El régimen de excepción se decretó por primera vez el 27 de marzo de 2022, luego de un fin de semana con un repunte de homicidios atribuido a estructuras de pandillas. Desde entonces, el mecanismo se ha renovado mes a mes en el Salón Azul sin interrupciones, con la fracción de Nuevas Ideas sosteniendo cada prórroga en el pleno.
La figura, contemplada en el artículo 29 de la Constitución, permite suspender garantías como la inviolabilidad de la correspondencia, la libertad de asociación y el derecho de defensa en las primeras 72 horas de detención, entre otras. Su prórroga requiere el aval de la Asamblea Legislativa cada 30 días, un trámite que la bancada oficialista ha aprobado de forma sistemática desde el inicio del régimen.
El pasado mes de marzo la medida alcanzó su cuarto aniversario. El Hemiciclo dio cuenta de que el régimen de excepción cumple más de cuatro años en El Salvador, un periodo en el que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ha documentado denuncias sobre capturas sin orden judicial, mientras Casa Presidencial ha defendido la caída sostenida de los homicidios como resultado directo de la estrategia.
La aprobación de esta prórroga 55 se produce en un pleno que en las últimas semanas ha tramitado otras decisiones de gestión institucional, como la juramentación de los 14 abogados del nuevo Consejo Nacional de la Judicatura y la disolución de la Unidad de Trámite Expedito, con el traslado de sus funciones al Ministerio de Seguridad.
Organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición legislativa han cuestionado en distintos momentos la extensión del régimen, al argumentar que una medida concebida como excepcional se ha convertido en herramienta permanente de gobierno. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia no ha emitido pronunciamientos que alteren la validez de las sucesivas prórrogas aprobadas desde 2022.
El Ministerio de Seguridad y Casa Presidencial sostienen que la reducción sostenida de los homicidios respalda la continuidad de la medida, mientras persisten señalamientos sobre el número de personas detenidas bajo el régimen y los procesos judiciales pendientes. Con esta extensión, el mecanismo se mantendrá vigente hasta el 27 de octubre, cuando la Asamblea Legislativa decidirá nuevamente sobre su continuidad.
