La concesión demanial que Nueva Pescanova había solicitado es un permiso administrativo que otorgan las autoridades portuarias para el uso privativo y exclusivo de un bien de dominio público —en este caso, una parcela del puerto de Las Palmas—, sujeto a un plazo determinado y al pago de una tasa. Este tipo de autorizaciones exige que el proyecto supere trámites ambientales y de compatibilidad con el resto de usos del recinto portuario, lo que en la práctica encadena informes técnicos, periodos de información pública y resolución expresa del organismo portuario.
La empresa, heredera de la antigua Pescanova tras la reestructuración concursal del grupo en 2013, planteaba criar pulpo común (Octopus vulgaris) a escala industrial en el recinto portuario. La iniciativa pretendía dar respuesta a la creciente demanda de esta especie en mercados internacionales, en un contexto en que la presión sobre las poblaciones salvajes ha tensionado el mercado durante la última década.
Una especie cuya cría en cautividad divide a la ciencia
Desde que trascendieron los primeros detalles del proyecto, la iniciativa despertó rechazo entre organizaciones de defensa animal, que alertaron sobre el sufrimiento que implicaría el cautiverio para una especie considerada por buena parte de la comunidad científica como dotada de sistemas nerviosos complejos y comportamientos que sugieren capacidades cognitivas avanzadas, incluida la resolución de problemas. Los detractores subrayaban además que las altas densidades de población inherentes a cualquier explotación industrial pueden derivar en estrés, agresividad e incluso canibalismo entre ejemplares.
Uno de los argumentos centrales de la oposición era la ausencia de un marco normativo específico. La Unión Europea no cuenta con una regulación propia que aborde el bienestar animal en la acuicultura de cefalópodos, a diferencia del régimen detallado que existe para mamíferos y aves. Ese vacío legal llevó a los detractores a reclamar una moratoria hasta que se estableciera una regulación europea armonizada.
La Comisión Europea mantiene abiertos trabajos técnicos para valorar la necesidad de una regulación específica que pudiera aplicarse a futuros proyectos similares en cualquier Estado miembro. Como precedente comparable, en distintos países se habían abandonado o frenado iniciativas de piscifactorías de pulpo por presión ciudadana y científica antes de materializarse, lo que habría situado al proyecto de Las Palmas entre los más avanzados del mundo en su categoría, con permisos administrativos en trámite desde hacía varios años.
Un expediente que se prolongó en medio de la controversia
La Autoridad Portuaria de Las Palmas, dependiente de Puertos del Estado y, por tanto, del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, había mantenido el expediente de concesión abierto sin que trascendieran plazos concretos de resolución. La tramitación se prolongó de forma notable, en un procedimiento marcado por las alegaciones presentadas durante los periodos de información pública.
Nueva Pescanova no ha detallado públicamente los motivos económicos o regulatorios que la han llevado a desistir del procedimiento. La compañía mantiene otras líneas de negocio en acuicultura al margen del proyecto canario, y su decisión pone fin a una tramitación que se arrastraba desde hacía años.
El desenlace también afecta a las expectativas de empleo que la instalación había generado en el archipiélago, una región con una tasa de paro históricamente por encima de la media nacional según los registros de la Encuesta de Población Activa del Instituto Nacional de Estadística. Entre las cofradías de pescadores convivían posiciones divididas: quienes veían en la granja una vía de diversificación económica y quienes temían un impacto sobre los caladeros tradicionales de pulpo salvaje, sometidos a cuotas y vedas estacionales.
Las organizaciones ecologistas que habían presentado alegaciones formales contra el proyecto durante su tramitación lo consideraban un retroceso en materia de bienestar animal y sostenibilidad marina. La retirada de Nueva Pescanova responde así, al menos en parte, a una controversia social que acompañó al expediente desde su inicio, aunque la empresa no ha vinculado expresamente su desistimiento a esa oposición.
La renuncia no cierra el debate de fondo sobre la acuicultura de cefalópodos en Europa. Mientras la demanda global de pulpo sigue creciendo y las capturas silvestres no aumentan al mismo ritmo, la presión para desarrollar sistemas de cría en cautividad persiste, y con ella la discusión sobre si debe permitirse y bajo qué condiciones de bienestar animal.
El desistimiento deberá tramitarse conforme al procedimiento administrativo previsto en la Ley 39/2015, lo que implica una resolución expresa del organismo portuario que dé por concluido el expediente. Queda por conocer si Nueva Pescanova reorientará sus inversiones hacia otras instalaciones o especies y si la Autoridad Portuaria destinará la parcela liberada a otro uso industrial o logístico dentro del recinto.
