Leiva Palacios será remitido al juzgado que libró la orden en su contra para que responda por el delito que se le atribuye, según el reporte policial. La captura se produjo en el municipio de Zacatecoluca, cabecera departamental de La Paz, zona con presencia histórica de estructuras pandilleriles y escenario recurrente de operativos durante el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022.
El delito de pertenencia a organizaciones terroristas está tipificado en el Código Penal y reforzado por la Ley de Proscripción de Pandillas, Maras, Agrupaciones, Asociaciones y Organizaciones de Naturaleza Criminal, aprobada por la Asamblea Legislativa en 2022. Esa normativa, parte del marco que sustenta las capturas bajo el régimen de excepción, endureció las penas aplicables a quienes integren estas estructuras.
Por ahora Leiva Palacios figura como imputado y deberá comparecer ante el juzgado correspondiente, que determinará si procede la instrucción formal del caso y, en su caso, la imposición de detención provisional mientras avanza el proceso. Esa medida cautelar, de aplicarse, respondería a un eventual riesgo de fuga u obstaculización, sin que ello implique un pronunciamiento sobre su culpabilidad.
El departamento de La Paz ha concentrado un número elevado de detenciones vinculadas a pandillas desde que arrancó el régimen de excepción, prorrogado mes a mes por la Asamblea Legislativa desde su primera votación. El mecanismo de verificación de las capturas ha sido cuestionado por organizaciones de derechos humanos, que han documentado casos de personas detenidas sin vínculo probado con estructuras criminales, como recoge el trabajo de Movir, que recolecta arraigos de detenidos para Casa Presidencial.
El caso se suma a una cadena de procesos judiciales contra presuntos integrantes de la pandilla 18 en sus distintas facciones, entre ellas la 18 Sureños, que opera principalmente en la zona oriental y paracentral del país. La persecución penal contra estas estructuras se apoya en la Ley de Proscripción y en el tipo de organizaciones terroristas, vigente desde la reforma que endureció el marco punitivo frente a las pandillas.
El expediente quedará bajo conocimiento del juzgado que emitió la orden de captura, instancia que deberá resolver sobre la situación jurídica del detenido en las próximas audiencias, conforme al procedimiento penal ordinario aplicable a este tipo de causas.