El encargo se tramitó bajo la fórmula de contratación de emergencia, un mecanismo previsto en la Ley de Contratos del Sector Público para situaciones excepcionales que permite prescindir de los trámites ordinarios de concurrencia y publicidad. Telefónica, que ya opera la infraestructura de fibra y cobertura 5G en Ceuta, resultó adjudicataria directa por su capacidad de despliegue inmediato en la ciudad autónoma, la mayor de las operadoras con presencia en el territorio.
Fuentes del sector de las telecomunicaciones consultadas señalan que, en zonas fronterizas con escasa distancia entre ambos países, los teléfonos móviles tienden a engancharse por error a las redes de operadoras marroquíes como Maroc Telecom, Orange o Inwi, cuyas antenas alcanzan sectores limítrofes y costeros de Ceuta. El propio Gobierno español ha reconocido en distintas ocasiones la dificultad técnica de bloquear por completo esa intromisión de señal en territorio nacional.
El análisis posterior de los mapas de cobertura de las redes 2G, 3G, 4G y 5G mostró que la infraestructura móvil se mantuvo estable pese a la llegada masiva de personas a la ciudad, sin llegar a saturarse. Las mismas fuentes atribuyen esa estabilidad a que buena parte de los migrantes utilizaba la conexión de las operadoras del país vecino, quedándose junto a la frontera, en lugar de la red española.
Sin adjudicación directa en Las Hurdes
El expediente de Ceuta contrasta con la respuesta dada semanas antes a otra petición de emergencia en materia de telecomunicaciones. El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Junta de Extremadura, Guillermo Santamaría, remitió una carta al Gobierno solicitando la intervención de la Administración central para restablecer los servicios de voz y banda ancha en la comarca de Las Hurdes, dañados por el incendio forestal de Pinofranqueado.
En esa misiva, Santamaría situaba la resolución del problema en el Gobierno central, «como administración competente en materia de telecomunicaciones». Las incidencias afectaban a centros de salud, farmacias, ayuntamientos y servicios de emergencia de varias localidades hurdanas. El Ejecutivo optó entonces por soluciones provisionales, como enlaces vía satélite de capacidad limitada, sin recurrir a la adjudicación directa de un contrato de emergencia para dotar de conexión a los vecinos afectados.
El recurso a la contratación de emergencia no es nuevo en la gestión pública española: se empleó de forma masiva durante la pandemia de covid-19 en 2020 para adquirir material sanitario, lo que motivó reparos posteriores del Tribunal de Cuentas por la ausencia de concurrencia. La normativa reserva esa vía a supuestos de necesidad inaplazable, y su aplicación exige justificar la excepcionalidad del caso.
El asalto del 30 de julio, sobre el que la ministra de Defensa, Margarita Robles, admitió margen de mejora en la respuesta, también generó tensión diplomática con Rabat, después de que el PP acusara a Marruecos de ser "responsable de lo ocurrido por acción u omisión" en un comunicado posterior a los hechos.
