El origen de la disputa se remonta a los días 4 y 5 de febrero, cuando Aldama afirmó en los programas Diario de la Noche, de Telemadrid, y Horizonte, de Cuatro, que Delcy Rodríguez le «hizo entrega de un concreto sobre», identificado con el logotipo de la petrolera estatal venezolana PDVSA. Según su relato, ese documento contendría información sobre operaciones de cupos de petróleo venezolano presuntamente empleadas para canalizar fondos hacia estructuras del socialismo español e internacional.
La demanda de conciliación, fechada el 29 de abril, reproduce esas manifestaciones para acto seguido acotar con precisión qué extremo concreto rebate la representación legal de la dirigente venezolana. El texto califica de «inveraz, falsa o no ajustada a la realidad» exclusivamente «la afirmación consistente en la imputación de un hecho a la Sra. Delcy Eloína Rodríguez Gómez, consistente en que esta entregó al aquí requerido el sobre indicado».
La formulación jurídica es relevante porque delimita con exactitud el objeto del litigio. Los abogados de Rodríguez no extienden esa calificación de falsedad ni a la existencia del sobre, ni a que Aldama lo pusiera en conocimiento de la Audiencia Nacional, ni al contenido que el empresario le atribuye. La controversia se ciñe a un solo punto: quién fue la persona que materialmente entregó el documento.
Esa misma acotación se repite cuando la demanda detalla las condiciones que Rodríguez exigía a Aldama para alcanzar un acuerdo extrajudicial. La dirigente venezolana reclamaba una retractación pública, pero al definir sobre qué debía rectificar el empresario, el escrito señala de nuevo «la falsedad de dicho hecho consistente en la persona que le entregó el repetido sobre», sin ampliar la exigencia a ningún otro elemento del relato.
El propio escrito de conciliación reconoce que el sobre ha quedado incorporado a un procedimiento penal y describe su contenido como «documentación o información relacionada con evidencias de actividades que podrían ser constitutivas de ilícitos penales por parte de personas físicas y jurídicas». Añade que ese contenido «podría tener relevancia» en uno o varios procedimientos judiciales, una formulación que no cuestiona la posible trascendencia penal de lo aportado por Aldama.
El sobre no es una pieza inédita en la instrucción. Con anterioridad a estas declaraciones, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya había hecho referencia en alguno de sus informes a la imagen de «un sobre de color marrón» con un remitente vinculado a la petrolera venezolana, lo que sitúa el documento dentro del material que los investigadores vienen analizando.
El procedimiento de conciliación y sus plazos
La conciliación es un trámite previo y potestativo que precede a una eventual demanda civil por vulneración del derecho al honor, regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil, y permite a las partes intentar un acuerdo ante el letrado de la Administración de Justicia sin acudir directamente a juicio. Su presentación no implica por sí misma la apertura de una causa penal ni prejuzga responsabilidad alguna; su fracaso puede derivar, si la parte demandante lo decide, en una demanda civil o en una querella por injurias o calumnias.
En paralelo a esta vía civil, el despacho del exjuez Baltasar Garzón, Ilocad, que representa a Rodríguez, anunció hace casi ocho semanas su intención de presentar una querella penal por injurias contra Aldama tras la negativa de este a retractarse. A fecha de este 8 de septiembre de 2026, no consta públicamente que dicha querella haya sido formalizada ante ningún juzgado.
Víctor de Aldama mantiene abiertos varios frentes judiciales en España. Ya investigado en la causa del caso Koldo, ha ampliado en los últimos meses sus señalamientos hacia otros ámbitos, entre ellos la supuesta financiación de partidos mediante operaciones con Venezuela, sin que hasta el momento estas afirmaciones hayan cristalizado en una imputación formal por parte de ningún juzgado de instrucción. A ello se suma que la Fiscalía Europea ha situado al empresario dentro de una investigación sobre una presunta red que habría desviado 27,9 millones de euros hacia Portugal, en un procedimiento distinto y adicional.
España cuenta con precedentes de querellas por injurias y calumnias vinculadas a acusaciones de financiación irregular de partidos, un terreno que en las últimas dos décadas ha generado causas de gran repercusión, desde el caso Gürtel hasta el caso de los ERE de Andalucía, en las que la delimitación exacta de qué se imputaba a cada investigado resultó determinante para el desarrollo posterior de los procedimientos. Acotar la controversia a un hecho muy concreto, como hace ahora Rodríguez, permite reducir el riesgo de una condena por daños al honor sin entrar a valorar el fondo de acusaciones más amplias.
El Gobierno español, a través de distintos portavoces, ha negado en reiteradas ocasiones cualquier vínculo entre la formación socialista y las operaciones petroleras venezolanas mencionadas por Aldama. Ni el PSOE ni la Internacional Socialista figuran, hasta el momento, como parte en el procedimiento de conciliación promovido por Rodríguez, que se dirige exclusivamente contra el empresario.
La demanda de conciliación no fija por sí misma un calendario judicial preciso, ya que su resolución depende de si Aldama acepta o rechaza el acto de conciliación y de si, en caso de fracaso, Rodríguez decide acudir a la vía civil o penal. El desenlace de la anunciada querella por injurias, aún no presentada según consta hasta la fecha, será el siguiente hito que determine si la controversia sobre el sobre de PDVSA se traslada definitivamente a un juzgado de instrucción español.
