El mandatario recordó que, antes de las medidas de seguridad de su administración, El Salvador enfrentaba altos niveles de violencia, y criticó que las organizaciones internacionales no reaccionaran con la misma contundencia ante los homicidios y otros delitos cometidos contra la población. Ese es el eje del contraste que repite: territorios bajo control pandilleril ayer, centros penales llenos hoy, y un escrutinio externo que, a su juicio, invierte las prioridades.
Bukele situó parte del origen del problema en los acuerdos con pandillas impulsados por administraciones anteriores, que según su relato contaron con respaldo de distintos sectores nacionales e internacionales, incluida la Organización de los Estados Americanos (OEA). Cuestionó que las pandillas pudieran mantener el control territorial mientras continuaban afectando a los ciudadanos, y contrapuso ese escenario a las reacciones que generó su propia estrategia, centrada en la captura y el encarcelamiento de integrantes de las estructuras.
«No vamos a negociar con los grupos terroristas, sino que lo vamos a ir a poner en la cárcel, nada más», expresó el presidente al describir el enfoque de su Gobierno. Sostuvo que las críticas internacionales se intensificaron tras la aplicación de estas medidas y que todavía existen organizaciones no gubernamentales y organismos multilaterales que cuestionan las acciones de El Salvador, pese a los resultados que su administración atribuye a la estrategia de seguridad.
El presidente también entró en el terreno de los derechos humanos, donde la discusión suele ser más áspera. Señaló que no cuestiona que los delincuentes tengan derechos, sino que considera que debe existir mayor atención a los derechos de las víctimas y de la población que ha sufrido la violencia.
«¿Por qué solo se preocupan por los derechos de ellos y no los derechos de los niños, no los derechos de los ancianos, no los derechos de la gente inocente?», preguntó el presidente Nayib Bukele.
El planteamiento se enmarca en el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, prorrogado mes a mes por la Asamblea Legislativa, que suspende garantías constitucionales como el plazo de detención administrativa y el derecho a la defensa en las primeras horas. Bajo ese marco se ha producido el aumento de la población penitenciaria que motiva los señalamientos de las organizaciones a las que el mandatario respondió.
El argumento tiene antecedentes en la política salvadoreña. La llamada tregua entre pandillas de 2012, durante la administración de Mauricio Funes, redujo temporalmente los homicidios y contó en su momento con respaldo de distintos sectores, pero derivó después en procesos judiciales y en un repunte de la violencia; es ese tipo de acuerdo el que Bukele contrasta con su enfoque de encarcelamiento, sin negociación.
La tensión de fondo es la misma que atraviesa el debate público salvadoreño, también presente en el análisis sobre cómo la economía crece pero la pobreza y las pensiones no ceden: los resultados en un frente no cancelan las preguntas en otro. En el tramo final de su intervención, el mandatario afirmó que los gobiernos deben tener la determinación de tomar decisiones que respondan a las demandas ciudadanas, incluso cuando generen cuestionamientos internacionales, dentro de una reflexión más amplia sobre la independencia política y la responsabilidad de los gobernantes.
