Hay una escena que se repite con puntualidad en la política española: un Gobierno de coalición firma un documento solemne, lo enmarca en fotos con banderas de fondo, y años después uno de los firmantes descubre que el otro lo había leído de otra manera. Esta semana le ha tocado a Sumar, que amaneció con un BOE anunciando que Almaraz seguirá funcionando hasta 2030, cuando el calendario de cierre nuclear pactado en la coalición apuntaba en otra dirección.
Nadie en el Ejecutivo puede alegar sorpresa. Almaraz lleva años siendo el termómetro exacto de la cohesión interna del Gobierno: cada vez que se acerca una fecha de decisión sobre su futuro, el bloque gubernamental discrepa en público con la formalidad de quien discute en una boda ajena. La orden publicada este viernes no ha hecho más que trasladar esa tensión latente al terreno de los efectos jurídicos.
El Ministerio para la Transición Ecológica ha optado por la prórroga en un marco técnico ineludible: cerrar una central nuclear no equivale a apagar una bombilla, sino a un proceso regulatorio y de gestión de residuos que se mide en años. La operación de cualquier reactor español requiere además la autorización del Consejo de Seguridad Nuclear, órgano regulador independiente, de modo que el calendario nunca depende de una sola voluntad política. Pero la explicación técnica, por sólida que sea, no calma a un socio que sostiene, con el acuerdo de 2023 en la mano, que el compromiso decía otra cosa.
Sumar no se ha limitado a discrepar: acusó directamente al PSOE de incumplir lo pactado, un vocabulario que en política de coalición equivale a sacar la artillería pesada sin llegar a la ruptura formal. Es el registro del «esto no se olvida, pero tampoco rompemos el Gobierno», practicado desde 2020 y que permite a ambos socios seguir compartiendo Consejo de Ministros pese al reproche público. Podemos, fuera ya del Ejecutivo, se sumó al coro crítico, al igual que las organizaciones ecologistas que denuncian desde hace años la lentitud del calendario de cierre nuclear español.
La grieta también recorre al PSOE
La fotografía del otro lado es igual de reveladora. El PP y Vox celebraron la prórroga sin la carga de tener que explicar ningún acuerdo de coalición, mientras el PSOE extremeño —consciente del peso económico y de empleo que representa Almaraz para Cáceres— aplaudió una medida que su propio partido firma en Madrid en medio de la resistencia de Sumar. La tensión, por tanto, no es solo entre socios de coalición: recorre el propio espacio socialista, entre la lógica territorial y la lógica programática que en su día se pactó con la parte más ecologista del bloque de investidura.
Conviene recordar que el cierre escalonado de las centrales nucleares españolas fue diseñado como un proceso gradual que combinaba criterios de seguridad, amortización de las plantas y sustitución progresiva por renovables. Almaraz, una de las más antiguas en operación del parque, ha sido siempre el caso más delicado de ese calendario: cada aplazamiento de su cierre reabre el mismo debate sobre si España gestiona una transición energética ordenada o encadena prórrogas al calor de la presión territorial y empresarial.
El precedente de fractura programática dentro de una coalición se remonta a los primeros años del Gobierno PSOE-Unidas Podemos, inaugurado en enero de 2020, cuando ambos socios protagonizaron desencuentros públicos sobre política energética y laboral que nunca rompieron el Ejecutivo, pero que dejaron claro que un acuerdo firmado con solemnidad no siempre sobrevive intacto al contacto con la administración real de un ministerio.
Lo que distingue este episodio es la contundencia del vehículo. No se trata de una declaración en una entrevista, sino de una orden publicada en el BOE, es decir, un acto administrativo con efectos jurídicos inmediatos. Eso convierte la discrepancia de Sumar en algo más que un desencuentro retórico: es una acusación de incumplimiento referida a un documento que tiene, al menos formalmente, rango de compromiso de gobierno.
La pregunta que sobrevuela es la de siempre: ¿qué consecuencias reales tiene que un socio de coalición acuse al otro de incumplir el pacto que sostiene al Gobierno? La experiencia reciente sugiere que, en lo inmediato, ninguna, salvo el desgaste acumulado que con el tiempo se cobra su peaje en la negociación presupuestaria, en las votaciones parlamentarias o en la propia continuidad del Ejecutivo.
A partir de ahora, lo relevante será observar si la discrepancia se traduce en algo más que comunicados: si Sumar convierte su malestar en condiciones concretas para negociaciones futuras —presupuestarias o legislativas—, si el PSOE ofrece algún gesto de compensación política, o si el desencuentro se diluye hasta la siguiente crisis programática. La orden, en todo caso, ya despliega sus efectos y fija junio de 2030 como nuevo horizonte de operación.
Mientras tanto, Almaraz seguirá produciendo electricidad hasta 2030, con el aval del BOE y el rechazo expreso de una parte del Gobierno que la sostiene. Una imagen casi de manual de cómo funcionan las coaliciones españolas: se pacta el papel, se gestiona la realidad y, cuando ambas cosas no coinciden, cada socio convoca su propia rueda de prensa para explicar que el acuerdo, en realidad, decía otra cosa.
