Cristian Olivé, docente de Secundaria y autor de literatura juvenil, ha publicado en otro medio una tribuna de opinión en la que advierte sobre el impacto de la inteligencia artificial generativa en los procesos de aprendizaje escolar. La pieza tiene un peso específico que la distingue del género: no procede de un crítico por principio de la tecnología, sino de un profesor que, según se identifica en el propio texto, integró herramientas digitales en su práctica pedagógica antes de que la IA generativa irrumpiera en el debate público.
Un tecnófilo que reformula su posición
El argumento central de Olivé descansa en su propia trayectoria como adoptante temprano. Esa condición es relevante porque desplaza el eje del debate: no se trata de la resistencia al cambio que con frecuencia se atribuye al profesorado más veterano, sino de la revisión crítica de una herramienta concreta por parte de quien ya había asumido la transformación digital del aula. El docente sostiene, según se desprende del material disponible, que su preocupación se dirige al efecto específico de la IA sobre el aprendizaje, sin que ello implique una condena genérica de la tecnología ni una demanda de prohibición.
El perfil de Olivé como autor de literatura juvenil añade una dimensión que no es accesoria. Quien escribe para lectores adolescentes conoce desde dentro tanto la cadena de transmisión del conocimiento como la relación de los jóvenes con la lectura y la escritura, dos de los procesos que el debate pedagógico contemporáneo sitúa en el centro de la discusión sobre las consecuencias de la IA generativa en las aulas.
El vacío normativo en que operan los centros
España carece, a la fecha de publicación de este texto, de una normativa específica y de aplicación general que regule el uso de la inteligencia artificial en entornos educativos no universitarios. La Ley Orgánica de Educación —en su versión vigente, la LOMLOE, publicada en el BOE el 30 de diciembre de 2021— no contempla este fenómeno, surgido con posterioridad a su redacción. Algunas comunidades autónomas han emitido orientaciones o circulares internas, pero sin rango normativo vinculante, lo que significa que profesores y equipos directivos afrontan la proliferación de herramientas de IA generativa sin criterios jurídicamente exigibles.
A escala europea, el Reglamento de Inteligencia Artificial aprobado por el Parlamento Europeo en marzo de 2024 —el primero de estas características en el mundo— clasifica determinadas aplicaciones de IA en entornos educativos como sistemas de alto riesgo, categoría que impone obligaciones reforzadas de transparencia y supervisión humana. No obstante, su despliegue práctico en los sistemas educativos nacionales está pendiente de desarrollo reglamentario, y los plazos de aplicación efectiva se extienden, según el propio texto del reglamento, hasta 2026 en los apartados más exigentes.
Lo que está en juego en el aula
El debate sobre la IA en la educación ha dejado de ser académico para convertirse en una cuestión de gestión cotidiana. Según datos de la OCDE publicados en su informe Education at a Glance 2023, España se sitúa por debajo de la media de la organización en competencia lectora y matemática entre estudiantes de 15 años, de acuerdo con los resultados del informe PISA 2022, en el que el país obtuvo 474 puntos en lectura frente a la media OCDE de 476 —una brecha que, aunque estrecha, se produce en un contexto de caída generalizada de resultados respecto a la edición de 2018. Ese telón de fondo hace que cualquier herramienta que pueda sustituir el esfuerzo cognitivo del estudiante, en lugar de potenciarlo, sea objeto de escrutinio pedagógico justificado.
La categoría de aprendizaje que Olivé defiende como amenazada engloba, en el marco del debate pedagógico contemporáneo, procesos tan distintos como la adquisición de conocimiento, el desarrollo del pensamiento crítico, la construcción de la escritura propia o la capacidad de esfuerzo sostenido. La especificidad de sus argumentos y las experiencias de aula en que los apoya no han podido ser verificadas por este diario, que no ha tenido acceso al texto íntegro de la tribuna, sino únicamente a su titular y entradilla. Esta redacción se abstiene, en consecuencia, de atribuirle posiciones más concretas.
Un precedente: el debate sobre la calculadora en los años ochenta
La tensión entre adopción tecnológica y preservación de procesos cognitivos no es nueva en la historia de la educación. En la década de 1980, la generalización de la calculadora de bolsillo en las aulas generó un debate análogo sobre si su uso inhibía el desarrollo del cálculo mental y la comprensión numérica. La discusión se saldó, en la mayoría de los sistemas educativos occidentales, con una integración regulada: la herramienta se permitió en determinadas fases del aprendizaje y se restringió en otras, en función de los objetivos pedagógicos de cada etapa. Ese precedente es con frecuencia invocado por quienes defienden una aproximación gradualista a la IA, frente a quienes proponen restricciones más amplias o, en el extremo opuesto, una integración sin condiciones.
Las voces que faltan en el debate
La voz de los docentes en activo resulta infrecuente en el debate público sobre inteligencia artificial, terreno dominado por tecnólogos, empresas del sector y académicos universitarios. Las principales asociaciones de profesores de Secundaria en España —entre ellas ANPE y FSIE, que agrupan a decenas de miles de docentes— no han fijado hasta la fecha posiciones públicas detalladas sobre el uso de IA generativa en el aula, según la información disponible. El Ministerio de Educación, por su parte, ha impulsado el plan de digitalización educativa dentro del marco del Plan de Recuperación financiado con fondos Next Generation EU, pero sin abordar de forma específica y vinculante los límites del uso de IA por parte del alumnado. Este diario ha intentado recabar la posición del Ministerio sobre la tribuna de Olivé y sobre el estado de la regulación, sin obtener respuesta antes del cierre de esta edición.
Que un profesor de Secundaria con perfil de adoptante temprano publique una advertencia pública sobre la IA puede leerse como un indicador de que la discusión empieza a desplazarse desde el entusiasmo de la adopción hacia el análisis de sus consecuencias pedagógicas reales. Si esa tendencia se consolida entre el profesorado —colectivo de más de 700.000 docentes en enseñanzas no universitarias, según el Ministerio de Educación, curso 2022-2023—, es previsible que aumente la presión sobre las administraciones para que ofrezcan criterios claros antes de que el reglamento europeo entre en plena aplicación en 2026, fecha que marca el horizonte más inmediato para una respuesta normativa de calado.
