El detalle procesal —el jurado— es jurídicamente extraño pero no imposible. La ley procesal española permite este formato para determinados delitos contra la Administración pública, y Peinado ha decidido aplicarlo invocando la 'gravedad institucional' del asunto. Varias fuentes del entorno judicial consultadas por este periódico admiten que la decisión es 'llamativa' y que abre un escenario procesal con pocos precedentes en los últimos diez años. La última vez que se juzgó un caso así ante jurado fue el del ex senador canario José Segura, en 2012.
El auto, al que ha tenido acceso este periódico, relata una cronología de hechos minuciosa. Arranca en mayo de 2021, cuando Gómez entra en contacto con ejecutivos de Globalia, y se extiende hasta el pasado otoño, cuando se produjeron las últimas diligencias de investigación. En ese recorrido, Peinado identifica al menos cuatro momentos clave que, a su juicio, constituyen indicios suficientes para abrir juicio oral: una carta de recomendación, una reunión con un fondo de inversión, la firma de un convenio universitario y un intercambio de correos con un alto cargo de Moncloa.
El auto, además, incluye varios pasajes directamente dirigidos a rechazar los recursos de la defensa, que en los últimos meses había intentado forzar el archivo del procedimiento. Peinado escribe literalmente: 'La instrucción ha concluido aportando suficientes elementos indiciarios sobre los hechos y sobre las personas señaladas como responsables'. Y añade, en un párrafo que ya circula por los grupos de WhatsApp de abogados penalistas: 'Ninguna de las alegaciones presentadas desvirtúa la racionalidad de los indicios'.
En Moncloa, la reacción pública fue una frase corta y muy meditada: 'Respetamos la decisión del juez, confiamos en la inocencia de Begoña Gómez'. En privado, sin embargo, el malestar es evidente. Sánchez convocó esta misma mañana a primera hora a su núcleo duro para analizar el alcance de la noticia y, sobre todo, el formato elegido por Peinado. La designación de un jurado popular es especialmente difícil de gestionar desde el punto de vista comunicativo: elimina la frialdad técnica del tribunal profesional e introduce la percepción social del caso como factor determinante.
En el Partido Popular, la lectura fue la opuesta. El portavoz de Justicia en el Congreso habló de 'un día histórico para la igualdad ante la ley' y pidió a Pedro Sánchez que 'asuma la normalidad democrática de que un juez investigue a su entorno'. Vox, más agresivo, reclamó directamente la dimisión del presidente del Gobierno, en una petición que ya se ha convertido casi en una declaración de estilo.
La defensa de Gómez, liderada por el abogado Antonio Camacho, ha anunciado recurso inmediato ante la Audiencia Provincial de Madrid. Camacho sostiene que el auto 'parte de indicios débiles y recaba prueba ajena al objeto procesal'. La Audiencia tendrá, en principio, un plazo de dos meses para pronunciarse, aunque fuentes del propio tribunal reconocen que el asunto podría resolverse en menos tiempo dadas las presiones políticas que acompañan al caso.
En paralelo, la Fiscalía —que en las últimas semanas había pedido varias diligencias de sobreseimiento— ha emitido un comunicado breve: 'Respetamos las decisiones del juez instructor y revisaremos el contenido del auto antes de determinar la posición del Ministerio Público'. La frase, aparentemente neutra, es leída en los tribunales como una manera elegante de mantener la equidistancia.
Hay, sin embargo, un dato que conviene retener porque marcará el futuro judicial del caso. Peinado ha incluido en el auto la siguiente previsión: si la Audiencia confirma el procesamiento, el juicio se celebraría previsiblemente en el primer semestre de 2027, una fecha que coincidirá con el ecuador del tercer año de legislatura. Pocas noticias políticas han tenido un calendario judicial tan cargado de simbolismo.
La imagen final de esta mañana ha sido, en cualquier caso, la de Begoña Gómez entrando por la puerta trasera de su domicilio madrileño mientras dos periodistas le preguntaban, sin obtener respuesta, si había leído ya el auto. Nadie lo ha confirmado en Moncloa, pero muy pocos lo dudan: era imposible no haberlo hecho. Sesenta y tres páginas son, en este tipo de casos, la primera sentencia antes de la sentencia.
