El instrumento jurídico empleado por Ceuta es un requerimiento previo, un trámite contemplado en la legislación administrativa que las administraciones públicas pueden dirigirse entre sí antes de acudir a la vía contencioso-administrativa. Su función es advertir formalmente de una omisión y fijar un plazo para corregirla, de manera que, si transcurre sin respuesta satisfactoria, queda abierta la puerta a que la Ciudad Autónoma eleve el asunto a los juzgados.
La crisis en la frontera ceutí se remonta a los sucesivos episodios de entradas masivas registrados en los últimos meses, que han desbordado la capacidad de acogida del territorio y han tensado la relación con Moncloa. El Gobierno central reconoció la magnitud del problema cuando Sánchez elevó a 10.000 las plazas de acogida en Ceuta y fijó el mando único a fin de año, un anuncio que no ha despejado las dudas de las autoridades locales sobre la ejecución real de las devoluciones.
El propio proceso de repatriación ha topado con obstáculos prácticos. El primer migrante devuelto tras el asalto masivo a la frontera —un ciudadano marroquí que había entrado en Ceuta antes del 30 de julio— no fue expulsado hasta 47 días después de los hechos, un plazo que las autoridades locales consideran indicativo de la lentitud de los trámites que ahora pretenden acelerar por vía administrativa.
Roce previo por los asentamientos
El desencuentro entre las administraciones no es nuevo. La Ciudad Autónoma ya había trasladado al Ejecutivo sus discrepancias sobre la gestión territorial de los migrantes: Vivas pidió alejar los asentamientos y Moncloa se negó, alegando el Gobierno central que «no se puede aislar a los migrantes». Ese pulso previo ilustra la naturaleza del conflicto que ahora se traslada al terreno administrativo con el requerimiento por los expedientes de expulsión.
El marco normativo aplicable combina la Ley de Extranjería con los acuerdos bilaterales de readmisión suscritos entre España y Marruecos, que regulan los plazos y procedimientos para la devolución de personas que acceden de forma irregular al territorio nacional. La lentitud en su aplicación práctica ha sido uno de los principales focos de fricción entre Ceuta y el Ministerio del Interior desde el inicio de la crisis.
La gestión del Gobierno en la frontera sur también ha generado fricción con otros gobiernos autonómicos. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, acusó a Pedro Sánchez de «indolencia arrogante» ante lo que calificó como una «invasión» en la ciudad autónoma, un episodio que refleja el desgaste territorial que la crisis migratoria ha provocado entre administraciones gobernadas por partidos distintos al del Ejecutivo central.
El requerimiento administrativo formalizado por Ceuta fija un plazo de un mes para que el Gobierno resuelva y ejecute los expedientes de expulsión pendientes. Si transcurre sin respuesta satisfactoria, la Ciudad Autónoma podrá acudir a la vía contencioso-administrativa.
