Montano de Martínez asumió la alcaldía de Soyapango el 1 de mayo de 2021 y dejó el cargo de forma anticipada en diciembre de 2022, tras su destitución. Durante ese período, de acuerdo con lo acreditado en el juicio, decidió de manera unilateral despedir a cuatro empleados municipales sin apego a las leyes administrativas vigentes ni a la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, norma que regula la contratación, estabilidad y remoción del personal en las alcaldías del país.
El tribunal también tuvo por probado que la entonces alcaldesa desobedeció resoluciones de distintos juzgados de lo laboral de San Salvador, que habían ordenado el reinstalo de los empleados y el pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir desde los despidos. Esa desobediencia a mandatos judiciales constituye, junto con los despidos, el núcleo de la responsabilidad penal fijada en la sentencia.
La Ley de la Carrera Administrativa Municipal busca blindar ciertos puestos técnicos y administrativos frente a la discrecionalidad política, al establecer procedimientos específicos para la destitución del personal de carrera. Esos procedimientos, según el tribunal, no se respetaron en este caso, en un sector donde los cambios de gobierno local suelen ir acompañados de movimientos de personal.
La figura de los actos arbitrarios está prevista en el Código Penal salvadoreño para sancionar a funcionarios públicos que, excediendo las facultades que les confiere la ley, perjudican a la administración pública o a particulares. La modalidad continuada, aplicada en esta sentencia, se refiere a la repetición de conductas de la misma naturaleza contra distintas víctimas en un período determinado, en este caso los cuatro empleados municipales despedidos.
La condena contra una exfuncionaria electa por desacatar fallos laborales recuerda otros casos en que la justicia salvadoreña ha intervenido sobre la gestión de alcaldías. El ordenamiento de los procedimientos administrativos en distintos niveles del Estado también ha estado presente en iniciativas de la administración central, como la modernización de las aduanas de La Hachadura, El Poy y San Bartolo.
La destitución de Montano de Martínez en diciembre de 2022 antecedió en casi cuatro años a la condena ahora conocida. La sentencia del Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador cierra, en primera instancia, el proceso penal derivado de los despidos de los cuatro empleados municipales y del incumplimiento de las órdenes de reinstalo dictadas por los juzgados de lo laboral.