La instancia que planteaba Lira buscaba constituir un órgano legislativo con representación de distintas fracciones para examinar expedientes de personas que permanecen privadas de libertad pese a no tener relación demostrada con estructuras criminales. El rechazo del bloque oficialista dejó la propuesta sin el respaldo necesario para avanzar en el pleno.
El régimen de excepción fue aprobado por la Asamblea Legislativa el 27 de marzo de 2022, tras un fin de semana con decenas de homicidios atribuidos a pandillas. Desde entonces el pleno ha prorrogado la medida mes a mes con el respaldo mayoritario de Nuevas Ideas, hasta la última extensión conocida: la prórroga 55, vigente hasta el 27 de octubre.
La figura, contemplada en el artículo 29 de la Constitución, permite suspender garantías como la libertad de asociación, la inviolabilidad de la correspondencia y el plazo ordinario de detención administrativa, que bajo el régimen se extiende más allá de las 72 horas. Organismos de derechos humanos han documentado capturas de personas sin antecedentes ni vínculos acreditados con pandillas, un fenómeno planteado por familiares de detenidos ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y ante la propia Asamblea.
Según el planteamiento de ARENA, la comisión habría tenido la facultad de solicitar informes a la Fiscalía General de la República (FGR) y al Órgano Judicial sobre el estado procesal de los casos de personas que permanecen detenidas sin relación comprobada con las pandillas.
La negativa de este jueves no es la primera: ARENA ya había planteado antes en el Salón Azul una revisión específica de las capturas bajo el régimen, y la mayoría oficialista la descartó. La correlación de fuerzas en el hemiciclo, con Nuevas Ideas controlando la amplia mayoría de las 60 curules, ha determinado hasta ahora el rumbo de cualquier iniciativa que modifique el diseño o la fiscalización del régimen de excepción.
La FGR y la Policía Nacional Civil (PNC) ejecutan las capturas bajo el régimen, mientras que los tribunales penales tramitan los procesos conforme a las reglas especiales aprobadas por la Asamblea en los decretos complementarios de 2022. La propuesta de Lira pretendía abrir una vía legislativa de fiscalización paralela a esos procesos judiciales.
La Asamblea Legislativa ha mantenido en paralelo una agenda activa en otras materias: en sesiones recientes los diputados integraron nueve instituciones a Protección Civil y ampliaron facultades del Centa, y la Comisión de Hacienda avaló fondos para la reconstrucción de los mercados de Santa Ana y San Miguel.
La vigencia de la prórroga 55 del régimen de excepción, aprobada hasta el 27 de octubre, marca la próxima fecha en que el pleno deberá pronunciarse de nuevo sobre la continuidad de la medida que rige desde marzo de 2022.
