La principal novedad sería una figura llamada EU Alert, una alerta europea o regional que Bruselas podría activar al detectar un riesgo significativo de crisis eléctrica, incluso si el mercado aún pudiera absorberlo por sí solo. También podría declararse a petición de al menos dos autoridades nacionales que ya hubieran activado sus propios mecanismos internos de alerta, un diseño orientado a anticipar el deterioro antes de que degenere en emergencia declarada.
Una vez activada la alerta, y tras consultar al Grupo de Coordinación de la Electricidad, la Comisión podría fijar reducciones obligatorias de demanda. El porcentaje del recorte, el territorio afectado y la duración no serían uniformes para los Veintisiete: el borrador tomaría como referencia periodos equivalentes de los cinco años anteriores en cada país, con ajustes cuando la electrificación haya disparado la demanda o existan patrones de consumo atípicos.
El proyecto distinguiría dos niveles. Una alerta preventiva, con margen para ajustes de mercado, y una situación de emergencia reservada como último recurso, cuando esas herramientas se hayan agotado o resulten insuficientes. Solo en ese segundo escalón entrarían los planes regionales de desconexión manual de cargas: los cortes controlados que permitirían proteger el sistema eléctrico sacrificando el suministro en zonas concretas.
Para activar esos planes harían falta varias condiciones simultáneas: que se hubiera declarado una emergencia regional, que al menos dos autoridades competentes lo solicitasen tras consultar a los operadores de transporte, y que existiera una previsión fundada de empeoramiento si no se ejecutase el corte. Los centros regionales de coordinación serían los encargados de diseñar estos mecanismos, atendiendo a los servicios esenciales, los consumidores protegidos y la solidaridad entre Estados miembros.
Cada país tendría que identificar de antemano a los consumidores eléctricos protegidos por motivos de seguridad pública, salud o vulnerabilidad. Esa protección, sin embargo, no sería absoluta: el borrador contempla que incluso esos consumidores pudieran sufrir reducciones imprescindibles si de ello dependiera mantener la estabilidad de la red o garantizar los suministros mínimos al conjunto del sistema.
El apagón de abril de 2025 como catalizador
Bruselas ha vinculado esta revisión a las lecciones extraídas de las crisis energéticas recientes y, de forma explícita, al apagón que afectó a España en abril de 2025, así como a nuevos riesgos físicos, climáticos y cibernéticos. Aquel episodio, que dejó sin electricidad a buena parte de la península ibérica durante horas, expuso las limitaciones de los mecanismos de coordinación entre operadores de transporte y autoridades nacionales.
El marco vigente data de 2017 para el gas y de 2019 para la electricidad, dos reglamentos concebidos en un contexto geopolítico previo a la invasión rusa de Ucrania y a la crisis de suministro de gas que disparó los precios energéticos europeos entre 2021 y 2023. La Comisión considera ahora que ambos mercados están tan interconectados —el gas aporta flexibilidad a la generación eléctrica y las infraestructuras gasistas dependen a su vez de la electricidad— que mantenerlos en normas separadas ha quedado obsoleto.
En el terreno gasista, la reforma habilitaría mecanismos de mercado para reducir la demanda, sistemas de agregación de consumo y medidas extraordinarias sobre almacenamiento, además de un refuerzo en la protección de las centrales de gas imprescindibles para sostener la generación eléctrica en momentos de tensión.
El proyecto añadiría protocolos para conectar o desconectar microrredes de forma coordinada, con el objetivo de reducir el riesgo de que un fallo local derive en un apagón general. En su formulación inicial no serían vinculantes, aunque el texto dejaría abierta la puerta a que la Comisión los convierta en obligatorios más adelante.
La propuesta ampliaría también las obligaciones de los operadores de infraestructuras críticas, que tendrían que evaluar periódicamente sus riesgos y mantener reservas de repuestos esenciales. Bruselas plantea así que la seguridad energética no dependa solo de disponer de combustible o capacidad de generación, sino también de la rapidez para reparar instalaciones dañadas por un sabotaje, un ciberataque o un fenómeno extremo.
Un frente más en la autonomía estratégica
La reforma se suma a las iniciativas comunitarias para blindar la autonomía estratégica europea frente a shocks externos, en línea con el plan que Alemania y Países Bajos han activado para diseñar chips de IA sin depender de Estados Unidos. La tensión energética suma además otros frentes: la crisis del estrecho de Ormuz llevó a Macron a pedir a Bruselas que flexibilice las normas de calidad de los carburantes para amortiguar el impacto en los mercados nacionales.
El texto tendría que pasar por el procedimiento legislativo ordinario de la Unión, con debate y enmiendas en el Parlamento Europeo y en el Consejo antes de convertirse en reglamento de aplicación directa en los Veintisiete. La iniciativa se enmarca en la revisión más amplia de las reglas europeas de seguridad energética que la Comisión lleva meses preparando, sin un calendario cerrado de tramitación según la información disponible.
