La intervención del contenedor es el resultado de cuatro meses de vigilancia electrónica y seguimiento físico por parte de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil dentro de la Operación Neptuno, la macrocausa que investiga el entramado de narcotráfico liderado por el ciudadano neerlandés Joseph Leijdekkers, alias Bolle Jos, desde su refugio en Conakry. Pero lo que hace excepcional esta intervención — y lo que convierte la información que El Hemiciclo ha obtenido en exclusiva en una pieza clave del rompecabezas — es que revela la existencia de una segunda red logística dentro del entramado Arconian que operaba de forma paralela e independiente a la ruta atlántica principal que utilizaba buques mercantes para transportar grandes cargamentos de cocaína desde puertos brasileños y colombianos hasta aguas europeas.
Los contenedores — entre tres y cinco al mes, según las estimaciones de la Guardia Civil — se camuflaban entre la carga legítima de productos agrícolas africanos que transita regularmente por el puerto de Algeciras, el más activo del Mediterráneo en tráfico de contenedores con más de cinco millones de TEU anuales. La estrategia era elegante en su simplicidad: mientras las agencias antidroga concentraban sus recursos de vigilancia en los grandes buques sospechosos que cruzaban el Atlántico, los contenedores de la ruta africana pasaban los controles aduaneros de Algeciras con la naturalidad de cualquier carga comercial rutinaria.
El eslabón que permitía esta permeabilidad tenía nombre y apellidos. Según los informes de la UCO, un funcionario del Servicio de Vigilancia Aduanera destinado en el puerto de Algeciras — cuya identidad no ha sido revelada por orden del juez instructor, pero que fue detenido el viernes 16 de mayo junto a otros dos sospechosos — facilitaba la «inspección selectiva» de los contenedores vinculados a la red. El funcionario, que llevaba doce años destinado en la terminal de contenedores del puerto, utilizaba su posición para redirigir los contenedores señalados hacia las líneas de inspección más rápidas y menos exhaustivas, evitando los escáneres de rayos X que hubieran detectado los dobles fondos. A cambio, según las escuchas telefónicas incorporadas al sumario, recibía pagos mensuales de entre 8.000 y 12.000 euros en criptomonedas, transferidos a través de una cadena de wallets que la UCO ha rastreado hasta un exchange descentralizado vinculado a una empresa pantalla registrada en las Islas Marshall.
Los tres detenidos — el funcionario de Aduanas, un estibador del puerto que se encargaba de la descarga selectiva de los contenedores, y un transportista que realizaba los traslados desde Algeciras hasta una nave industrial en Fuengirola donde se almacenaba la cocaína antes de su distribución — elevan a 31 el número de investigados en la Operación Neptuno, que se ha convertido en la mayor causa antidroga abierta en España desde la Operación Ballena Blanca de 2005. La Fiscalía Antidroga, que coordina la investigación junto con Europol e Interpol, ha solicitado al juez instructor la ampliación de la causa para incorporar los nuevos hechos y las nuevas conexiones descubiertas.
La conexión Guinea-Conakry es especialmente relevante porque vincula la Operación Neptuno con la localización de Bolle Jos. Interpol confirmó la semana pasada que Leijdekkers se encuentra en el Hotel Riviera de Conakry bajo la protección de facto de las autoridades guineanas, que no tienen tratado de extradición con España ni con Países Bajos y que, según fuentes diplomáticas, han recibido pagos sustanciales del entorno de Bolle Jos a cambio de lo que los servicios de inteligencia europeos describen como «hospitalidad gubernamental». La ruta Conakry-Algeciras no era solo un canal logístico: era el cordón umbilical que conectaba al jefe de la organización con su infraestructura europea, y su descubrimiento por la UCO puede ser el primer paso para estrangular financieramente a Bolle Jos y forzar a Guinea a reconsiderar su «hospitalidad».
Las 4,2 toneladas intervenidas en el contenedor MSCU-7784219 tienen un valor estimado de mercado de 168 millones de euros — una cifra que, sumada a los 30.215 kilogramos y 812 millones de euros de las intervenciones anteriores de la Operación Neptuno, eleva el total de la causa a 34.415 kilogramos de cocaína y un valor acumulado de 980 millones de euros —. Pero el verdadero valor de la intervención no está en los kilos sino en la información: los teléfonos del funcionario de Aduanas, las cámaras de seguridad del puerto y los registros GPS de los vehículos de transporte proporcionan a la UCO un mapa detallado de la red logística que puede conducir a nuevas detenciones en las próximas semanas.
La Fiscalía Antidroga ha solicitado también al juez la emisión de una comisión rogatoria a Guinea-Conakry para que las autoridades guineanas interroguen a Bolle Jos sobre sus vínculos con la red portuaria de Algeciras, una petición que los expertos en derecho internacional califican de «quijotesca pero necesaria»: quijotesca porque Guinea no tiene obligación legal de cooperar, y necesaria porque establece un precedente documental que puede servir de base para futuras acciones de la Corte Penal Internacional o del Tribunal de La Haya si se demuestra que las autoridades guineanas protegen activamente a un narcotraficante buscado por Interpol.
La Operación Neptuno entra así en una nueva fase que los investigadores describen como «la fase portuaria». Las primeras detenciones de enero y febrero se centraron en la red de distribución terrestre — los almacenes, los vehículos, los intermediarios que colocaban la cocaína en los mercados europeos —. Las intervenciones marítimas de marzo y abril desarticularon la logística atlántica — los buques, las tripulaciones, las rutas oceánicas —. Ahora, con la detección de la red de Algeciras, la investigación ha llegado al punto de intersección entre el mar y la tierra, el lugar donde la cocaína deja de ser carga marítima y se convierte en mercancía terrestre: el puerto. Y en ese puerto, donde se mueven cinco millones de contenedores al año, la pregunta que la UCO se hace esta noche es tan simple como inquietante: ¿cuántos contenedores más pasaron por las manos del funcionario detenido antes de que lo descubrieran?
Al cierre de esta edición, la UCO mantiene vigilancia permanente sobre el puerto de Algeciras con un dispositivo reforzado de 40 agentes y tres escáneres móviles de rayos X. La colaboración con Europol ha permitido identificar seis contenedores adicionales que transitaron por la misma ruta en los últimos cuatro meses y que están siendo rastreados en sus destinos finales — tres en España, dos en Francia y uno en Alemania —. La magnitud de la Operación Neptuno ya no se mide solo en toneladas de cocaína: se mide en la profundidad de la corrosión institucional que un solo funcionario corrupto puede causar en un sistema de seguridad que protege las fronteras de todo un continente.
