Segunda concesión, también sincera: el servicio de la deuda no es un invento de este ejercicio fiscal. La propia casa recuerda que la amortización de capital y los intereses han ocupado históricamente una de las partidas de mayor peso dentro del Presupuesto General de la Nación, por delante de rubros sociales en determinados años, y que ese dato lo siguen de cerca los organismos multilaterales y las calificadoras de riesgo. Es decir: la tensión entre pagar lo que se debe y gastar en lo que hace falta lleva una década en el Salón Azul. Nadie puede acusar al presupuesto 2027 de inaugurar la costumbre. Es, como mucho, un alumno aplicado de una escuela antigua.
Tercera premisa, y la aceptamos sin pestañear: los recursos son finitos. No existe un presupuesto infinito del que repartir. Si cada dólar que se va a intereses es un dólar que no se va a salud, educación o programas sociales, entonces la aritmética manda, y la aritmética no tiene ideología. El BRP dice que el proyecto contempla recortes en distintas instituciones del Estado, aunque reconoce que su pronunciamiento no precisó montos por cartera. Bien: tomemos la versión más benévola. Hay recortes porque hay que pagar, y hay que pagar porque se debe. Todo encaja. Nada que objetar todavía.
Cuarta premisa, la más razonable de todas: para dejar de depender de un presupuesto estrecho, hay que crecer. Y para crecer, hay que atraer capital. Por eso el Órgano Ejecutivo firmó en meses recientes un memorando con el Grupo Cox por una inversión inicial de $2,900 millones en energía, agua y combustibles, presentada por el presidente Nayib Bukele como parte de un paquete más amplio de inversión privada con un grupo español. Concedámoslo también: $2,900 millones no caen del cielo, y un país que recorta hoy para invertir en la infraestructura del mañana está pensando a largo plazo. Un estadista, no un contador. Hasta aquí, el razonamiento oficial es una línea recta.
Y precisamente porque es una línea recta, conviene seguirla hasta donde apunta. Tenemos entonces, de un lado, a los trabajadores informales, los pequeños productores y las comunidades con acceso limitado a servicios públicos que, según el BRP, cargan con el deterioro de las condiciones económicas. Del otro lado, el servicio de la deuda, que cobra puntual. Y en medio, un anuncio de $2,900 millones en energía, agua y combustibles. Tres cosas que, según la lógica que acabamos de aceptar en su totalidad, van exactamente en la misma dirección. Falta ver cuál es esa dirección.
Escribió Roque Dalton que todos nacimos medio muertos en 1932, y que vivir es ir muriendo de otra forma; la frase, que él pensó para la historia, sirve también para un presupuesto, porque un presupuesto es la biografía anticipada de un país, la lista exacta de a quién se mantiene vivo y a quién se deja ir muriendo de otra forma. Léanlo así y la discusión de finales de año en las 60 curules deja de ser contabilidad: es una declaración de quién importa. El servicio de la deuda importa, porque se paga primero. La inversión extranjera importa, porque se anuncia en público y con cifra. El resto figura en la columna de los recortes sin monto por cartera, que es la columna más sincera del documento, porque es la que no se molesta en poner números.
Y aquí el razonamiento, que seguimos aceptando entero, revienta solo. Si se paga primero la deuda porque los compromisos adquiridos son sagrados, y se invierte después en energía y agua con capital privado porque el futuro lo exige, y lo que sobra —si sobra— va a salud, educación y programas sociales, entonces el orden de prelación está completo y es coherente: primero los acreedores, luego los inversionistas, al final el trabajador informal. El ciudadano que paga la entrada no aparece en los dos primeros renglones. Aparece en el tercero, que es el que depende de que los dos anteriores dejen algo. Nadie firmaría esa frase en voz alta en el Salón Azul. Pero es la conclusión exacta del presupuesto que la bancada oficialista, con su mayoría, se dispone a aprobar hacia finales de año. No la escribieron ellos: la escribió su propia aritmética.
Repare usted en el detalle más elegante de todo el asunto. La deuda se paga con cifras precisas, al centavo, porque los acreedores las exigen. La inversión se anuncia con cifra redonda y rueda de prensa, porque el capital privado agradece la ceremonia. Y los recortes se mencionan sin monto por cartera, porque nadie reclama una cifra exacta de lo que va a faltar en la comunidad sin servicios públicos. Es decir: hay número cuando hay alguien poderoso del otro lado del número, y hay silencio cuando del otro lado solo está usted. El presupuesto no miente; simplemente reparte la precisión según el peso de quien cobra. La dolarización de 2001 se nos vendió como el fin de la incertidumbre; hoy la única incertidumbre que queda bien repartida es la del que no figura en la lista.
De modo que el presupuesto 2027 seguirá su trámite legislativo, y las 60 curules se pronunciarán, y los $2,900 millones del Grupo Cox tendrán su acto, y el servicio de la deuda cobrará puntual como cobra desde hace una década. Falta una sola cifra, la que el pronunciamiento del BRP firmado por Ramírez no pudo precisar porque nadie la quiso poner: cuántos dólares exactos se restan de salud, de educación y de los programas sociales para cuadrar la columna de los que cobran primero. Cuando esa cifra aparezca —si aparece— tendrá un responsable con nombre y curul en el Salón Azul. ¿Quién de los 60 está dispuesto a leerla en voz alta antes de levantar la mano?
