La regulación de 2024, aprobada bajo el gobierno de Joe Biden, interpretó por primera vez de manera explícita que la prohibición de discriminación por razón de sexo del Título IX también abarcaba la orientación sexual y la identidad de género. Esa norma protegía a estudiantes y empleados de centros educativos financiados con fondos federales frente a ese tipo de discriminación, y amplió la definición de acoso basado en el sexo para incluir el acoso por orientación sexual o identidad de género, agresiones sexuales, violencia en las parejas, violencia doméstica y acoso.
El Título IX, ley federal aprobada en 1972, prohíbe la discriminación por razón de sexo en programas educativos que reciben financiamiento federal. La disputa entre las administraciones demócrata y republicana en Washington gira en torno al alcance de esa prohibición: si comprende únicamente el sexo o también la orientación sexual y la identidad de género.
Con la decisión anunciada este lunes, el Departamento de Educación estadounidense regresa formalmente a las normas de 2020, aprobadas durante el primer mandato de Trump, que establecían una definición más limitada del acoso sexual y mayores garantías de debido proceso para los estudiantes acusados en procedimientos disciplinarios escolares.
El cambio tiene un alcance limitado en la práctica, pues el gobierno de Trump ya había dejado de aplicar las normas de Biden desde enero de 2025, luego de que varios tribunales federales las bloquearan y posteriormente las anularan por la vía judicial, según medios locales. La revocación del registro federal consolida así una situación que ya operaba de facto desde el arranque de la actual administración republicana.
El asunto tiene resonancia en la política exterior mexicana. La canciller Juan Ramón de la Fuente defendió la participación de México en el Grupo Núcleo LGBT+ de la ONU y llamó "retrógrados" a quienes critican esa postura, en un contexto en que diversas agencias de Naciones Unidas han señalado rezagos en materia de seguridad para la población LGBTIQ+ en el país pese a avances legislativos.
La controversia sobre el Título IX ilustra cómo las políticas educativas de EU oscilan con cada cambio de administración, un patrón que contrasta con el marco jurídico mexicano, donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto en años recientes en favor de ampliar derechos de la población LGBTIQ+ sin vaivenes equivalentes entre sexenios.