Menores ha rechazado la posibilidad de retornar a esos menores, un contraste que ilustra la tensión competencial de fondo.
El delito por el que se investiga a los detenidos, el de favorecimiento de la inmigración clandestina, está tipificado en el artículo 318 bis del Código Penal. La norma prevé penas de prisión que se agravan cuando concurre ánimo de lucro o cuando la vida, la salud o la integridad de las personas transportadas se ponen en peligro, dos circunstancias que la Policía atribuye a las conductas investigadas. Corresponderá a la autoridad judicial determinar si existen indicios suficientes para la apertura de procedimiento penal.
El recurso de las mafias a embarcaciones cada vez más rápidas y frágiles no es reciente. Desde los años noventa, cuando comenzaron a proliferar las pateras en el Estrecho, la respuesta policial y la instalación de sistemas de vigilancia como el SIVE —el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior desplegado por la Guardia Civil a partir de 2002— han empujado a las redes a modificar sus rutas y sus medios, sustituyendo las embarcaciones tradicionales por lanchas de casco rígido diseñadas para eludir el radar y los controles.
Por el momento, ninguno de los cinco investigados ha sido procesado ni acusado formalmente, y la Policía no ha facilitado datos sobre su identidad ni sobre el estado de la instrucción. Las diligencias quedan ahora a disposición del juzgado de instrucción competente, que deberá decidir sobre la situación procesal de los detenidos y sobre las medidas cautelares que procedan una vez pasen a disposición judicial.
