El mecanismo documentado reproduce un patrón identificado en Nicaragua desde la crisis sociopolítica de 2018: la confiscación de bienes inmuebles —muchas veces vinculados a opositores, disidentes o extranjeros— y su posterior traspaso a instituciones estatales, en este caso de seguridad social. Entre agosto de 2024 y octubre de 2026 la Procuraduría habría transferido 372 propiedades al INSS, cifra que se eleva a 374 si se suman los traspasos realizados desde 2007, según los datos citados en la investigación.
El caso de Playa Gavilán tiene una particularidad que lo distingue de otros episodios similares: los afectados son ciudadanos extranjeros, jubilados estadounidenses que habían hecho de Nicaragua su lugar de retiro. De acuerdo con el reporte, constituye uno de los primeros casos documentados en que este mecanismo de confiscación y transferencia alcanza directamente a propietarios de otra nacionalidad asentados en el país centroamericano.
El esquema de propiedad en las zonas costeras nicaragüenses explica en parte la vulnerabilidad jurídica de los afectados: los jubilados eran dueños de las construcciones, pero no de los terrenos, sujetos a contratos de arrendamiento con la alcaldía de Tola. Durante más de década y media, los propietarios habrían cumplido con el pago del canon municipal, calculado en alrededor de $1,000 anuales por propiedad, además de los impuestos correspondientes.
Contratos de arrendamiento cancelados en 2026
Fue en 2026 cuando la alcaldía habría cancelado esos contratos de arrendamiento, un paso que antecedió a la ocupación de los inmuebles por parte de personas que se identificaron como funcionarios del INSS. Según los testimonios recogidos, fueron los trabajadores de las propiedades quienes alertaron a los dueños, ausentes en el momento de la toma, sobre la llegada de los funcionarios y la orden de retirar a los vigilantes de seguridad.
Las nueve viviendas fueron construidas durante la década de 2000, varias de ellas habilitadas como residencias de descanso a partir de 2010. Los propietarios habrían invertido sumas significativas en infraestructura y equipamiento: cada casa tendría un costo de construcción estimado entre $500,000 y $800,000. Al momento de la ocupación, las viviendas conservaban en su interior mobiliario, electrodomésticos, sistemas de energía solar y pertenencias personales, bienes que los dueños no habrían podido recuperar.
Pérdidas estimadas en $15 millones
La suma de las edificaciones, las mejoras acumuladas y los bienes muebles dejados en el interior lleva a los afectados a calcular pérdidas cercanas a los $15 millones. La cifra situaría este episodio entre los de mayor cuantía económica documentados hasta ahora dentro del proceso de confiscaciones que el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha mantenido durante años contra opositores, disidentes y, en menor medida, ciudadanos extranjeros.
Uno de los elementos que más atención ha generado es la propuesta que, según los testimonios recogidos, habrían recibido los propietarios tras la ocupación: continuar usando las mismas viviendas bajo un esquema de alquiler administrado por el INSS, con rentas mensuales de alrededor de $2,000 por propiedad. La oferta implicaría que los antiguos dueños pagarían ahora por habitar inmuebles que antes les pertenecían en plena propiedad.
El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó tener conocimiento de numerosos casos de confiscación de propiedades pertenecientes a ciudadanos estadounidenses en Nicaragua, y señaló su preocupación por el respeto a los derechos de propiedad en ese país. Washington mantiene además advertencias de viaje para sus ciudadanos, entre cuyos factores de riesgo figura la posibilidad de que terrenos, viviendas y otros activos sean confiscados por las autoridades nicaragüenses sin previo aviso.
La política de confiscaciones del régimen Ortega-Murillo se intensificó tras la represión de las protestas de abril de 2018, cuando el Estado nicaragüense canceló la personería jurídica de decenas de organizaciones civiles y universidades y traspasó sus bienes a instituciones públicas. En años posteriores, el Gobierno despojó de la nacionalidad a cientos de opositores excarcelados y confiscó sus propiedades, un procedimiento que la investigación encuadra en la misma lógica de traspaso patrimonial hacia el aparato estatal.
La magnitud del mecanismo documentado —374 propiedades transferidas al INSS desde 2007— sugiere que el caso de Playa Gavilán no es un hecho aislado, sino parte de un patrón sostenido de traspasos patrimoniales hacia instituciones estatales nicaragüenses. La diferencia respecto a episodios anteriores radicaría en que, por primera vez de forma documentada, el mecanismo habría alcanzado a un grupo de jubilados extranjeros sin vínculo aparente con la oposición política nicaragüense.
El contraste con la institucionalidad de otros países del istmo es notorio: en El Salvador, la fiscalización sobre el manejo de bienes y fondos públicos corresponde a la Corte de Cuentas de la República, mientras que figuras políticas de la región como el expresidente uruguayo Julio María Sanguinetti, recibido recientemente por el vicepresidente Félix Ulloa según recoge la cobertura sobre la experiencia salvadoreña en seguridad, mantienen el debate hemisférico sobre el equilibrio entre seguridad, derechos y garantías patrimoniales.
Para los afectados en Playa Gavilán, la pérdida no se limita al valor inmobiliario de las viviendas. Representa también el fin de proyectos de retiro construidos durante más de una década en la costa de Rivas, con inversiones acumuladas en infraestructura, mobiliario y bienes personales que, según sus testimonios, permanecen hoy bajo control del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social.
