La ejecutiva extraordinaria y el orden del día negociado
La convocatoria de la ejecutiva federal extraordinaria del PSOE llegó precedida de una negociación nocturna que duró desde el jueves hasta la madrugada del viernes. La primera versión del orden del día, remitida por el gabinete de Sánchez a los miembros de la ejecutiva a las 21:00 del jueves, contenía un único punto: «Análisis de la situación orgánica y calendario del 41 Congreso Federal». A las 23:00, tras una serie de llamadas entre la sede de Ferraz y varias federaciones territoriales, se incorporó un segundo punto: «Constitución, en su caso, de una Comisión Gestora para la preparación del Congreso». Esa adición no fue voluntaria: según las fuentes consultadas por este periódico, las federaciones encabezadas por Javier Lambán y Adrián Barbón la exigieron como condición para no activar un comité federal extraordinario, mecanismo que los estatutos del PSOE permiten si lo solicita un tercio de las federaciones y que habría representado, para la dirección, un escenario de derrota más visible que la propia ejecutiva.
La inclusión de la comisión gestora en el orden del día tenía un peso simbólico preciso. En la tradición orgánica del PSOE, ese órgano transitorio se constituye cuando la dirección dimite o es cesada, y su función estatutaria se limita a preparar el congreso interno. Su mera presencia en el documento convocado por la propia Ferraz equivalía, según los dirigentes consultados, a una admisión implícita de que la ejecutiva vigente carecía ya de autoridad para continuar, y de que la discusión había pasado del «si» al «cómo y cuándo».
Cerdán, secretario de Organización, ante una dimisión anunciada
Santos Cerdán afrontaba la mañana del viernes en una situación de aislamiento dentro de su propio entorno. El navarro, responsable de la secretaría de Organización desde 2017 y pieza central en la gestión interna del partido durante ese período, llevaba cuarenta y ocho horas atrapado en una espiral de llamadas, reproches y silencios. Una frase suya del jueves —«Esto es peor que 2016. Entonces perdimos el Gobierno. Ahora podemos perder el partido»— había llegado a varios medios a pesar de las precauciones de su entorno, y circulaba ya como diagnóstico anticipado de su propia gestión. Tres fuentes independientes consultadas por El Hemiciclo coincidían en que Cerdán tenía preparada su dimisión para presentarla al inicio de la ejecutiva: según esas fuentes, el secretario de Organización había redactado un texto breve de renuncia durante la noche, lo había consultado con su familia y con un interlocutor en Moncloa cuya identidad no ha podido confirmarse, y había concluido que abandonar el cargo era, según sus propias palabras referidas por esas fuentes, «el único gesto de responsabilidad que podía ofrecer al partido en este momento».
Una dimisión de Cerdán abría, según los mismos interlocutores, un efecto en cadena: otros miembros de la ejecutiva que se sentían señalados por la sentencia del caso Koldo podrían seguir el mismo camino, lo que aceleraría la constitución de la comisión gestora y reduciría los plazos para la celebración del congreso federal.
La presión del PP sobre Armengol y la proposición no de ley
Francina Armengol, presidenta del Congreso de los Diputados, gestionaba simultáneamente su propia crisis institucional. El Partido Popular había formalizado a las 08:00 del viernes la petición de dimisión que su portavoz parlamentario, Borja Sémper, había anunciado el jueves a las 11:45, menos de treinta minutos después de que se conociera la sentencia. El escrito, de cuatro páginas según las fuentes parlamentarias consultadas, argumentaba que la relación institucional de Armengol con José Luis Ábalos —coincidencia en múltiples foros del PSOE y ejercicio de la presidencia del Govern Balear durante parte del período en que se produjeron las adjudicaciones investigadas— hacía «insostenible» su continuidad al frente de una institución que debe encarnar la neutralidad. El PP añadía que Armengol había presidido la sesión de control en la que Ábalos compareció como diputado para responder preguntas sobre los contratos de mascarillas, y calificaba su gestión de esa sesión de «benevolente» con el exministro. El argumento era, según los letrados consultados, jurídicamente débil —la presidencia del Congreso carece de potestad para dirigir el contenido de las intervenciones, según el Reglamento del Congreso de los Diputados—, pero políticamente rentable para el principal partido de la oposición.
