El procedimiento, según informó la Policía guatemalteca, fue ejecutado por agentes de la comisaría 62 y personal de Interpol tras confirmar que Mendoza era reclamado por cuatro delitos: homicidio, extorsión, privación de libertad y venta de drogas. La verificación se produjo en el momento en que el detenido recibía el alta médica, luego de un mes de hospitalización por las heridas, que le impedían caminar con normalidad.
Las pesquisas, desarrolladas mediante el intercambio de información entre ambas policías, permitieron establecer que Mendoza sería miembro activo de la pandilla 18 y líder de la clica Campanera, perteneciente a la estructura conocida como Tribu Soyapango, con el rango de homeboy dentro de la jerarquía pandilleril, según detalló la institución guatemalteca.
Debido a que permanecía en territorio guatemalteco de manera irregular, las autoridades de ese país coordinaron con la PNC salvadoreña su expulsión y entrega. Por las dificultades de movilidad derivadas de las heridas de bala, Mendoza fue trasladado en una ambulancia bajo custodia policial hasta el paso fronterizo entre ambos países, en un procedimiento que combinó la vía migratoria con la cooperación judicial internacional activada por la alerta roja de Interpol.
Una vez entregado a las autoridades salvadoreñas, el detenido será remitido al juzgado que lo reclama para responder por los delitos que se le atribuyen. A ello se sumará, según informaron las autoridades salvadoreñas, el delito de agrupaciones ilícitas, tipificado con mayor severidad conforme al marco legal vigente desde la entrada en vigor del régimen de excepción, el 27 de marzo de 2022. Esa medida, prorrogada mes a mes por la Asamblea Legislativa desde entonces, suspende garantías constitucionales y ha derivado en decenas de miles de detenciones por vínculos con pandillas.
La entrega de Mendoza se suma a una serie de capturas de presuntos pandilleros reportadas en semanas recientes, entre ellas la de alias "Campuso" en Morazán, con tres órdenes judiciales pendientes. Los tribunales salvadoreños han dictado también condenas contra estructuras rivales, como la cadena perpetua impuesta a dos pandilleros de la MS-13 en San Salvador, en procesos que ilustran el tipo de pena que enfrentan quienes son hallados responsables de delitos similares a los atribuidos a Mendoza.
El traslado por la vía de la alerta roja de Interpol tiene antecedentes en la política salvadoreña de persecución de líderes pandilleros fuera del país. Tras la ruptura con la administración de Mauricio Funes y la posterior ofensiva estatal contra las pandillas, El Salvador recurrió de forma creciente a la cooperación regional para repatriar a cabecillas prófugos de la 18 y la MS-13 localizados en Guatemala, Honduras y México.
El caso quedará ahora en manos del juzgado salvadoreño competente, que deberá resolver sobre la situación jurídica del detenido una vez formalizada su recepción en territorio nacional. Mendoza mantiene la condición de imputado mientras un juzgado de paz o de instrucción define la formalización del proceso en su contra.
