La desconfianza no se detiene en los partidos: alcanza también a las instituciones encargadas de organizar y vigilar los comicios. Según los datos citados por la Red, el 59.9% de la población percibe corrupción frecuente en los órganos electorales, aunque un 48.1% dice tenerles mucha o alguna confianza. La brecha retrata a un electorado que duda del árbitro sin descartarlo por completo.
A esa percepción se suma un costo medible. El Inegi calculó que en 2025 la corrupción asociada a trámites, pagos y contactos con autoridades ascendió a 17,707 mdp, un 48.7% más que en 2023. El salto en dos años, documentado por el propio instituto, indica que el fenómeno no solo se percibe con más intensidad: también se paga más caro en la relación cotidiana entre ciudadanos y gobierno.
Mauricio Merino Huerta, exconsejero electoral del entonces IFE y académico de la Universidad de Guadalajara, tradujo esas cifras en riesgos concretos para la contienda de 2027. Advirtió que el país llega a ese proceso con un sistema electoral "muy, muy maltrecho", una valoración que contrasta con el edificio institucional levantado tras las reformas electorales de las últimas tres décadas, desde la creación del IFE en 1990 hasta su conversión en INE en 2014.
Entre los riesgos que enumeró están el adelanto de facto de las actividades partidistas antes de los plazos legales, la posible intervención del crimen organizado en territorios donde ejerce control social o económico, el ingreso de recursos de procedencia ilícita a las campañas y la actuación de las autoridades responsables de garantizar condiciones equitativas de competencia.
El académico situó el problema más allá del día de la jornada electoral. Explicó que buena parte de los acuerdos que distorsionan una elección no se cierran en la boleta, sino después, cuando se reparten los beneficios de haber ganado o facilitado un triunfo.
"El intercambio es por puestos públicos, presupuestos, contratos, privilegios que se van otorgando después en los gobiernos", advirtió Mauricio Merino Huerta, exconsejero electoral del IFE.
Esa lógica de intercambio diferido —apoyos hoy, cargos o contratos mañana— conecta el diagnóstico electoral con un patrón que la fiscalización mexicana documenta desde otros ángulos: redes familiares y de allegados que acumulan contratos públicos una vez que sus padrinos políticos llegan al poder, como en el caso de familiares de políticos que acumulan contratos y procesos penales o en la red de negocios que registros mercantiles han vinculado a Andy López Beltrán.
Vigilar el dinero, no solo el voto
Frente a ese riesgo, Merino llamó a vigilar el financiamiento de las campañas, el uso de recursos públicos durante el proceso, la fiscalización que ejercen las autoridades electorales y, sobre todo, las decisiones que se toman una vez concluidos los comicios, cuando —según su planteamiento— se consuman buena parte de los acuerdos gestados durante la contienda. El exconsejero reivindicó también el papel de la observación ciudadana como contrapeso frente a partidos y gobierno.
"La elección es de la gente, no es de los partidos, no es del gobierno", afirmó Mauricio Merino Huerta.
El diagnóstico se presentó como antesala del XV Seminario de la Red por la Rendición de Cuentas, titulado "Las amenazas de la corrupción en el proceso electoral", programado para el 15 de octubre en el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) de la Universidad de Guadalajara. El encuentro reunirá a especialistas, integrantes de organizaciones civiles y autoridades para discutir propuestas de prevención y vigilancia ciudadana de cara a 2027.
El expediente sobre financiamiento irregular y tráfico de influencias no es ajeno a la agenda judicial reciente: los documentos que vinculan a Adán Augusto López con rentas del Poder Judicial de la Federación por 58 mdp ilustran el mismo tipo de contratos y beneficios posteriores a un cargo público que alimentan la desconfianza que ahora mide el Inegi entre la población.
La Red por la Rendición de Cuentas analizará estos riesgos en su seminario del 15 de octubre en la Universidad de Guadalajara, donde discutirá cómo blindar el proceso electoral de 2027 frente a las amenazas que Merino Huerta expuso a partir del diagnóstico del Inegi.