La organización planteó su denuncia en torno al 12 de octubre, fecha que recuerda la llegada de las expediciones españolas al continente americano en 1492. MILPA sostuvo que el despojo territorial no se limita a episodios históricos, sino que tiene continuidad en la actualidad a través de iniciativas de desarrollo que, según el movimiento, afectan tierras vinculadas a comunidades indígenas y ecosistemas sensibles.
El movimiento asoció parte de su alerta con el auge de desarrollos ligados a la promoción turística del país, sector que el Órgano Ejecutivo ha impulsado en años recientes bajo iniciativas como Surf City, que ha dado proyección internacional a la costa salvadoreña mediante competencias de surf y fútbol playa. La organización no precisó, según la información disponible, proyectos específicos ni ubicaciones concretas, y centró su mensaje en una advertencia general sobre el uso del suelo y los recursos naturales.
El señalamiento ocurre en un país donde el reconocimiento de los pueblos indígenas ha tenido avances formales en las últimas dos décadas. La reforma al artículo 63 de la Constitución de la República, aprobada en 2014, reconoce a los pueblos indígenas y obliga al Estado a adoptar políticas para mantener y desarrollar su identidad étnica y cultural, cosmovisión, valores y espiritualidad.
El reclamo por tierras ancestrales tiene raíces profundas en El Salvador. Comunidades indígenas, en particular en los departamentos de Sonsonate y Ahuachapán, han planteado históricamente demandas relacionadas con la propiedad comunal de tierras afectadas por la Ley de Extinción de Comunidades de 1881 y la Ley de Extinción de Ejidos de 1882, normativas que disolvieron las formas de tenencia colectiva heredadas del período colonial e impulsaron su privatización.
Esa transformación del régimen de propiedad rural ha sido referida en foros académicos y organizativos como un antecedente directo de los conflictos territoriales que organizaciones como MILPA retoman en sus pronunciamientos, al enlazar el pasado colonial con las dinámicas contemporáneas de uso del territorio.
El pronunciamiento se suma a expresiones de movimientos sociales y ambientales que han señalado tensiones entre el desarrollo de infraestructura y la conservación de espacios naturales y comunitarios, en paralelo al seguimiento que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) mantiene sobre fenómenos climáticos como las lluvias y tormentas previstas en zonas central, paracentral y oriental.
