El viejo puente Pumarejo atraviesa el río Magdalena y conecta a Barranquilla con el departamento del Magdalena. De acuerdo con la información divulgada por la Defensa Civil y recogida por medios locales, el menor se encontraba nadando en el afluente cuando desapareció. Tras recibir el reporte, Guardacostas inició un despliegue con patrones de rastreo y patrullajes constantes sobre el río para establecer su paradero y revisar las zonas hacia donde pudo desplazarlo la corriente.
La Defensa Civil permanece en el Puesto de Mando Unificado del Gran Malecón, desde donde articula las acciones con los organismos de socorro y gestiona el apoyo para ampliar el radio de búsqueda. Una de sus solicitudes apunta a sumar más personal en tierra que permita inspeccionar sectores de difícil acceso desde las embarcaciones, un reclamo que revela una limitación operativa: la búsqueda fluvial no alcanza las orillas ni los playones donde la corriente pudo depositar al adolescente.
En particular, la entidad pidió efectuar barridos terrestres, revisar orillas y playones, y mantener vigilancia en las riberas del río Magdalena. Son labores que buscan cubrir los puntos hacia donde el cauce podría haber arrastrado al menor desde el lugar donde fue reportada su desaparición. La secuencia deja una lectura incómoda: el refuerzo en tierra se solicita después del hecho, nunca como medida anticipada en una estructura que la ciudad conoce peligrosa.
Conviene fijar los términos sin melodrama. El material disponible no permite atribuir responsabilidades ni señalar culpables, y una columna seria no es lugar para la especulación. Pero sí cabe la pregunta de fondo: por qué un paso sobre el río que bordea una ciudad de más de un millón de habitantes carece de mecanismos de disuasión que eviten que un menor termine en el agua sin que nadie lo advierta a tiempo. El operativo responde a la emergencia; no la previene.
El Magdalena, arteria de más de 1.500 kilómetros que vertebra el país, concentra una parte sustancial de los ahogamientos registrados cada año en Colombia, donde la Defensa Civil y la Cruz Roja repiten campañas de prevención en temporadas de corrientes fuertes. La propia Barranquilla vivió en octubre de 2019 una tragedia de referencia: la caída de una sección del puente atirantado que entonces se construía junto al Pumarejo, un recordatorio de que la infraestructura sobre este río ha exigido atención permanente y no siempre la ha tenido.
El lenguaje de los partes —operativo, despliegue, puesto de mando, patrullaje constante— transmite orden y método, pero documenta una carrera contrarreloj. La búsqueda continúa, los equipos mantienen las operaciones y el radio de rastreo se amplía conforme pasan las horas sin noticias del adolescente. La eficacia de un rescate, sin embargo, se mide por lo que ocurrió antes del agua tanto como por lo que ocurre después.
Esta edición ha señalado antes el patrón de una institucionalidad que llega tarde y en formato de reacción, como en el caso del escolta que protegía al protegido. El río Pumarejo repite el molde: primero la desaparición, luego el despliegue, al final la petición de manos que faltaban. La prevención, de nuevo, aparece como solicitud posterior y no como política sostenida.
El caso mantiene la atención de los equipos de rescate, según el último parte disponible. Sería deseable que mantuviera también la de quienes tienen el deber de que las riberas del Magdalena, a la altura de un puente que todos conocen, dejen de ser zona de nadie.
