El atestado reconstruye la secuencia de los hechos a partir de imágenes captadas por los propios asistentes a la protesta y difundidas en redes sociales. Según esa documentación gráfica, la explanada de Dalt Murada y el recinto de Ses Voltes se encontraban plenamente ocupados antes de que se produjeran los primeros altercados, lo que a juicio de los investigadores respaldaría la actuación de los agentes frente a las acusaciones de intervención prematura. Numerosos manifestantes tuvieron que seguir la lectura del manifiesto reivindicativo y la interpretación de La Balanguera, himno oficioso de Mallorca, desde la parte superior del recinto.
El límite de 1.500 personas y su encaje legal
El informe cifra en 1.500 personas la capacidad autorizada del espacio y atribuye la restricción a criterios técnicos: evitar el colapso de las vías de entrada y salida, garantizar una eventual evacuación de emergencia y prevenir situaciones de avalancha en un recinto histórico de dimensiones limitadas. Según la versión policial, ese límite fue aceptado por los organizadores durante las reuniones de planificación del dispositivo de seguridad.
La limitación de aforo se inscribe en el procedimiento habitual de autorización de concentraciones en espacios de capacidad reducida. El artículo 21 de la Constitución reconoce el derecho de reunión pero permite su modulación por razones de orden público y seguridad, previa comunicación a la autoridad gubernativa. La Ley Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana, faculta a la Delegación del Gobierno para introducir modificaciones de itinerario o condiciones cuando existan riesgos para personas o bienes.
Una vez alcanzado el aforo, los agentes de la UPR procedieron a cerrar el acceso, momento que el atestado sitúa como el origen de la mayor tensión. El informe recoge que la situación derivó en enfrentamientos con la Policía, lanzamiento masivo de objetos y la necesidad de realizar cargas para restablecer el orden en la zona.
Choque interno entre sindicatos policiales y la Delegación del Gobierno
Los incidentes han abierto un frente de fricción dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Representantes sindicales y fuentes próximas a la Policía Nacional responsabilizan a la Delegación del Gobierno en Baleares de haber autorizado que la manifestación concluyera en Ses Voltes, un espacio que califican de insuficiente para albergar a miles de manifestantes. Las críticas apuntan de forma directa al delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez, a quien esas fuentes atribuyen la responsabilidad política de mantener el recorrido previsto pese a las advertencias de los mandos operativos.
Según esas mismas fuentes, tanto la Policía Nacional como la Policía Local de Palma defendieron desde el inicio de la planificación que el acto final se celebrara en el Parc de la Mar, un espacio abierto con capacidad para más de 50.000 personas y mayores garantías de evacuación. La organización de la protesta habría rechazado modificar el itinerario inicialmente previsto.
Las entidades convocantes, agrupadas en torno a Menys Turisme, Més Vida, mantienen una versión distinta y sostienen que la actuación policial fue prematura respecto al aforo real disponible. Estas organizaciones no han confirmado si emprenderán acciones legales contra el dispositivo desplegado ni si presentarán alegaciones al atestado. Por su parte, la Delegación del Gobierno no ha realizado declaraciones públicas específicas sobre las críticas de los representantes sindicales.
En el estado actual no hay ninguna persona investigada, procesada ni acusada formalmente por los incidentes del 26 de julio, ni consta la apertura de diligencias judiciales concretas contra participantes identificados. Tampoco se ha confirmado si el atestado será remitido a la Fiscalía o a algún juzgado de instrucción de Palma para su valoración.
La gestión de aforos en concentraciones multitudinarias ha sido recurrente en Baleares en el ciclo de movilizaciones vecinales contra la masificación turística de los últimos años, si bien ninguna había derivado hasta ahora en un enfrentamiento público de esta magnitud entre sindicatos policiales y la autoridad gubernativa.
El desenlace dependerá de si el atestado deriva en la apertura de diligencias por posibles delitos de desórdenes públicos, atentado a la autoridad o daños, o si el asunto queda circunscrito al terreno de la controversia política y sindical. Las próximas semanas marcarán si el caso trasciende del ámbito administrativo a la vía judicial.
