Los motivos de cancelación, según un funcionario del Departamento de Estado, abarcan desde la violación de los términos del documento hasta la comisión de delitos, el fraude contra ciudadanos estadounidenses, la incitación a la violencia contra Estados Unidos y el abuso del sistema migratorio. La dependencia describe el proceso como una fiscalización sin precedentes sobre quién puede mantener vigente una visa de no inmigrante.
El lunes, el Departamento de Estado canceló visas de jueces, altos funcionarios y empresarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, a quienes acusa de corrupción, vínculos con el narcotráfico o de conspirar contra sus respectivos gobiernos. Entre los sancionados figuran magistrados de la Corte Suprema boliviana, altos mandos policiales, fiscales y un empresario de ese país, además de un empresario y una senadora colombianos, y un magistrado del primer juzgado constitucional de Lima, de acuerdo con el comunicado de la dependencia.
La inclusión de perfiles judiciales y legislativos marca un giro respecto a las revocaciones orientadas a solicitantes de asilo o turistas. Incorpora un instrumento que trasciende la política migratoria para tocar directamente a las élites políticas y económicas de la región, cuyos gobiernos observan la medida por su eventual efecto sobre las relaciones bilaterales con Washington.
El antecedente del asilo y el fraude migratorio
En agosto, el Departamento de Estado había anunciado que revocaría visas de negocios y turismo a un número amplio de extranjeros que solicitaron asilo tras ingresar a territorio estadounidense como visitantes de corta estancia. "Obtener una visa con el fin de solicitar asilo constituye fraude, lo cual es motivo para la revocación", declaró entonces Pigott a la agencia AFP, en una postura que la dependencia ha mantenido como eje de su estrategia de control fronterizo.
Ese mismo mes, el vocero confirmó que el Departamento de Estado trabajaba de la mano con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) para identificar a quienes, tras entrar como visitantes temporales, solicitaban asilo para permanecer de forma indefinida en el país. Medios estadounidenses reportaron entonces una cifra de hasta 200 mil visas canceladas.
El uso del documento consular como herramienta de política exterior tiene antecedentes conocidos: la Ley Magnitsky de 2012 habilitó a Washington a negar visas y congelar activos de funcionarios extranjeros señalados por corrupción o violaciones a derechos humanos, un mecanismo que administraciones de distinto signo han aplicado contra autoridades latinoamericanas.
"Bajo la presidencia de Trump y la gestión del secretario Rubio, el Departamento de Estado ha revocado más de 250 mil visados, un hito histórico que refleja nuestro firme compromiso con la protección del pueblo estadounidense", declaró Tommy Pigott, portavoz del Departamento de Estado.
La medida se inserta en un giro regulatorio más amplio del gobierno republicano, que ya tocó otros frentes del derecho estadounidense: Trump revocó las normas de Biden y restableció el marco del Título IX de 2020 en escuelas, en una línea de reversión de disposiciones de la administración anterior.
"Cada decisión sobre visas es una decisión de seguridad nacional"
"Cada decisión sobre visas es una decisión de seguridad nacional. Mediante una investigación continua a una escala sin precedentes, estamos identificando y expulsando a quienes cometen delitos, apoyan el terrorismo, estafan a los estadounidenses o abusan de nuestro sistema de inmigración", añadió Pigott, en una declaración que vincula la política de visados con el aparato de seguridad del gobierno estadounidense.
El vocero remató la postura oficial con el criterio con el que la administración revisa cada expediente: "Una visa estadounidense es un privilegio, no un derecho, y si se violan los términos de ese privilegio, se perderá. No nos detendremos hasta que todo ciudadano extranjero que amenace la seguridad de nuestras comunidades rinda cuentas ante la justicia".
El nuevo umbral de 250 mil visas representaría, de confirmarse, un récord dentro del propio historial de revocaciones del Departamento de Estado bajo la actual gestión, frente a las hasta 200 mil que medios estadounidenses habían reportado con anterioridad. La cifra proviene del reporte de Fox News y de la declaración de Pigott, sin que la dependencia haya publicado un desglose oficial por nacionalidad o causal.
La ofensiva contra jueces, fiscales y legisladores de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú añade una dimensión diplomática a una política presentada hasta ahora como instrumento de control migratorio interno. El empleo de la visa como sanción a cargos judiciales y electos de países aliados abre un capítulo distinto en la relación de Washington con el resto del continente.