Que un hospital sea el punto de referencia geográfico de la detonación dice ya bastante. Nada en lo conocido permite afirmar que el centro de salud fuera el blanco, y conviene no inventarlo. Pero el solo hecho de que un municipio del Cauca rural vuelva a contar vidrios rotos y fachadas dañadas, dos veces en pocas horas, confirma que la infraestructura civil queda dentro del radio de acción de un conflicto que persiste en el suroccidente colombiano.
La repetición importa más que el estruendo. Dos ataques con explosivos en el mismo departamento en un lapso tan corto no configuran un hecho aislado sino una secuencia, y las secuencias suelen tener autor, intención y calendario. Nada de eso se ha precisado públicamente, lo cual en una región atravesada por economías ilegales no significa que no exista, sino que, una vez más, el recuento de daños llega después del mensaje.
Cauca arrastra desde hace más de una década la convivencia de disidencias de las antiguas Farc, estructuras del narcotráfico y minería ilegal sobre una geografía que facilita el repliegue y dificulta la presencia estatal sostenida. En ese tablero, un atentado con explosivos en un municipio pequeño no es una novedad: es la reedición de un patrón que el país ha ido normalizando.
Los antecedentes no faltan. El 25 de marzo de 2022, un carro bomba atribuido a disidencias estalló frente a la alcaldía de Corinto, en el mismo departamento, y dejó decenas de heridos y daños en viviendas y comercios. El norte y el centro del Cauca —Toribío, Caloto, Suárez, Argelia— acumulan desde los años noventa hostigamientos, pescas milagrosas y artefactos detonados en cascos urbanos, hasta volver rutinario lo que en otras zonas del país sería excepcional.
Lo corrosivo de estos hechos es la velocidad con la que se diluyen en el ruido nacional. Mientras en Bogotá se discute sobre faltantes presupuestales en entidades públicas o sobre quién declaró ante la Fiscalía, en Balboa los vecinos barren por segunda vez los efectos de una explosión. Son dos calendarios de atención pública funcionando en paralelo.
La ausencia de un relato oficial claro, horas después de dos atentados consecutivos, tampoco es un dato neutro. El silencio institucional, cuando se repite con la misma cadencia que los explosivos, deja de parecer prudencia. La pregunta que queda planteada es si el país sigue dispuesto a tratar como paisaje lo que en cualquier otro departamento sería declarado emergencia.
