El barrio, levantado históricamente por la inmigración española que llegó a trabajar en la SEAT y en otras grandes factorías de la ciudad, presentaría hoy un paisaje muy distinto al de aquella etapa industrial: tiendas de campaña, colchones a la intemperie y cocinas improvisadas ocuparían espacios públicos, según los relatos vecinales. Uno de los residentes describió la zona como «un poblado» en «crecimiento exponencial», una expresión que resume la percepción compartida sobre la evolución del asentamiento en los últimos meses.
La acusación más grave que trasladan los vecinos tiene que ver con episodios de violencia extrema. Los residentes afirman haber sido testigos de al menos dos ejecuciones a plena luz del día, que atribuyen a ajustes de cuentas entre bandas que operarían en la zona. Uno de ellos llegó a asegurar que un amigo suyo recibió un disparo en la oreja en pleno barrio.
«Hemos visto hasta asesinatos a plena luz del día», relata uno de los vecinos consultados sobre el terreno.
A estos episodios se suma el relato de un incendio declarado en uno de los asentamientos, situado, según los testimonios, peligrosamente cerca de una gasolinera de la zona, lo que habría puesto en riesgo a todo el vecindario. El clima de inseguridad descrito se extendería también a los desplazamientos nocturnos, que varios vecinos evitan por miedo.
El denominador común de los testimonios es la denuncia contra la gestión municipal. Los vecinos acusan al Consistorio de «dejadez» absoluta, aseguran que no existe presencia policial suficiente en la zona y que no hay ningún control efectivo sobre los asentamientos, pese a que las promesas de actuación se habrían repetido sin materializarse.
«Ésta es la Barcelona de Collboni», denuncia uno de los vecinos frente a las cámaras, en referencia a la responsabilidad política del alcalde socialista sobre el deterioro del barrio.
El desalojo de asentamientos irregulares en suelo público corresponde en primera instancia al Ayuntamiento, titular de la vía pública y de la Guardia Urbana, mientras que la persecución de la delincuencia organizada recae en los Mossos d'Esquadra y en la Policía Nacional. La Zona Franca, un polígono industrial y residencial de titularidad en buena parte del Consorci de la Zona Franca, ha combinado durante décadas actividad fabril con bolsas de infravivienda.
La tensión en torno a la gestión socialista de la ciudad se suma a otros episodios recientes en consistorios del PSOE, en un contexto en el que la gestión de barrios con alta presión social vuelve a situarse en el debate municipal, como ocurrió con la polémica del PSOE de Palma en torno a Ceuta. «Así no se puede vivir», repetían varios de los residentes consultados, en alusión a una situación que, según sus testimonios, lleva meses sin recibir respuesta municipal.
