La DOM, dependencia encargada de maquinaria pesada y apoyo técnico a los concejos municipales del país, ha operado como banco de equipo para alcaldías con capacidad limitada de inversión en maquinaria propia. La cesión de medio centenar de unidades de alto tonelaje a una empresa constituye un cambio de destino relevante para ese parque vehicular, cuya titularidad y uso quedan sujetos a la fiscalización de la Corte de Cuentas de la República, encargada de verificar la legalidad y el destino de los bienes públicos transferidos.
Constructora El Salvador, S.A. de C.V. figura como la empresa receptora de los bienes, aunque el material disponible no detalla los contratos vigentes ni el monto de las obras que justificarían la transferencia. La comisión tampoco precisó el valor económico del lote de 50 unidades ni el mecanismo de compensación o condicionalidad asociado al traspaso.
El procedimiento legislativo para la enajenación o cesión de bienes estatales exige, conforme a la normativa salvadoreña, que el dictamen de comisión pase al pleno del Salón Azul para su ratificación antes de adquirir carácter de decreto. El acuerdo de la Comisión de Infraestructura permanece en fase de dictamen, a la espera de su discusión por los 60 diputados.
La decisión se produce en un período legislativo marcado por una intensa agenda de infraestructura. La Asamblea aprobó fondos para la reconstrucción de los mercados de Santa Ana y San Miguel y ha tramitado préstamos internacionales para proyectos técnicos, como el aval de la Comisión de Hacienda al préstamo de $50 millones del BID para el censo económico.
La transferencia de activos públicos a particulares no es inédita en la práctica legislativa salvadoreña: la Asamblea ha autorizado en años recientes cesiones y comodatos de bienes estatales entre instituciones y hacia terceros, decisiones que posteriormente fiscaliza la Corte de Cuentas de la República. El organismo tiene atribuciones para examinar si el traspaso se ajusta a los principios de transparencia y utilidad pública que rigen la administración de activos del Estado.
El dictamen de la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial queda pendiente de discusión en el pleno de la Asamblea Legislativa, instancia que deberá determinar si ratifica la transferencia de los 50 vehículos tal como fue acordada en comisión.
