La decisión de Peinado de mantener el jurado popular es la tercera derrota procesal consecutiva de la Fiscalía en este caso y consolida la imagen de un instructor que ha convertido la resistencia a las presiones del Ministerio Público en una seña de identidad de su labor jurisdiccional. El auto, de 23 páginas, argumenta que los indicios recabados durante la instrucción «superan holgadamente» el umbral necesario para someter los hechos al juicio de un tribunal ciudadano y rechaza el argumento de la Fiscalía de que las acusaciones populares carecen de legitimación activa. Peinado cita expresamente el artículo 125 de la Constitución, que reconoce la acción popular como un derecho fundamental, y dedica cuatro páginas a desmontar lo que califica de «interpretación restrictiva interesada» del Ministerio Público.
La defensa de Begoña Gómez, liderada por el abogado Antonio Camacho, anunció que recurrirá el auto ante la Audiencia Provincial en las próximas 48 horas. Sin embargo, fuentes jurídicas próximas al caso consideran que el recurso tiene escasas posibilidades de prosperar: la Audiencia ya ratificó en marzo la competencia del juez instructor y la pertinencia del jurado popular, y alterar ese criterio a menos de tres semanas de la vista de selección constituiría una decisión extraordinaria que podría interpretarse como una intervención política en un caso con ramificaciones en Moncloa. El escenario más probable, según los procesalistas consultados, es que la vista del 2 de junio se celebre según lo previsto y que el juicio propiamente dicho comience entre la segunda y la tercera semana de junio.
La Fiscalía emitió un comunicado tras conocer el auto en el que reitera que «no existe indicio alguno de que los hechos investigados constituyan infracción penal» y anuncia que valorará la presentación de un recurso de reforma ante el propio juzgado antes de acudir a la vía de la apelación. La redacción del comunicado, inusualmente contundente para los estándares del Ministerio Público, refleja la frustración de un equipo fiscal que ha solicitado el archivo en tres ocasiones y en las tres ha sido desestimado. Fuentes de la Fiscalía General reconocen que la estrategia procesal se encuentra en un punto muerto y que la única vía para detener el juicio antes de su celebración sería una cuestión prejudicial ante el Tribunal Constitucional, una opción que varios fiscales consideran «técnicamente viable pero políticamente explosiva».
El caso Kitchen, por su parte, atraviesa un momento de pausa técnica que ambas partes intentan utilizar a su favor. La decisión de Villarejo de someterse a una intervención quirúrgica de rodilla derecha, programada inicialmente para el viernes 9 pero ahora aplazada al domingo 11, suspenderá automáticamente las sesiones de la sala durante al menos siete días hábiles, lo que desplaza la reanudación del juicio al lunes 19 de mayo como muy pronto. La maniobra procesal es conocida: los acusados con patologías crónicas pueden solicitar aplazamientos que, individualmente, parecen razonables pero que, acumulados, dilatan el calendario hasta generar roces con el derecho a un juicio sin dilaciones indebidas.
La cadena de custodia del material incautado a Ignacio Pérez Dolset volvió a protagonizar un momento de tensión durante la sesión matutina. La defensa de Dolset presentó un informe pericial independiente que documenta al menos tres anomalías en la manipulación de los dispositivos electrónicos incautados en el domicilio de su cliente en noviembre de 2017: un disco duro externo cuyo precinto fue retirado y repuesto sin acta notarial, un teléfono móvil cuya memoria fue copiada en una fecha anterior a la de la orden judicial que autorizaba el análisis, y una carpeta de documentos digitales cuya marca de tiempo no coincide con el momento del registro. Las tres anomalías no invalidan automáticamente la prueba, pero proporcionan a la defensa un argumento sólido para solicitar su exclusión total o parcial en el momento de la valoración probatoria.
La fiscal del caso, Dolores Delgado, respondió al informe pericial con una objeción que la sala admitió a trámite: según la acusación pública, las anomalías documentadas son «irregularidades administrativas menores» que no afectan a la integridad del contenido y que deben atribuirse a la urgencia con la que se ejecutó el registro, que se practicó de madrugada y en un domicilio de grandes dimensiones con múltiples dispositivos electrónicos. La sala concedió a las partes un plazo de cinco días para presentar alegaciones complementarias sobre la cadena de custodia, lo que introduce otra variable de incertidumbre en un juicio que ya acumula más de cuarenta sesiones y que no tiene fecha previsible de conclusión.
La intersección entre ambos casos y la política activa es inevitable a cuatro días del 17-M. El PP ha utilizado la decisión de Peinado como munición electoral: el portavoz de Justicia popular declaró esta tarde que «mientras Sánchez promete regeneración, su mujer irá a juicio ante un jurado de ciudadanos que decidirá si hubo tráfico de influencias en la Moncloa». El PSOE respondió acusando al PP de «instrumentalizar la justicia» y recordando que la Fiscalía, «el único órgano constitucional encargado de velar por la legalidad, pide el archivo». El cruce de acusaciones se produce en un contexto en el que las encuestas indican que los temas judiciales figuran entre los tres principales motivos de preocupación del electorado andaluz, junto con la sanidad y el empleo.
El calendario judicial de las próximas semanas dibuja un paisaje de colisiones potencialmente explosivas. Si Marchena emite el fallo del caso Koldo a finales de mayo, coincidirá con el inicio del juicio de Begoña Gómez y con la reanudación de Kitchen tras la convalecencia de Villarejo. La acumulación de tres procesos de alta carga política en un mismo período obligará al sistema judicial español a demostrar una capacidad de gestión mediática y procesal que rara vez ha sido puesta a prueba con tanta intensidad. Para el ciudadano, el riesgo es el de la saturación informativa: tres juicios, tres narrativas, tres marcos interpretativos compitiendo por un espacio de atención que ya está colonizado por la campaña andaluza, la flotilla y los aranceles.
La reflexión de fondo que plantean las decisiones de esta tarde es la del papel del poder judicial en una democracia hiperpolarizada. Cuando un juez instructor mantiene un juicio que la Fiscalía considera infundado, ¿está ejerciendo su independencia o está alimentando una persecución política? Cuando un acusado aplaza repetidamente un juicio por razones médicas, ¿ejerce su derecho de defensa o abusa de las garantías procesales? Las respuestas varían según la posición ideológica del observador, y esa variabilidad es precisamente el síntoma de un sistema que funciona pero que ha perdido la capacidad de generar consensos sobre las reglas básicas del juego democrático.