El PSOE no había respondido formalmente al escrito del PP a la hora del cierre de esta edición. Fuentes de la ejecutiva señalaron a este periódico que la dirección consideraba «improcedente» cualquier petición de dimisión sobre la presidenta del Congreso basada en hechos no imputados a ella.
La proposición no de ley y el laberinto parlamentario
Para el pleno del martes, el PP tenía preparada una proposición no de ley de ocho folios redactada por el gabinete jurídico de Génova con la participación directa de Esteban González Pons, responsable de la parte relativa a las implicaciones europeas del caso. El texto se estructuraba en tres bloques: una exposición de motivos con los hechos probados de la sentencia del caso Koldo; una parte dispositiva que instaba al Congreso a «declarar la reprobación política del Partido Socialista Obrero Español por los hechos de corrupción cometidos por miembros de su gobierno durante la pandemia de COVID-19»; y un conjunto de peticiones concretas que incluían la comparecencia del presidente del Gobierno ante el pleno para «dar explicaciones sobre su conocimiento de los hechos» y la creación de una comisión de investigación parlamentaria sobre «todos los contratos de emergencia sanitaria adjudicados durante el estado de alarma». La aritmética parlamentaria hacía inviable su aprobación —el PSOE y sus socios sumarían votos suficientes para rechazarla—, pero su tramitación obligaría a cada grupo a posicionarse públicamente sobre la sentencia.
El precedente más cercano de este tipo de maniobra es la proposición no de ley de reprobación del PP contra el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2009, también rechazada en votación pero utilizada como instrumento de desgaste mediático durante meses. El Reglamento del Congreso, en su artículo 193, permite la tramitación de proposiciones no de ley en el pleno a solicitud de cualquier grupo parlamentario, sin que la Mesa pueda rechazarlas por razones de oportunidad política.
La posición de los socios del Gobierno ante la proposición distaba de ser uniforme. El PNV había convocado una reunión interna a las 09:30 del viernes para, según su propia formulación, «evaluar las consecuencias parlamentarias de la sentencia del Koldo», una expresión que los analistas parlamentarios interpretaban como el preludio de una renegociación de su apoyo al Ejecutivo. Bildu había emitido a las 07:00 un comunicado en el que pedía «la dimisión inmediata de todos los responsables políticos implicados» sin identificarlos, una ambigüedad que le permitía mantener el apoyo al Gobierno mientras exigía rendición de cuentas.
Tres escenarios para las próximas semanas
La dinámica que se perfilaba para las semanas siguientes combinaba tres escenarios con consecuencias radicalmente distintas para la estabilidad del Gobierno. Si la ejecutiva del PSOE aprobaba en esa reunión la convocatoria del congreso para julio, el partido quedaría absorbido durante seis semanas por un proceso interno que desviaría los recursos orgánicos y políticos de la acción de gobierno. Si la dirección mantenía septiembre —opción que a las 08:30 del viernes parecía casi descartada según las fuentes consultadas—, el bloque crítico de las federaciones podría activar el mecanismo estatutario del comité federal extraordinario, con resultados potencialmente más destructivos para Sánchez que la convocatoria anticipada. Y si el secretario general optaba por una tercera vía —convocar primarias sin congreso previo—, se arriesgaba a recursos estatutarios de las federaciones que impugnarían el procedimiento, abriendo un frente judicial interno sin precedente reciente en el partido.
Los plazos que marcan la hoja de ruta son los del propio calendario parlamentario y orgánico: el pleno del martes en el Congreso, la eventual constitución de la comisión gestora en los días siguientes y la decisión sobre la fecha del congreso federal, que condicionará la capacidad del Ejecutivo para presentar los Presupuestos Generales del Estado —pendientes desde 2023— antes de que el proceso interno agote el margen político disponible.
